Luego de que ayer se conociera la renuncia de Paul Starc a la Unidad de Información Financiera (UIF), en el sistema bancario se reavivaron las dudas sobre el futuro de la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal. Algunas entidades temían que el cambio de autoridades demorara o trabara la implementación de la norma. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía afirmaron que la reglamentación ya fue enviada a Presidencia y que su publicación podría concretarse en los próximos días.
La expectativa del Gobierno respecto de la ley está vinculada con el objetivo de fortalecer el mercado de capitales local “con los dólares del colchón” y reducir la dependencia del financiamiento externo.
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En ese sentido, el presidente Javier Milei sostuvo que la norma permitiría disminuir progresivamente la necesidad de recurrir a los mercados internacionales. “A partir de la ley de Inocencia Fiscal, nosotros estamos esperando potenciar y dar crecimiento al mercado de capitales doméstico. Consecuentemente, la necesidad de recurrir a fondos en los mercados externos cada vez va a ser menor”, afirmó ayer en una entrevista con Bloomberg News, al ser consultado sobre la estrategia para afrontar los vencimientos de deuda.
El mandatario agregó que, aun en un escenario adverso, el acceso al financiamiento externo se limitaría al refinanciamiento de pasivos. “En el peor de los casos, lo único que estaríamos yendo a buscar en los mercados internacionales es, básicamente, el rollover”, señaló.
Y completó: “Con el desarrollo del mercado doméstico, nosotros a los mercados les vamos a poder pagar y vamos a poder bajar esa exposición. No es algo que, dada la performance fiscal que tenemos, nos preocupe demasiado”.
La reglamentación de la ley había sido uno de los temas centrales de la reunión entre representantes de los bancos y el Banco Central (BCRA). Desde la autoridad monetaria habían aclarado que la potestad normativa correspondía a la UIF. Starc, según trascendió, mantenía reparos sobre la iniciativa al considerar que podía entrar en conflicto con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En ese marco, desde una entidad señalaron que la salida del titular de la UIF podía retrasar el proceso. “No digo que sea fácil, pero dentro del marco de la ley y con controles ajustados al GAFI, había una oportunidad para oxigenar la economía con recursos de la economía informal”, indicaron. En la misma línea, advirtieron que ya hay más de 20.000 inscriptos en el nuevo régimen del impuesto a las Ganancias y calificaron como “una mala noticia” cualquier demora adicional.
Desde otro banco, en tanto, remarcaron que tenían razón cuando decían que seguía vigente la obligación de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante el depósito de dólares no declarados. Sin embargo, señalaron que ahora el Gobierno no tendría urgencia en acelerar la implementación de la norma, una vez superado el vencimiento de deuda más exigente de enero.
Pese a esas interpretaciones, en el Ministerio de Economía insistieron en que la reglamentación ya se encuentra en la órbita presidencial y descartaron que la renuncia en la UIF implique un freno en su publicación.
La incertidumbre en torno a la implementación de la ley de Inocencia Fiscal se había manifestado a comienzos de enero, cuando representantes de las principales cámaras bancarias se reunieron con autoridades del Banco Central para analizar el alcance de la norma y los criterios operativos. En ese encuentro, el BCRA reiteró que la reglamentación no dependía de la entidad y que la facultad normativa correspondía a la UIF.
Los bancos plantearon entonces la existencia de interpretaciones legales divergentes sobre cómo aplicar la ley y solicitaron avanzar en una mesa de trabajo conjunta con la UIF, el BCRA y otros organismos para unificar criterios. También hubo una polémica previa, a fines de diciembre, luego de que el Banco Nación promoviera públicamente el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero, pese a que la reglamentación aún no estaba vigente, mensaje que luego fue eliminado.

