En una reunión celebrada el martes, la Cámara de Representantes de Florida dio marcha atrás su propuesta para impedir el uso del Fondo de Preparación y Respuesta a Emergencias en la aplicación de las leyes de inmigración. Para esto, agregó una enmienda que permitiría que la financiación se extienda a operativos migratorios y medidas similares con ciertas condiciones.
La semana pasada, la Cámara había presentado una propuesta con el fin de limitar el uso del fondo a “emergencias naturales” como tornados, huracanes o inundaciones. Esto prohibía su aplicación para leyes migratorias y la compra de aeronaves, barcos o vehículos motorizados.
La adición, presentada el mismo día en el que los fondos iban a vencer, impondría la condición de que la Comisión de Presupuesto Legislativo revise cuando el uso de fondos se extienda a desastres tecnológicos o provocados por el hombre. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Danny Pérez, indicó que en esta categoría entrarían las operaciones migratorias.
“La División de Gestión de Emergencias podrá usar fondos para la inmigración ilegal. Tendrán los recursos necesarios para seguir combatiéndola", sostuvo Pérez, citado por Florida Phoenix.
Luego, el republicano reparó en que quiere asegurarse de que los desastres naturales tengan prioridad en la asignación del dinero. Esto ocurre a pocos meses del inicio de la temporada de huracanes en la región, que se extiende del 1° de junio al 30 de noviembre.
Aunque permite la utilización del dinero en operativos migratorios, la enmienda a la HB 5503 impide que la administración DeSantis desvíe fondos para financiar aeronaves, embarcaciones o vehículos motorizados.
Desde la creación del fondo en 2022, el gobierno de Florida utilizó el dinero en reiteradas ocasiones para detener migrantes. En 2023, DeSantis declaró el estado de emergencia por inmigración ilegal, y lo renovó cada 60 días (20 veces) para poder desviar la financiación.
A principios de febrero, una investigación de la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés) informó que el gobernador gastó US$573 millones en actividades de control migratorio. Esto incluye US$405 millones en los últimos seis meses.
En total, los gastos por la construcción de los centros de detención y otras inversiones se organizaron de la siguiente manera:
A pesar de que los legisladores agregaron una enmienda, el fondo llegó a su vencimiento y expiró debido a que no se aprobó una extensión. Ahora, las autoridades enfrentan una carrera a contrarreloj para poder volver atrás con la medida.
Por el momento, el dinero volverá a los ingresos generales, según consignó el Florida Phoenix. Esto impedirá a DeSantis gastar el dinero en la aplicación de las leyes migratorias mientras continúe vigente, aunque tampoco le permitirá abordar otras cuestiones como la respuesta a catástrofes naturales.
Si la Legislatura estatal aprueba un nuevo acuerdo, el fondo se podrá restaurar. Para esto, los demócratas y republicanos de Tallahassee deberán encontrar un punto medio que cumpla con la mayoría de sus exigencias.

