Acuerdo hídrico reduce la tensión, no los impactos

El reciente acuerdo de México para cumplir con sus compromisos de entrega de agua a Estados Unidos, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, se alcanzó bajo un contexto de presión política y comercial; además, representa un retroceso frente a acuerdos previos y coloca al país en un régimen más estricto para el cumplimiento de sus obligaciones hídricas internacionales, consideraron especialistas consultados por El Economista.

Hugo Rojas, exdirector de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), explicó que la negociación se dio en un entorno marcado por la amenaza de aranceles vinculados al incumplimiento del tratado, lo que obligó a México a cerrar un acuerdo que, en términos generales, calificó como positivo, aunque subrayó que “pudo haber sido mucho peor”.

Recordó que el país arrastraba un déficit del ciclo anterior y detalló que, de no haberse alcanzado el entendimiento anunciado, México habría tenido que entregar en el ciclo un total aproximado de 3,239 millones de metros cúbicos, lo que implicaba un promedio anual cercano a 650 millones de metros cúbicos.

Con el acuerdo, señaló, se mantiene una entrega anual de alrededor de 432 millones de metros cúbicos, correspondiente a un ciclo normal, mientras que el déficit se irá cubriendo conforme a la disponibilidad de agua en el país.

Impacto al campo

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, Francisco Bustamante, descartó afectaciones directas al consumo humano, pues indicó que los volúmenes destinados a la población son reducidos y existen mecanismos para proteger el abasto urbano.

Sin embargo, advirtió que el principal impacto se concentrará en el sector agropecuario. Añadió que un segundo sector afectado será el minero, especialmente en entidades como Chihuahua y Coahuila, debido a su alto consumo de agua, aunque consideró que este impacto podría mitigarse mediante el traslado de operaciones a otras zonas.

Francisco Núñez Escudero, responsable del Sector Agua en la Secretaría de Economía, advirtió que el impacto de la entrega de agua no será uniforme, ya que dependerá de las presas y puntos específicos definidos para cumplir con el compromiso internacional. Subrayó que las realidades productivas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son distintas, tanto en cultivos como en actividades ganaderas, por lo que la decisión de dónde extraer el agua será determinante.

Núñez Escudero señaló que situaciones similares ya se han presentado en otros periodos de sequía, como a inicios de la década de los 2000, cuando fue necesario cumplir con el tratado aún en condiciones hidrológicas más adversas que las actuales.

En ese contexto, explicó que una de las pocas soluciones viables cuando el volumen a entregar supera la disponibilidad real es la implementación de programas de subsidios para que los agricultores reduzcan o suspendan temporalmente la siembra, ya que resulta inviable vigilar de manera directa el consumo de agua en territorios tan extensos.