El Senado de Florida aprobó por unanimidad la ley SB 318, una reforma que introduce nuevos mecanismos de control, seguimiento y estabilidad financiera en el sistema de cupones escolares. La iniciativa busca corregir fallas detectadas por auditorías estatales y reforzar la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos destinados a la educación privada y al aprendizaje en el hogar.

Florida aprueba por unanimidad una reforma en el sistema de cupones escolares

La votación en el Senado se produjo en el inicio de la sesión legislativa anual y concluyó con respaldo total de los legisladores de ambos partidos. El texto legal analizado señalaba la imposibilidad de localizar a decenas de miles de estudiantes por los cuales el estado aún giraba fondos, lo que motivó 38 votos a favor de la ley.

El patrocinador de la iniciativa, el senador Don Gaetz, planteó durante el debate que mantener el esquema vigente sin modificaciones implicaba asumir riesgos financieros y administrativos. Según su exposición, la ausencia de controles adecuados abría la puerta tanto a errores como a posibles abusos en la asignación de recursos educativos.

“Eso representa US$270 millones que pagamos por estudiantes que no podemos ubicar”, señaló, según lo retomado por el medio local WUSF. “Hacer caso omiso de los hallazgos, advertencias y recomendaciones del auditor general y simplemente dejar que las cosas sigan como están sería una negligencia legislativa”, agregó.

Qué cambia la ley SB 318 en los cupones escolares de Florida

Uno de los cambios estructurales de la ley SB 318 es la creación de un sistema de identificación única para cada estudiante beneficiario. El Departamento de Educación de Florida deberá asignar un número individual que permita seguir el recorrido de los fondos asociados a ese alumno, desde su asignación hasta su uso efectivo.

Este mecanismo busca evitar la duplicación de pagos y corregir situaciones en las que un mismo estudiante aparecía registrado en más de un sistema educativo. La norma ordena además el cruce de datos entre los registros de cupones y las listas de asistencia de las escuelas públicas, con el fin de impedir que se financien matrículas inexistentes o simultáneas.

La reforma también establece auditorías anuales obligatorias a las organizaciones encargadas de administrar las becas. Hasta ahora, esos controles se realizaban de manera esporádica. Con la nueva norma, el Auditor General deberá revisar cada año los registros financieros y administrativos, lo que refuerza la supervisión estatal.

Otro eje central de la SB 318 es la regulación más estricta de las cuentas de ahorro educativo, conocidas como ESA. Estas permiten a las familias utilizar fondos públicos para cubrir matrículas, tutorías, materiales y otros gastos autorizados. La ley también fija límites máximos al saldo acumulado.

En respuesta a investigaciones previas que detectaron casos de fraude por montos superiores al millón de dólares, la normativa refuerza los controles sobre el uso de los recursos. Los intereses generados por las cuentas se mantendrán a nombre del estudiante y solo podrán destinarse a gastos educativos permitidos.

Nuevos requisitos para escuelas y proveedores tras la reforma de cupones en Florida

La reforma no se limita a la administración financiera, sino que introduce nuevas obligaciones para las escuelas privadas y los proveedores que participan del sistema de cupones. Entre ellas se incluye:

• La exigencia de revisiones de antecedentes penales de nivel avanzado para propietarios, operadores y prestadores de servicios que utilicen las plataformas de gestión de becas.
• Los estudiantes de determinados grados deberán rendir evaluaciones estandarizadas, ya sean pruebas de referencia nacional o exámenes estatales.
• Las escuelas estarán obligadas a entregar a las familias informes escritos y periódicos sobre el progreso de los estudiantes. La normativa fija una frecuencia mínima trimestral para estos reportes, con el propósito de asegurar un seguimiento continuo del proceso educativo.

La entrada en vigencia de estas modificaciones está prevista para el 1° de julio de 2026. Hasta entonces, las agencias estatales y las organizaciones que gestionan becas deberán adecuar sus sistemas a los nuevos requerimientos.