El 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066. El texto era breve, casi burocrático: autorizaba al Ejército a trazar “zonas militares” y expulsar de ellas a cualquier persona considerada una amenaza, sin acusaciones ni pruebas concretas. No mencionaba a los japoneses ni hablaba de encarcelamiento. Pero esa firma cambió el destino de unas 120.000 personas de ascendencia japonesa, la mayoría ciudadanos estadounidenses.

Habían pasado dos meses desde que los aviones japoneses bombardearon Pearl Harbor. En ese ataque murieron más de 2400 estadounidenses y otros tantos resultaron heridos. Estados Unidos entró en guerra con una mezcla de furia y temor, y con la idea de que el enemigo podía estar más cerca de lo que se imaginaba.

En cuestión de semanas, familias enteras recibieron avisos para abandonar sus casas en California, Washington y Oregón. Vendieron lo que pudieron, cerraron negocios, empacaron lo imprescindible. Pero no todos aceptaron en silencio. Fred Korematsu, un trabajador de 23 años e hijo de inmigrantes japoneses decidió quedarse en su ciudad. Su caso llegó a la Corte Suprema y terminó en un fallo que, con el tiempo, sería reconocido como uno de los errores más graves en la historia del tribunal. Esta es su historia.

Un ciudadano estadounidense

Fred Korematsu nació en Oakland, California, en 1919. Era el tercer hijo de inmigrantes japoneses que habían llegado unos años antes, como tantos otros, buscando trabajo y una vida estable.

Entre 1861 y 1940, unos 275.000 japoneses emigraron a Hawái y a Estados Unidos. Muchos comenzaron trabajando en plantaciones o como agricultores, pescadores y comerciantes. Con el tiempo, lograron establecerse y construir negocios propios. En 1940, aunque controlaban menos del 4 % de las tierras agrícolas de California, producían más del 10 % del valor agrícola del estado.

El padre de Fred tenía un pequeño vivero y él paso su infancia como cualquier chico estadounidense: fue a la escuela pública, hizo amigos, jugó al tenis e hizo natación, trabajó y tenía proyectos.

Como muchos hijos de inmigrantes japoneses nacidos en Estados Unidos (los llamados Nisei), adoptó un nombre inglés durante su infancia. En su caso, fue un maestro de la primaria quien le sugirió usar un nombre más fácil de pronunciar, y desde entonces lo llamaron “Fred”.

Su vida transcurrió sin sobresaltos. Pero después de diciembre de 1941 y el ataque de Pearl Harbor la situación cambió.

El clima el país empezó a cambiar. Primero fueron las miradas que se detenían un segundo más de lo normal. Comentarios en voz baja. Luego, aparecieron las sospechas. Y después, las órdenes.

Los diarios hablaban de espionaje y traición. Los militares advertían que la costa oeste podía estar en peligro. No importaba que no existieran pruebas de sabotaje por parte de los japoneses estadounidenses. Tampoco que muchos de ellos nunca hubieran pisado Japón. Su origen, por sí solo, se convirtió en motivo de desconfianza.

El encierro

En la primavera de 1942, empezaron a aparecer carteles pegados postes de teléfono y paredes. Eran avisos impresos por el Ejército. El mensaje era claro: todas las personas de ascendencia japonesa debían presentarse para ser evacuadas. Tenían pocos días para abandonar sus hogares, sus trabajos... sus vidas.

Entre marzo y mayo de ese año, unas 120.000 personas fueron expulsadas de sus hogares y enviadas a centros de detención y campos vigilados. Dos de cada tres habían nacido en los Estados Unidos. Primero las trasladaron a centros provisorios. Después, a campos ubicados en zonas aisladas: Arizona, Wyoming, Colorado, Idaho, Utah, Arkansas.

Los campos estaban rodeados de alambre de púas. Desde las torres, los guardias vigilaban los movimientos. Las familias vivían en barracas de madera construidas con apuro, con paredes finas que no frenaban ni el calor ni el frío. En verano, el polvo se metía en todas partes. En invierno, el frío se filtraba por las rendijas. Los baños y comedores eran compartidos. A cada persona le daban lo básico: un catre, un colchón de paja, unas mantas.

Con el tiempo, algunos intentaron hacer esos espacios un poco más “familiares”. Colgaron cortinas, taparon grietas, plantaron pequeños jardines. Gestos mínimos como una manera de tener algo de normalidad. Pero nada podía ocultar lo evidente: no estaban ahí por elección.

Si bien no eran cárceles en el sentido formal, no había condenas ni juicios, tampoco podían irse. Estaban ahí porque el país decidió que ya no eran del todo confiables.

La decisión: no obedecer

Cuando Fred leyó el aviso, entendió lo que implicaba. Si obedecía, lo enviarían a un campo. Perdería su libertad sin haber hecho nada malo.

