​​​​​​​​​Auditor del pueblo

Acuerpado por los mandos superiores de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo acudió a San Lázaro para formalizar la tercera entrega de la Cuenta Pública 2024, la última de su periodo de ocho años al frente de ese órgano técnico fiscalizador del gasto federalizado, dependiente de la Cámara de Diputados.

Un tono de despedida marcó la ceremonia. El economista oaxaqueño recibió el reconocimiento de la mayoría de los grupos parlamentarios, pero —fiel a su peculiar estilo— quiso responder con ironía una pregunta sagaz, de una reportera que lo inquirió sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿De veras no sabe que es el SNA? ¿Por qué durante ocho años no acudió a las reuniones del órgano de gobierno de esa instancia y al que sí acudieron los titulares de la Fiscalía, la Secretaría Anticorrupción, la Consejería Jurídica y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa?

Ya se verá si Colmenares Páramo accede a participar en el proceso de selección del auditor que cubrirá el periodo 2026-2034 y deberá iniciar su mandato el próximo 15 de marzo. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar impulsa una reforma legislativa que —entre otros aspectos— propone que la reelección del titular de la ASF quede proscrita definitivamente, pues “constituye un incentivo perverso que compromete la independencia que exige la función fiscalizadora”.

Esa modificación aún no está sancionada. La convocatoria al proceso de selección, empero, puede tener otros candados que obstaculizarían la permanencia del auditor. El veto de un amplio sector morenista a su reelección es una determinante.

Ramírez Cuéllar ha propuesto buscar un verdadero auditor del pueblo. Representantes de la sociedad civil han tomado esa bandera y han exigido que el funcionario sea una persona con probidad acreditada, independencia real, solvencia técnica y compromiso democrático.

“La ASF no debe servir, bajo ninguna circunstancia, como instrumento de intereses personales, facciosos o partidista; ni como mecanismo de ataque a adversarios políticos, ni como escudo de protección de prácticas de corrupción, sino como garante imparcial de la legalidad, la eficiencia del gasto público y el interés general”, definió el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, una iniciativa que aglutina a académicos, líderes ciudadanos y exfuncionarios especializados en la materia.

Vania Pérez Mendoza, una de sus voceras y expresidenta del Consejo Ciudadano del SNA, fue una de las principales denunciantes de la ausencia de la ASF en el sistema, lo que “ha contribuido a la falta de consecuencias efectivas, frente a irregularidades graves y a una percepción ciudadana de debilidad institucional”.

Gerardo Lozano Dubernard, por su parte, acusó a Colmenares Páramo de “establecer una dictadura en la institución: él controla todo lo que ahí sucede, sin resistencias ni contrapesos, así lo diseñó porque la ley se lo permitió.

Exauditor especial de cumplimiento de la ASF, Lozano Dubernard está entre los impulsores del Observatorio y de una carta que deberán suscribir los aspirantes al cargo. ¿El primero de los nueve compromisos? Pronunciarse contra la reelección del titular de la ASF. ¿El último? Organizar foros con especialistas en fiscalización superior y la sociedad en general para la identificación de un nuevo marco de actuación que garantice independencia, legalidad, eficacia y transparencia en el funcionamiento de la entidad fiscalizadora.

alberto.aguirre@eleconomista.mx