Chihuahua tiene 3,500 millones de dólares en inversión minera paralizada debido a la falta de permisos ambientales y a la incertidumbre regulatoria derivada de la nueva ley minera; entre los proyectos detenidos destacan Cordero, con una inversión de 1,500 millones de dólares, cerca del municipio de Parral, informó la directora de Minería del estado, Rocío Flores Carrillo.
Se suma el proyecto Orisybo con entre 1,100 y 1,200 millones cerca de Guachochi, “y hay otros pequeños que suman 3,500 millones de dólares de inversión”, que de desarrollarse generarían entre 1,000 y 2,500 empleos durante la construcción, y alrededor de 1,000 puestos fijos por proyecto una vez en operación explicó a El Economista.
El proyecto minero Cordero, operado por la empresa canadiense Discovery Silver a través de su filial Minera Titán, es el de mayor avance y envergadura económica entre los que actualmente están detenidos. Se trata de un yacimiento polimetálico con una producción de plata como principal componente, además de oro y otros metales, “iniciaría con 25,000 toneladas día para, en una segunda etapa, duplicar su capacidad a 50,000 toneladas por día”.
Cordero ya concluyó su fase de exploración, un trabajo que, según Flores Carrillo, lleva unos 15 años en el estado y cuenta con las concesiones mineras necesarias; sin embargo, su avance está bloqueado en la fase administrativa federal.
El trámite crítico es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que debe emitir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuyo permiso fue solicitado en el 2023 y, aunque inicialmente se esperaba para finales de 2025, la nueva expectativa es que pudiera salir en este primer trimestre del 2026.
La puesta en marcha del proyecto tiene una alta expectativa en la región. “La verdad es que están muy ansiosos esperando que se acaben de dar los permisos porque significa una muy buena noticia para estas ciudades que tienen esta vocación minera de toda la vida”.
Se estima que la vida útil de la mina sería de aproximadamente 20 años, un periodo que está respaldado por la vigencia de las concesiones ya autorizadas, las cuales son el resultado de más de 13 a 15 años de trabajos previos de exploración en la zona.
Una vez obtenidos todos los permisos ambientales, de agua y operativos, el proyecto minero entraría en fase de construcción que suele durar aproximadamente un año, según explicó Rocío Flores.
“El principal obstáculo tiene que ver con los permisos ambientales”, este estancamiento se agravó desde la publicación de la nueva ley minera del 2023 que aún carece de reglamento, lo que genera incertidumbre jurídica y frena la inversión, dijo en conferencia Virginia Mena, presidenta de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) capítulo Chihuahua.
Acelerar diálogo
En tanto, las autoridades estatales buscan acelerar el diálogo con la Semarnat,“en el caso de Chihuahua, este mes se están buscando las reuniones para ver qué falta, cómo podemos apoyar para que se pueda liberar el permiso más urgente, que es el de Cordero”, señaló Flores. De no desbloquearse pronto estos proyectos, México podría perder la oportunidad para fortalecer su rol en la transición energética y el desarrollo regional, en un momento en que los precios de metales como la plata, el oro y el cobre presentan condiciones favorables.
Chihuahua es uno de los estados mineros más importantes de México, es el cuarto lugar nacional en valor de producción minera, según la Dirección de Minas a octubre del 2025; tiene tercer lugar nacional en plata y zinc, segundo en plomo y cuarto en oro y cobre.
La industria minera contribuye con más de 1% al PIB estatal, con un valor de producción superior a los 45,000 millones de pesos en los primeros 10 meses del 2025. Mantiene 10,819 puestos formales directos.
