Cuando una tasa se convierte en impuesto encubierto se rompe el federalismo

En los últimos días tomó estado público la creación de la denominada Tasa Eco Turística Municipal en Colonia Wanda, provincia de Misiones. Más allá del nombre atractivo y de los fines nobles declamados, el debate de fondo no es ambiental ni turístico, sino es institucional, constitucional e ideológico.

La Argentina tiene un régimen claro de distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios. En particular la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos establece límites precisos para evitar abusos fiscales, superposiciones tributarias y, sobre todo, inseguridad jurídica para quienes producen, invierten y trabajan.

Una tasa municipal, para ser válida, debe cumplir un requisito básico e ineludible que es estar asociada a una prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio. Cuando ese servicio no existe, cuando no se identifica al contribuyente ni se puede demostrar qué recibe a cambio, la tasa deja de ser tasa y pasa a ser un impuesto encubierto. Eso es exactamente lo que ocurre con la llamada Tasa Eco Turística. Se cobra por el solo hecho de ingresar al municipio con fines turísticos, comerciales o de negocios, sin que exista una contraprestación municipal específica. En los hechos, se grava el ejercicio de actividades económicas, una materia que ya está alcanzada por impuestos nacionales coparticipados como el Impuesto a las Ganancias.

La ley es clara, los municipios no pueden crear tributos locales análogos a impuestos nacionales. No es una interpretación política, es una prohibición legal expresa. En ese sentido La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se pronunció en múltiples oportunidades, desde el histórico fallo Laboratorios Raffo hasta la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ecotasa de Bariloche en 2024.

Defender el federalismo no es permitir que cada municipio cobre lo que quiera, como quiera y a quien quiera. Defender el federalismo es respetar las reglas comunes que garantizan equilibrio, previsibilidad y seguridad jurídica en todo el país. Misiones necesita atraer inversiones, generar empleo y acompañar al sector productivo, no ahogarlo con impuestos disfrazados de tasas. El cuidado del ambiente y el desarrollo turístico son objetivos legítimos, pero deben financiarse dentro del marco de la ley y con instrumentos transparentes. Cuando el Estado cruza esos límites, no solo perjudica a los contribuyentes sino que erosiona la confianza y desalienta la actividad económica atentando contra la inversión y el crecimiento.

Por eso es necesario dar este debate con seriedad y responsabilidad. No se trata de recaudar más, sino de gobernar mejor, buscando bajar los gastos y reducir impuestos de manera de potenciar la actividad económica y el desarrollo genuino.

Diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza Misiones