Perspectivas del crecimiento de la educación superior

“Más vale aprender tarde que nunca”. Publilio Siro.

La discusión sobre el futuro de la educación superior en México suele plantearse en términos normativos, pero al revisar los datos comparativos y las cifras oficiales, el diagnóstico es menos ideológico y más estructural.

México mantiene un rezago significativo en el desarrollo del capital humano avanzado. De acuerdo con la OCDE en Education at a Glance 2024, únicamente el 22% de los jóvenes de 25 a 34 años en el país cuenta con educación superior concluida, frente a un promedio de 47% en los países miembros. En el caso del posgrado, la proporción ronda el 2 % en México frente a 16% en la OCDE. No se trata de una diferencia marginal, sino de una brecha que condiciona la productividad, la innovación y el crecimiento a largo plazo.

El rezago no es sólo de acceso, sino también de trayectoria. Según la misma publicación de la OCDE, poco más de la mitad de quienes ingresan a la licenciatura logra graduarse en tiempo o poco después. Aun cuando México transita gradualmente pero aceleradamente hacia un envejecimiento poblacional, como muestran las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), durante las próximas dos o tres décadas el país seguirá teniendo cohortes amplias en edad universitaria y el crecimiento de la demanda dependerá no solo de la demografía, sino también del cierre de la brecha histórica de cobertura.

El desafío radica en que la expansión necesaria enfrenta restricciones fiscales evidentes. La OCDE (2024) estima que México invierte alrededor de 4,400 dólares anuales por estudiante de educación superior, menos de un tercio del promedio del organismo, que asciende a 15,000 dólares. En paralelo, los informes fiscales recientes del Banco Mundial (2023) subrayan que el espacio presupuestario en economías emergentes se encuentra presionado por el crecimiento del gasto en pensiones, salud y servicio de la deuda. En ese contexto, una expansión pública masiva y sostenida del sistema universitario resulta financieramente compleja.

Los datos administrativos ya muestran una transformación gradual en la composición del sistema. La proporción de matrícula en instituciones públicas, históricamente superior al 65%, se ha reducido en años recientes a niveles cercanos al 60%, según cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública citadas en el documento base. El caso de la UNAM es ilustrativo: la institución admite a una fracción reducida de quienes presentan examen de ingreso. La demanda existe; la oferta pública es estructuralmente limitada.

A esta presión estructural se suma un cambio relevante en la capacidad de gasto de los hogares de menores ingresos. Desde 2018, el salario mínimo ha registrado incrementos reales acumulados significativos, como lo documenta la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2024).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la proporción de trabajadores vinculados directamente al salario mínimo o a rangos cercanos a él ha aumentado considerablemente en los últimos años. Paralelamente, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2022, INEGI) confirma un crecimiento del ingreso corriente disponible en los deciles más bajos, impulsado tanto por incrementos salariales como por transferencias monetarias federales.

Este aumento del ingreso disponible no se traduce únicamente en un mayor consumo inmediato, sino que también modifica las decisiones intertemporales. La educación superior aparece para muchos hogares de deciles medios y medios-bajos como una inversión con rendimientos tangibles. Estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2023), con base en ENOE y ENIGH, muestran que un profesionista percibe, en promedio, alrededor de 85% más que una persona con sólo bachillerato, además de presentar tasas de formalidad sustancialmente mayores. En un mercado laboral donde la informalidad limita los ingresos y la protección social, la universidad continúa siendo uno de los mecanismos más efectivos de movilidad intergeneracional.

El acceso, sin embargo, sigue fuertemente condicionado por el origen educativo familiar, como documenta la propia OCDE (2024). Para hogares sin tradición universitaria, competir en un sistema público altamente selectivo conlleva barreras adicionales. En ese contexto, la oferta privada con colegiaturas accesibles se convierte en una alternativa viable.

La convergencia hacia estándares internacionales de cobertura requerirá ampliar significativamente la matrícula total. Las fuerzas demográficas asegurarán una presión sostenida durante al menos dos décadas más; las restricciones fiscales limitarán la expansión pública al ritmo necesario; y el incremento real del ingreso disponible en segmentos tradicionalmente excluidos ampliará la demanda potencial.

Si México aspira a cerrar su brecha de capital humano, el sector privado de educación superior dejará de ser un complemento marginal y se consolidará como un componente estructural del sistema. Ignorar esta interacción entre demografía, finanzas públicas e incentivos económicos sería desconocer la evidencia disponible.