Este 20 de enero se cumple el primer año del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Con un enfoque centrado en la aplicación estricta de la ley, el endurecimiento de los controles internos y una expansión sin precedentes de la estructura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las deportaciones volvieron a ubicarse en el centro del debate.

Primer año del segundo mandato de Trump: deportaciones en cifras

Durante los 12 meses comprendidos entre el 20 de enero de 2025 y el 19 de enero de 2026, la administración Trump deportó a unas 540 mil personas, de acuerdo con un análisis de datos federales realizado por The New York Times.

Ese número surge de la combinación de expulsiones ejecutadas dentro del país norteamericano, deportaciones desde la frontera y el programa de “autodeportación” que ofrece incentivos económicos para abandonar voluntariamente el territorio estadounidense.

El dato más relevante es el fuerte aumento de las deportaciones derivadas de arrestos en el interior del país norteamericano, un indicador clave del giro en la estrategia migratoria. En ese período, unas 230 mil personas fueron removidas tras ser detenidas dentro de Estados Unidos, una cifra que ya supera el total acumulado durante los cuatro años completos de la administración Joe Biden.

A ese volumen se sumaron alrededor de 270 mil expulsiones de personas arrestadas en la frontera suroeste, un número menor al de años anteriores debido a la fuerte caída en los cruces irregulares.

Además, cerca de 40.000 personas regresaron a sus países de origen tras inscribirse en un programa de “self-deport” gestionado a través de la aplicación oficial CBP Home.

Qué se considera una deportación y quién la ejecuta

El conteo de deportaciones no responde a una única definición legal y abarca distintas categorías de expulsiones y retornos. Tanto el ICE, responsable de la aplicación de la ley migratoria dentro de Estados Unidos, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), encargada de la frontera, aeropuertos y puntos de ingreso, participan en estos procedimientos.

En el primer año del segundo mandato de Trump, el ICE expulsó directamente a unas 150 mil personas que habían sido arrestadas inicialmente en la frontera, mientras que la CBP removió o negó el ingreso a otras 120 mil. A esto se sumaron alrededor de 70.000 repatriaciones consideradas “otras”, como tripulantes de barcos a quienes no se les permitió desembarcar.

La fuerza del ICE atraviesa una expansión sin precedentes

El aumento de las deportaciones fue acompañado por una expansión histórica del aparato de aplicación de la ley migratoria. Según informó AP, el financiamiento provino del amplio paquete de recortes impositivos y gastos aprobado por el Congreso bajo control republicano, que destinó sumas inéditas al Departamento de Seguridad Nacional.

El ICE, que tradicionalmente contaba con un presupuesto anual cercano a los 10.000 millones de dólares, recibió asignaciones por US$30.000 millones para operaciones y US$45.000 millones para centros de detención.

En pocos meses, el organismo superó su objetivo inicial de contratación y sumó 12.000 nuevos agentes, lo que llevó a casi duplicar su tamaño hasta alcanzar unos 22.000 oficiales.

La legislación también incluyó bonos de contratación de US$50.000. De acuerdo con datos internos citados por AP, el Departamento de Seguridad Nacional ya había comprometido alrededor de US$58.000 millones, con una porción significativa destinada a la construcción del muro fronterizo.