Grabar a agentes federales durante operativos migratorios se volvió cada vez más común en distintas ciudades de Estados Unidos. En redes sociales circulan videos que registran arrestos, controles de tránsito y acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A la par de esa expansión del registro ciudadano, también crecieron la tensión y un debate legal que hoy enfrenta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con periodistas, activistas y organizaciones de derechos civiles.

El origen de la controversia: grabar a los agentes como acto “ilegal”, según agentes

En los últimos meses, varios videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes del ICE que aseguraban a observadores que es “ilegal” seguirlos o grabar sus acciones durante operativos migratorios.

Según reportes periodísticos de Fox News, algunas de esas personas denunciaron haber sido detenidas únicamente por filmar con sus teléfonos móviles.

El medio informó que, en junio de 2025, el DHS emitió un boletín interno en el que identificó el uso de cámaras, la transmisión en vivo de interacciones con oficiales y la grabación de videos durante protestas como tácticas asociadas al “disturbio civil ilegal” y a potenciales “amenazas”.

Dicho documento, según consta en expedientes judiciales, se convirtió en una pieza central para entender por qué muchos agentes comenzaron a tratar el acto de grabar como una conducta sospechosa o directamente delictiva.

La política del DHS bajo la lupa judicial

El enfoque adoptado por el Departamento de Seguridad Nacional fue llevado a los tribunales. En California, un grupo de periodistas inició una demanda al considerar que el DHS había adoptado una política “ilegal” destinada a suprimir actividades protegidas por la Primera Enmienda.

En esa causa, según explicó Fox News, se acusó directamente a la secretaria del DHS, Kristi Noem, de haber “establecido, sancionado y ratificado” una política que trata la grabación de agentes en espacios públicos como una amenaza que puede ser respondida con fuerza y abordada como un delito.

Un juez federal les dio la razón de manera preliminar. El magistrado Hernan A. Vera sostuvo que los demandantes lograron alegar de forma “plausible y suficiente” que el DHS adoptó una política específica respecto de cómo se debe tratar la grabación de sus agentes.

Además, señaló que esa política aparenta violar la Ley de Procedimiento Administrativo, al no haber sido debidamente reglamentada ni justificada.

La decisión se apoyó también en un consenso judicial previo: todas las Cortes Federales de Apelaciones que abordaron el tema reconocieron que existe un derecho amparado por la Primera Enmienda a grabar la actividad policial en público. Así lo estableció, por ejemplo, un fallo de 2017 del Tercer Circuito, citado en el expediente.

Derechos básicos, más allá del estatus migratorio

El National Immigrant Justice Center (NIJC) remarca un principio central: todas las personas en Estados Unidos tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio. Entre esas protecciones se encuentran garantías constitucionales clave, como el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse frente a agentes de inmigración o de otras fuerzas de seguridad.

Desde esta perspectiva, el registro audiovisual de operativos puede ser una herramienta de protección y rendición de cuentas, siempre que no interfiera con la labor de los agentes ni ponga en riesgo a terceros.

El NIJC insiste en que, ante cualquier encuentro con autoridades, es fundamental mantener la calma, no resistirse y no obstruir una investigación, incluso si se considera que los derechos están siendo vulnerados.

El derecho a filmar: qué dice la NYCLU

En el estado de Nueva York, la Unión de Libertades Civiles (NYCLU) ofrece una de las guías más detalladas sobre el derecho a filmar al ICE y a otras fuerzas federales. Según la organización, cualquier persona —sin importar su situación migratoria o si conoce a quien está siendo arrestado— tiene derecho a grabar a agentes federales en lugares públicos.

La posibilidad de filmar incluye espacios públicos alrededor de tribunales, aunque generalmente no se permite grabar dentro de los edificios judiciales.

El gobierno puede imponer restricciones razonables sobre el tiempo, el lugar y la manera de filmar, pero esas limitaciones no anulan el derecho en sí.

Uno de los puntos más sensibles es la diferencia entre documentar y obstruir. De acuerdo con la NYCLU, se puede grabar un arresto siempre que no se interfiera con la actividad de los agentes.

Aunque el concepto de “interferencia” no está claramente definido, algunas decisiones judiciales sugieren que el derecho a filmar puede limitarse si una persona se acerca demasiado, ignora pedidos razonables de retroceder o utiliza dispositivos —como drones— que se aproximan en exceso a una escena activa.