En ese momento, el joven estaba de novio con Ida Boitano. La pareja habló de irse juntos, de escapar a Nevada, fuera de la zona de exclusión. Era una idea desesperada, pero era una posibilidad. Ida dudó. Su vida estaba en California, su familia, su trabajo. Irse no era tan simple.

Por eso, le mostró un anuncio de un cirujano plástico en San Francisco. Tal vez, si cambiaba su apariencia, podría pasar desapercibido. Tal vez, si su rostro cambiaba, nadie lo señalaría. Fred se aferró a esa idea. Fue a ver al cirujano, pagó 300 dólares por la operación. Pero no funcionó. Cuando volvió, quienes lo conocían lo reconocieron enseguida. Nada había cambiado realmente. Años después, diría que la idea fue “una estupidez”.

Mientras el tiempo pasaba, la familia de Fred decidió cumplir la orden del gobierno. Vendieron lo que pudieron y empacar el resto en pocas valijas. Se convirtieron en la familia número 21538.

Fred no se sumó a su familia y decidió ignorar la orden.

El arresto

Fred siguió con su vida en Oakland intentando pasar desapercibido. No cruzó la frontera ni se escondió en otro estado. Se quedó en el mismo lugar donde había nacido, en las mismas calles que conocía desde chico.

Pensó que su nombre podía delatarlo por eso eligió otro. Empezó a presentarse como Clyde Sarah. Sintió que era un nombre común y que no lo identificaba como japonés. Durante un tiempo, trató de vivir así, como si fuera otra persona.

Pero no fue suficiente. El 30 de mayo de 1942 la policía lo detuvo y lo acusó de violar la orden que obligaba a todas las personas de ascendencia japonesa a abandonar la zona. No lo acusaron de espionaje ni sabotaje. Solo de quedarse.

Su arresto llamó la atención de Ernest Besig, un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). La organización llevaba tiempo buscando un caso que permitiera cuestionar ante los tribunales la legalidad de la exclusión forzada de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa y la situación de Fred reunía todos los elementos: era ciudadano estadounidense, no había sido acusado de espionaje ni de ningún otro delito, y aun así había sido arrestado por permanecer en su propia ciudad.

El juicio fue breve, el 8 de septiembre de 1942 un tribunal federal en San Francisco lo condenó por violar la orden militar. No se lo acusó de espionaje ni sabotaje. Solo de permanecer en la zona prohibida. Por su parte, el argumento legal del abogado defensor era rotundo: el gobierno no podía encarcelar a ciudadanos solo por su origen.

Tras la condena, Besig le propuso a Fred apelar la decisión. Le explicó que el proceso podía ser largo y que no había garantías de éxito. Fred aceptó. Años más tarde, recordaría su decisión: “Sentí que tenía que defender mis derechos, yo era ciudadano estadounidense”.

Mientras el proceso judicial avanzaba, Fred fue enviado al centro de detención Tanforan Assembly Center, en California, un antiguo hipódromo. Allí, las familias vivían en antiguos establos para caballos, adaptados de manera precaria para alojar personas. Meses después lo trasladaron al campo de Topaz, en Utah, un lugar más aislado.

El abogado apeló la condena ante el Tribunal de Apelaciones, que la confirmó y entonces el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Cuando se trató el caso en Washington, Fred no pudo estar presente, estaba encerrado en el campo así que su abogado habló por él. La pregunta era simple y enorme al mismo tiempo: ¿podía un país encarcelar a sus propios ciudadanos sin acusarlos de ningún delito? El gobierno mantuvo su posición.

El 18 de diciembre de 1944, la Corte decidió. Por seis votos contra tres, falló en su contra. “No podemos rechazar como infundado el juicio de las autoridades militares”, dijo el tribunal, que calificó el encarcelamiento como una “necesidad militar”. También negó que Fred hubiera sido excluido por hostilidad hacia él o su raza.

Pero no todos los jueces estuvieron de acuerdo. El juez Owen Josephus Roberts, en su voto en disenso dijo que en el caso “condenaba a un ciudadano… basado en su ascendencia, y únicamente por su ascendencia“. Por su parte, el juez Frank Murphy, también en disenso, fue más directo: “Esta exclusión… cae en el feo abismo del racismo". El juez Robert H. Jackson advirtió que la Corte estaba creando un precedente peligroso que podía justificar futuras violaciones de derechos.

Fred Korematsu perdió. Años más tarde, recordaría ese momento: “Nunca voy a olvidar que mi propio gobierno me trató de esa manera”.

Durante décadas, ese fallo quedó en pie. Pero la historia todavía no había terminado.

