La administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos para revisar y, en determinados casos, revocar la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización. La medida se enmarca dentro de su agenda migratoria más amplia, orientada a reforzar los controles y reducir la inmigración en Estados Unidos.
En los últimos meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ha reasignado personal especializado en desnaturalización a distintas oficinas del país, según NBC News.
De acuerdo con The New York Times, que consignó que tuvo acceso a una guía interna de la administración Trump dirigida al Uscis, el objetivo es priorizar la revisión de expedientes con posibles irregularidades, bajo una cuota mensual estimada de entre 100 y 200 casos.
Históricamente, los procesos de desnaturalización han sido poco frecuentes y generalmente involucran situaciones donde se comprobó fraude, ocultamiento de antecedentes penales o violaciones graves a los derechos humanos durante el proceso migratorio.
Durante el primer mandato de Trump, se presentaron poco más de un centenar de casos de este tipo en cuatro años, por lo que el nuevo ritmo representaría un aumento considerable.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia del DHS que incluye mayores operativos de deportación, revisión de visas y endurecimiento de controles migratorios.
Según voceros del Uscis, la agencia revisa expedientes cuando existe evidencia creíble de que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o tergiversación de información relevante. En esos casos, el gobierno puede iniciar un proceso judicial de desnaturalización ante una corte federal.
Entre los supuestos que pueden activar una investigación se encuentran:
Expertos señalan que la desnaturalización no es automática, es decir, requiere un proceso judicial y una carga probatoria elevada por parte del gobierno.
En declaraciones previas, el presidente Trump expresó su intención de explorar mecanismos para ampliar la facultad del Ejecutivo en materia de ciudadanía, incluyendo cuestionamientos a la ciudadanía por derecho de nacimiento, principio contemplado en la Constitución estadounidense.
“Si tuviera el poder para hacerlo, no estoy seguro de poder, pero si lo tuviera, desnaturalizaría, sin duda. Ya tenemos suficientes problemas. No queremos a esa gente”, dijo en su momento a la CBS.
Sin embargo, cualquier cambio en ese ámbito enfrentaría importantes desafíos legales y constitucionales, ya que la Enmienda 14 garantiza la ciudadanía a las personas nacidas en territorio estadounidense.
Según datos oficiales del DHS, aproximadamente 800 mil personas se naturalizan cada año en EE.UU. Para obtener la ciudadanía, los solicitantes deben ser mayores de 18 años, contar con residencia permanente legal, demostrar dominio básico del inglés, aprobar un examen de educación cívica y acreditar buena conducta moral.
El debate continúa tanto en el ámbito político como judicial, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes advierten sobre el impacto que estas medidas podrían tener en comunidades naturalizadas.

