“Camino erróneo”: reparos de una entidad del campo a un punto sensible del acuerdo con Estados Unidos

Luego de que el Gobierno firmara el acuerdo comercial con Estados Unidos, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó una fuerte preocupación por uno de los puntos vinculados a la propiedad intelectual en semillas. La entidad rechazó la eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91 y pidió avanzar en una nueva ley de semillas, pero dentro del marco de UPOV 78.

En un comunicado titulado “Nueva Ley de Semillas sí, pero con equilibrio”, la entidad rural sostuvo que, si bien celebra el acuerdo por considerarlo “un paso positivo hacia una mayor integración y apertura comercial”, surgen “preocupaciones respecto de los compromisos asumidos por el Gobierno en relación con una eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91”.

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“Consideramos necesario expresar con claridad nuestra posición institucional”, remarcó la entidad. Recordó que la Argentina es miembro de UPOV 78 desde hace más de cuatro décadas.

Según indicó, “este marco permitió el desarrollo del mejoramiento genético, la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, resguardó un principio esencial para el productor agropecuario: el uso propio”.

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En esa línea, la entidad señaló que “bajo este esquema [UPOV78], países como Brasil y Paraguay incrementaron significativamente su producción de soja, demostrando que es posible combinar innovación y crecimiento dentro de ese marco normativo”.

El rechazo a UPOV 91 fue explícito. “La adhesión a UPOV 91 es el camino erróneo y no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina”, afirmó Carbap en el documento.

La entidad advirtió que “el Acta 1991 restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta”.

En ese contexto, fijó su postura: “Es necesario y posible actualizar la legislación vigente, fortaleciendo la protección a los obtentores dentro del marco de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, y aumentando la transparencia del sistema, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva argentina”.

En diálogo con LA NACION, Pablo Ginestet, secretario de Carbap, profundizó la preocupación. “Claramente, hay una gran preocupación por los compromisos asumidos en el acuerdo con Estados Unidos en el tema de la propiedad intelectual y en lo que refiere prácticamente a semillas y al tema de patentar seres vivos como plantas”, señaló.

“Creemos que no es necesario adherir a UPOV 91. Tanto Brasil como Paraguay, que son nuestros principales competidores en el tema de la soja en el Mercosur, están en UPOV 78”, sostuvo. Según explicó, “con hacer algunas modificaciones a la legislación actual, tranquilamente se puede subsanar cualquier deficiencia hoy que haya en lo que es la protección de los derechos de los obtentores”.

Y agregó: “No hace falta ir a un esquema de UPOV 91, donde los derechos al obtentor se extienden más allá de la semilla y empiezan a generar un montón de problemas en el futuro”.

Para la entidad, el debate no debe plantearse como una confrontación entre innovación y producción. “La Argentina ya cuenta con una base productiva sólida, con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas. El problema no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado”, afirmó el comunicado.

Ginestet aportó datos para respaldar esa posición. “Hoy, en el caso de soja y trigo, los productores declaran en el SISA -sistema de información agrícola oficial- alrededor de 20 millones de hectáreas por año; se informan las variedades, las cuales el 70% son variedades de los últimos 10, 12 años. Por lo que realmente los productores van cambiando la tecnología”, indicó.

Para el dirigente, a partir de ese mismo sistema se podría empezar a pensar “un sistema de algún cobro de royalty, de regalías, que permita a los productores mantener cierta potestad de seguir haciendo uso propio y también algún uso propio que sea oneroso”.

En paralelo, cuestionó el funcionamiento actual del esquema privado. “Simplificar todo lo que es el sistema Sembrá Evolución, que hoy está trayendo muchos problemas a los productores, son contratos que hay que firmar, que tienen cláusulas muy leoninas, y que los productores muchas veces firman sin leer detalladamente, y después vienen los reclamos”, advirtió.

Más allá del debate sobre semillas, Carbap puso el foco en otro punto estructural. “Resulta imprescindible abordar el verdadero obstáculo estructural que hoy limita el crecimiento del sector: los derechos de exportación (DEX). Mientras persista esta carga, que actúa como el principal tapón al aumento de la producción y la inversión, cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará inevitablemente condicionada”, afirmó la entidad.

Ginestet recordó las declaraciones de hace un tiempo de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien dejó entrever que las retenciones no eran la causa principal del estancamiento productivo agrícola argentino frente a Brasil. “Es claramente una mentira. El problema más grande son los DEX, que básicamente afecta a la inversión en tecnología, no solo en semillas, sino fertilizantes, fungicidas, riego, etc.”.

Carbap reafirmó que “cualquier modificación normativa debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no impuestas por compromisos externos”.

“Las reglas que afectan la base tecnológica del agro no pueden definirse sin consenso. La Argentina necesita más innovación, inversión y producción. Pero también necesita acuerdos inteligentes que respeten su realidad productiva y fortalezcan su competitividad”, concluyó la entidad.