La liberación

En 1945, cuando la guerra terminó el gobierno comenzó a cerrar los campos. El último, Topaz, en Utah, donde estaba Fred, el 31 de octubre de ese año.

Más de 120.000 personas fueron liberadas. No recibieron indemnización ni recuperaron lo que habían perdido. El gobierno les dio un boleto de tren y 25 dólares para empezar de nuevo.

Muchos regresaron a la Costa Oeste. Algunos encontraron sus casas vendidas. Otros descubrieron que sus negocios ya no existían. Durante los años de exclusión, habían perdido tierras, ahorros y fuentes de ingreso. Las pérdidas económicas ascendieron a miles de millones de dólares, según una comisión creada por el Congreso en la década de 1980.

Fred también salió del campo y volvió a California. Pero la condena seguía en sus antecedentes, legalmente, seguía siendo culpable.

De vuelta en su hogar, Fred consiguió trabajo y formó una familia. Llevó una vida tranquila y durante años, habló poco de lo que había pasado.

La verdad

Pasaron casi cuarenta años, hasta que en 1980, el presidente Jimmy Carter nombró una comisión especial para iniciar una revisión federal de los hechos y circunstancias en torno al encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

En ese contexto, un grupo de investigadores encontró algo inesperado en los archivos de Washington. Documentos oficiales e informes internos que demostraban que, incluso en 1942, el propio gobierno sabía que no existía evidencia de que los japoneses estadounidenses representaran una amenaza militar. Pero esa información había sido ocultada a la justicia.

Una de las investigadoras que halló los documentos, Aiko Herzig-Yoshinaga diría después: “Supe inmediatamente lo importante que era”.

Fue entonces cuando el caso de Fred volvió a abrirse. Y esta vez, la historia tuvo otro desenlace. El 10 de noviembre de 1983, en un tribunal federal de San Francisco, la jueza Marilyn Hall Patel concluyó que el gobierno había ocultado deliberadamente pruebas clave durante el juicio y decidió anular la condena de Fred.

“En mi caso, según la decisión de la Corte Suprema, ser ciudadano estadounidense no era suficiente. También había que parecerlo. De lo contrario, decían que no podían distinguir entre un ciudadano leal y uno desleal. Siempre creí que esa decisión fue equivocada, y todavía lo creo. Mientras mi condena siga registrada en un tribunal federal, cualquier ciudadano estadounidense puede ser encarcelado o enviado a un campo sin juicio ni audiencia, simplemente por parecer el enemigo. Por eso, me gustaría que el gobierno admitiera que se equivocó y hiciera algo para que esto no vuelva a sucederle a ningún ciudadano, sin importar su raza, su origen o sus creencias”, dijo Fred ante la jueza.

En su decisión, la jueza dejó una advertencia: incluso en tiempos de guerra, el país debía mantenerse vigilante para proteger los derechos constitucionales de sus ciudadanos.

Por primera vez desde 1942, Fred dejaba de ser culpable ante la ley. Tenía 63 años.

La reivindicación

Después de cuarenta años, la condena que lo había acompañado durante toda su vida ya no existía. “Estoy feliz de que mi nombre haya sido limpiado”, dijo horas después de conocerse la decisión.

Si bien el fallo de la Corte Suprema en Korematsu v. United States nunca fue formalmente anulado quedó desacreditado, porque se demostró que el gobierno había actuado de manera engañosa.

Cinco años después, el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas oficialmente. El Congreso aprobó la Civil Liberties Act, una ley que reconocía que el confinamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial había sido una injusticia. El presidente Ronald Reagan la firmó el 10 de agosto de 1988. Cada sobreviviente recibió una carta de disculpa firmada por el propio presidente y una compensación económica simbólica de 20.000 dólares.

En 1998, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton le otorgó a Fred la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de Estados Unidos. Fue un reconocimiento extraordinario: el mismo país que lo había arrestado y condenado, ahora lo honraba como un defensor de los derechos civiles.

“A lo largo de nuestra historia, hemos cometido errores. Pero debemos tener el coraje de enfrentarlos”, dijo entonces Clinton.

El 30 de marzo de 2005, a los 86 años, Fred falleció a causa de una insuficiencia respiratoria.

En su honor y para preservar su legado, en 2009, su hija, Karen Korematsu, fundó el Fred T. Korematsu Institute for Civil Rights and Education, que promueve la educación de los derechos civiles. En 2010, el estado de California aprobó una ley que estableció el Día de Fred Korematsu, celebrado cada 30 de enero en conmemoración de su nacimiento.

Fred dejó una reflexión que resume el valor de alzar la voz frente a la discriminación: “Para que cosas como esta nunca vuelvan a suceder, tenemos que protestar. Protestar, pero no con violencia. De lo contrario, no te escucharán. Así que no tengas miedo de alzar la voz”.