Reelección bonaerense: el límite que el poder quiere borrar

El oficialismo bonaerense ha vuelto a poner sobre la mesa de debate la reelección indefinida de los intendentes. No es una novedad y, mucho menos, una casualidad. Es, una vez más, la confirmación de la pulsión recurrente de buena parte de la dirigencia por moldear las reglas del juego para adecuarlas a sus propias necesidades de supervivencia política. En una provincia asediada por la inseguridad, el deterioro educativo, el colapso sanitario y la asfixia fiscal de los municipios, el gobierno de Axel Kicillof elige concentrar energías en garantizar la permanencia de los jefes comunales en el poder.

El impulso político para que se beneficien los alcaldes -de todos los partidos y eso explica la escasa resistencia que podrían anteponer no pocos legisladores opositores a la hora de llegar el tema al recinto- se visibiliza con fuerza por estas horas como consecuencia del acuerdo al que Kicillof arribó con el kirchnerismo para presidir él el partido desde el mes próximo en reemplazo de Máximo Kirchner.

Kicillof, cuyo actual segundo mandato consecutivo le impide presentarse por un nuevo período al frente de la provincia, aspira a competir por la Presidencia en 2027. Otorgarles a los intendentes la posibilidad de un mandato más no es gratuito. Necesita acompañamiento y avales para alcanzar su propia meta personal en menos de dos años dentro de un peronismo que, por el momento, no se lo hace fácil.

Los números son contundentes. De no aprobarse esa reelección indefinida, 82 intendentes de la provincia de Buenos Aires no podrán volver a ser candidatos en 2027. Desde las usinas más proclives a cambiar la norma vigente deslizan incluso la posibilidad de una reforma constitucional en la provincia para “modernizarla”. Afortunadamente, no hay por el momento señales de apoyo a semejante intentona que -no hay que descartar- también podría ser utilizada para facilitarle la re-reelección al actual gobernador, que cursa su segundo mandato consecutivo. Bravuconadas de ese tipo ya son harto conocidas en nuestro país.

Una ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal había introducido el límite de dos mandatos consecutivos para jefes comunales, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, con la posibilidad de volver a competir por el cargo luego de un intervalo de cuatro años. Esa norma, apoyada en su momento por el massismo, buscaba poner freno a la lógica de los cargos vitalicios y promover la alternancia, principio elemental de todo sistema republicano.

Sin embargo, la propia política se encargó de vaciarla de contenido. El decreto reglamentario firmado por Vidal en 2019 abrió un resquicio tan oportunista como dañino al espíritu de la ley al computar como primer mandato solo si se habían ejercido más de dos años, lo que habilitó un festival de licencias y renuncias “estratégicas”. Fue así como intendentes de distintos signos políticos burlaron aquella prohibición, acomodando la norma a conveniencia y demostrando que, cuando se trata de perpetuarse, las diferencias partidarias se diluyen.

Lejos de corregir definitivamente ese desvío, la Legislatura volvió a retocar la ley en 2021 con otro artilugio, ya que definió el período que debía considerarse como primero. Aclaró en la nueva norma que el tope era de dos períodos consecutivos “sin importar que el cargo haya sido ejercido total o parcialmente” y dispuso que, en lugar de considerar primer período el transitado desde 2017, como figuraba en la ley original, también se tuviera en cuenta como primero el iniciado en 2019, con lo que algunos intendentes pasaron a desempeñarse por más de los ocho años permitidos de forma continua. Del tramposo artilugio salieron beneficiados tanto candidatos de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio. La violación del espíritu republicano ya no fue una excepción, sino una práctica aceptada.

En ese contexto, la sanción del Senado bonaerense del año pasado en favor de la reelección indefinida de legisladores y cargos locales -caída finalmente- sumó otro salto hacia el deterioro institucional. No solo por el contenido de la iniciativa, sino por la forma. El desempate ejecutado por la vicegobernadora Verónica Magario, sin cumplir el procedimiento que exige el reglamento interno de la Cámara, dejó una media sanción viciada de nulidad y cargada de sospechas. La urgencia no era social, sino corporativa. Magario será, desde el mes próximo, vicepresidenta del PJ provincial. Todo tiene que ver con todo, reza el viejo refrán.

Para aquel momento en que el peronismo bonaerense pensaba imponerse en la Legislatura había quedado fuera de la norma extender el privilegio a los intendentes, procedimiento que Kicillof también les había ratificado a los jefes comunales con vistas, claro está, a lograr algún que otro toma y daca para sus aspiraciones políticas o para buscar algún alivio, por más mínimo que fuera, para su paupérrima gestión como gobernador. No lo logró entonces. Vuelve a batallar ahora.

El argumento es el mismo y tan falaz como siempre. “Es la gente la que elige”. Sin embargo, no hay verdadera libertad electoral cuando quien gobierna controla el aparato, los recursos y las reglas, ni hay democracia sana cuando se naturaliza que una persona administre un municipio como si fuera propio durante décadas. La alternancia no es un capricho, sino un antídoto contra el clientelismo, el nepotismo y la formación y consolidación de feudos.

Gobernar la provincia más grande y compleja del país exige ocuparse de problemas reales y urgentes, no oficiar de gestor de las ambiciones de intendentes que temen competir en igualdad de condiciones. Defender la república implica aceptar límites, incluso -y sobre todo- cuando incomodan al poder. Sin alternancia no hay renovación y sin renovación seguiremos hundiéndonos en el mismo pantano de siempre.