Sindicalismo: ¿repetir 1984?

El sindicalismo tiene hoy como prioridad convencer y negociar, no amenazar con medidas de fuerza ni paros generales. Al comenzar 2026, enfrenta el último de media docena de proyectos de reforma laboral que los gobiernos intentaron llevar adelante desde el retorno de la democracia en 1983.

El que adquirió mayor trascendencia histórica y política fue el que tuvo lugar a lo largo de 1984. Alfonsín, en su primer año de gobierno y con su popularidad intacta tras haber ganado en primera vuelta por amplio margen, intentó con una estrategia a cargo de su ministro de Trabajo, el ex sindicalista Antonio Mucci, desarticular el poder sindical que había dominado la política argentina en los cuarenta años precedentes, desde el surgimiento en 1945 del peronismo.

El proyecto afectaba al sindicato único por actividad -al que eliminaba- abría el sistema de elecciones gremiales para renovar las dirigencias y limitaba la ley de convenciones colectivas de trabajo. Simultáneamente se avanzaba en un proyecto que quitaba al sindicalismo el control del sistema de obras sociales, estrategia a cargo del ministro de Salud de entonces, Aldo Neri.

El gobierno alfonsinista, con mayoría propia en la Cámara Baja, tuvo el poder suficiente para lograr la media sanción. Lo hizo sin mayores negociaciones y con partidos afines que se sumaron al oficialismo, aunque sus votos no eran necesarios. De allí pasó a la Cámara Alta, donde la relación de fuerzas no era tan favorable al oficialismo. Ni el peronismo ni el radicalismo contaban en el Senado con mayoría. Los proyectos de Alfonsín hasta entonces habían sido aprobados gracias a la posición de seis senadores claves de los partidos provinciales.

En esa época regía la Constitución Nacional sancionada en 1853, que establecía sólo dos senadores por provincia, electos por las legislaturas provinciales y que, de hecho, respondían ambos al gobernador. En este caso, el fiel de la balanza eran los legisladores del Pacto Autonomista-Liberal de Corrientes, el partido Bloquista de San Juan y el Movimiento Popular Neuquino.

El sindicalismo evitó confrontar, consciente de su debilidad política tras la derrota electoral y el desprestigio que tenía en la opinión pública. Optó por concentrarse en la negociación política. La realizaron en base a su astucia y experiencia, concentrándose en los senadores claves que podían definir la votación: captando a dos de los seis de los mencionados partidos provinciales, podían lograr el rechazo del proyecto aprobado en Diputados.

Con precisión y sorpresa para el oficialismo, consiguieron seducir a los dos senadores del Movimiento Popular Neuquino, que históricamente habían estado más cerca del peronismo que del radicalismo. El vuelco de ellos permitió al sindicalismo obtener su primera victoria política antes de que el Gobierno cumpliera un año. Alfonsín aceptó su derrota y cambió a su ministro de Trabajo por un hombre próximo al sindicalismo tradicional. Para el resto de su mandato abandonó el proyecto de desmontar la estructura tradicional del peronismo, articulada alrededor del sindicalismo.

Han pasado casi cuarenta y dos años desde entonces. Los protagonistas han cambiado. Ahora el presidente que encabeza la ofensiva en pos de la reforma laboral ya no es un socialdemócrata con sesgo de centroizquierda, como era en ese momento Alfonsín. Lo es, en cambio, un liberal extremo y reformista, aunque con connotaciones conservadoras. Pero ambos coinciden en un objetivo que ha sido constante en el no peronismo en las últimas ocho décadas: desmontar el poder sindical.

Quedan muy pocos de los dirigentes que hace cuatro décadas atrás protagonizaron esta exitosa estrategia política para el sindicalismo, pero varios de ellos vuelven al protagonismo desde las segundas filas y aconsejan la negociación con el Gobierno. El sindicalismo vuelve -como ha sido su estrategia tradicional- a jugar con un ala negociadora y otra confrontativa, asumiendo que la segunda tiene un rol sólo formal.

Descontando la aprobación del proyecto en la Cámara Baja, donde el oficialismo con alianzas puede articular la mayoría necesaria, el epicentro de la batalla política es el Senado, donde se hace sentir el poder de los gobernadores, claves en este caso para articular mayorías. Consciente de ello, el ministro del Interior, Diego Santilli, desde que asumió el cargo se ha concentrado en el diálogo con los gobernadores, que inevitablemente deriva en negociación.

Hoy la clave de la decisión en la Cámara Alta vuelve a estar en los gobernadores disidentes del peronismo, como los que hoy gobiernan Salta, Catamarca, Tucumán y Misiones, entre otros. El sindicalismo intenta convencerlos de que la derrota de la reforma laboral en el Senado producirá un cambio en la relación de fuerzas que impondrá una política más negociadora para la segunda parte del mandato de Milei. O, como alternativa, lograr que la reforma sea sólo parcial.

Hoy es una estrategia clara y manifiesta. Una derrota no sería sorpresiva para el Gobierno y por esta razón ha puesto todo su esfuerzo político en resolver este problema que trasciende lo laboral. El éxito del oficialismo requerirá una negociación gobernador por gobernador, pero hoy puede ser exitosa sin demasiado costo económico. Los gobernadores claves en este caso tienen presupuestos acotados para la dimensión de sus distritos.

La aprobación en el Senado sería al mismo tiempo la victoria más importante del Gobierno en el terreno político y la prueba de que la negociación es posible y necesaria.