Marina López Pérez, una madre guatemalteca, fue liberada tras pasar siete meses detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Así fue como regresó a su casa en el condado de Lake, en Illinois, un día antes de Navidad.

Arrestada y llevada a un centro de detención del ICE por meses

De acuerdo con NBC5, la mujer fue arrestada por agentes del ICE en junio de 2025, junto con otras personas, tras recibir un mensaje de texto que le indicaba que se presentara a una cita de registro en una oficina de inmigración en South Loop.

Luego de su detención, fue trasladada a un centro en el condado de Grayson, en Kentucky, donde pasó los siguientes meses.

A fines de diciembre del año pasado, un juez federal en Kentucky ordenó su liberación, después de que un abogado presentara una petición de habeas corpus, en la que se solicita al gobierno federal que explique por qué una persona está detenida.

Un día antes de Navidad, regresó a su casa en el condado de Lake, donde viven sus tres hijos y su esposo.

¿Qué es un habeas corpus?

El Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York explica que el habeas corpus es un procedimiento legal que permite a las personas detenidas por el gobierno impugnar su detención ante un tribunal.

“Si un acusado o un inmigrante detenido considera que el gobierno carece de autoridad legal para detenerlo, puede solicitar a un tribunal que ordene su liberación. Este recurso está disponible tanto para ciudadanos como para no ciudadanos en Estados Unidos”, indican.

Asimismo, señalan que se requiere que un juez tenga físicamente presente al detenido para evaluar la legalidad de su confinamiento. “Es responsabilidad del gobierno demostrar que la detención del individuo es legal y, de no ser así, debe ser liberado”.

En el caso de los migrantes, el Centro precisa que pueden presentar una petición de habeas corpus para argumentar que:

• Se encuentran detenidos sin fundamento legal.
• Retenidos durante un período excesivamente largo.
• Sometidos a condiciones de detención inaceptables.

Cómo funcionó la petición en el caso de Marina López Pérez

El juez federal en Kentucky sostuvo que las mismas normas que autorizan a las autoridades migratorias a detener y deportar a personas que ingresaron ilegalmente al país también exigen que, al momento del arresto, se les entregue una copia o una explicación del motivo de su detención.

“En este caso, los abogados que representan al gobierno federal dijeron que si bien planeaban restablecer la orden de deportación de Marina y deportarla, no podían proporcionar una copia que mostrara que realmente sucedió”, explican.

En la orden de liberación, el juez federal Benjamin Beaton escribió: “El gobierno admite que no tiene registro de por qué se revocó la supervisión (de López) y no hace ningún esfuerzo por explicar por qué ahora está detenida”.

El juez explicó que el gobierno federal reconoció que no cuenta con pruebas de haber revocado formalmente la orden de supervisión de López mientras se tramitaban sus solicitudes de asilo. Admitió que no existe notificación, documentación ni registro de una entrevista que respalde esa decisión.

Al no refutar las acusaciones de que la revocación se hizo sin cumplir los procedimientos, el propio gobierno aceptó que no puede demostrar la legalidad de la detención ni la autoridad legal para mantenerla detenida.

Entró a Estados Unidos con una “orden de supervisión”

López Pérez ingresó a Estados Unidos inicialmente en 2014 y fue expulsada a través de un proceso llamado “deportación acelerada”, según su abogada de inmigración, Cynthia Fernández.

Ocho meses después, regresó con su hijo, cuando intentaban huir de la violencia doméstica sufrida en su país de origen, Guatemala.

De acuerdo con la abogada, el gobierno permitió que su hijo ingresara bajo una solicitud de temor creíble y, debido a que era menor de edad, a López se le permitió ingresar bajo una orden de supervisión que requería que ella realizara registros y cumpliera con los servicios de inmigración.

La abogada argumentó que la mujer ha vivido en el área de Chicago desde 2015 y ha cumplido con los términos del permiso.

Sobre el caso, Fernández precisó que su cliente aún no tiene fecha de audiencia futura en la corte de inmigración y que no han recibido ninguna respuesta a sus preguntas a las autoridades de inmigración.