COMODORO RIVADAVIA.− La investigación judicial por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que perdió la vida durante una práctica de buceo en Puerto Madryn, avanza con el análisis de testimonios de quienes participaron de esa inmersión, además del estudio de manuales técnicos y normativas de seguridad que regulan esta actividad.

El caso generó fuerte impacto en Chubut y a nivel nacional, y abrió un debate dentro del ámbito del buceo deportivo sobre las condiciones en las que se desarrollan las prácticas de formación y el accionar de los instructores en situaciones críticas bajo el agua.

El cuerpo de la joven fue encontrado el miércoles 18 de febrero por personal de la Prefectura Naval Argentina en la popa del pesquero chino Hu Shun Yu 809, un barco hundido hace aproximadamente una década con el objetivo de generar un arrecife artificial y que, con el tiempo, se transformó en uno de los puntos de inmersión más conocidos de la zona.

El hallazgo se produjo en aguas del Golfo Nuevo, frente a la zona de Punta Cuevas, durante un rastrillaje realizado cerca de ese mediodía, después de 48 horas de búsqueda. La alerta por la desaparición de la joven había sucedido el lunes 16 de ese mes, instantes después de que todo el contingente que había bajado a hacer buceo lograra volver a la embarcación que los había transportado.

El buque Hu Shun Yu 809 se encuentra a unos 20 metros de profundidad, dependiendo de la marea, y suele ser visitado por buzos con certificaciones avanzadas o en instancias de formación más exigentes.

De acuerdo con los datos reunidos por los investigadores, Devries había sido vista por última vez el lunes 16 de febrero mientras realizaba una inmersión como parte de un proceso de certificación internacional de buceo.

La práctica que terminó en tragedia

En las primeras horas posteriores a su desaparición trascendió que la joven participaba de un “bautismo de buceo”, una experiencia inicial destinada a principiantes. Sin embargo, esa versión fue descartada a medida que avanzó la investigación.

Fuentes judiciales indicaron que el grupo había realizado el día anterior el curso de Open Water, una certificación básica que habilita a los buzos a descender hasta los 18 metros de profundidad dentro del sistema de formación de la Professional Association of Diving Instructors (PADI).

“El día anterior hacen el curso de Open Water hasta 18 metros. Bajan cinco o seis personas y con eso quedan habilitados. Luego les ofrecen hacer al día siguiente el segundo curso, que permite llegar hasta los 30 metros”, explicaron fuentes vinculadas con la investigación. Esa segunda instancia fue la que Devries decidió realizar junto a otros integrantes del grupo.Los testimonios recolectados tras la muerte de la joven comenzaron a reconstruir la secuencia de la inmersión. Según las primeras declaraciones, el grupo estaba integrado por cuatro personas que descendían acompañadas por instructores.

Uno de los participantes —quien sería la pareja de la joven— tuvo dificultades para bajar por problemas para compensar la presión en los oídos, una maniobra habitual que los buzos realizan a medida que descienden.

“Le costaba bajar porque tenía problemas para compensar. Es una maniobra que se hace cada pocos metros y a él le estaba resultando difícil”, indicaron desde la investigación.

En ese momento, Devries ya se encontraba a mayor profundidad junto a un instructor de la escuela Freediving Patagonia, identificado como Alejandro Andrés, sobre quien ahora se centra parte del análisis judicial.

Mientras tanto, los otros integrantes del grupo comenzaron a ascender, por lo que la joven quedó en la zona más profunda con el instructor mientras su pareja descendía lentamente.

La crisis bajo el agua

Según los testimonios citados en la causa, en ese contexto el instructor habría indicado mediante señas que tenía un problema con su chaleco compensador y que debía ascender a la superficie.

En ese momento se produjo la situación crítica que derivó en la tragedia. Cuando el instructor inició el ascenso, Devries quedó en el fondo mientras su pareja todavía estaba descendiendo.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la Fiscalía, la joven habría entrado en pánico.

“Empieza a desesperarse, tiene una crisis y se saca el regulador para intentar respirar”, explicaron fuentes del caso.

El joven intentó asistirla. Primero trató de ofrecerle su propio regulador y luego intentó inflarle el chaleco compensador para que ambos pudieran subir a la superficie. Sin embargo, en medio de la maniobra la joven se habría soltado. Con el chaleco inflado, su pareja terminó ascendiendo y ya no pudo volver a descender para asistirla.

La responsabilidad del instructor, bajo análisis

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si el instructor actuó de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de prácticas.

La discusión técnica gira en torno a si, al detectar un problema con su propio equipo, debió ordenar que todo el grupo ascendiera junto a él en lugar de subir solo a la superficie. “Lo que se investiga es si al tener ese problema debió decir ‘subimos todos’ y no dejarla abajo. Esa es la discusión técnica”, indicaron fuentes judiciales.

Para avanzar en esa evaluación, la fiscalía solicitó los manuales de la PADI y también las normativas vigentes de la Prefectura Naval relacionadas con actividades de buceo.

Los investigadores buscan determinar si existe una regla explícita que obligue al instructor a no abandonar a los buzos durante una inmersión o si la situación podría considerarse parte de los riesgos propios de una actividad catalogada como deporte extremo.

“Todos opinan que no debería haberla dejado sola, pero lo que se está analizando es si esa obligación está escrita en alguna normativa y si, aun estando abajo, se podría haber evitado el desenlace”, explicaron desde la investigación.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis técnico para establecer si hubo responsabilidades penales o administrativas en la muerte de la joven.

El testimonio del dueño de la agencia de buceo

En medio de la conmoción generada por el caso, el titular de la escuela de buceo Freediving Patagonia, Alejandro Andrés, decidió hablar públicamente por primera vez y difundió un mensaje en redes sociales en el que expresó el impacto personal que le dejó la tragedia.

“Lo que sucedió va a ser algo que a mí, personalmente, me va a atormentar el resto de mis días”, afirmó el instructor, quien explicó que permaneció incomunicado durante varios días porque sus dispositivos quedaron bajo custodia judicial en el marco de la investigación.

Andrés señaló que no brindará detalles sobre lo ocurrido durante la inmersión. “No voy a hablar de lo que pasó ni voy a juzgar a nadie, de eso se va a encargar el juez de la causa”, sostuvo.

El empresario también describió el impacto emocional que le provocó el episodio. “Tengo imágenes constantemente de lo que pasó, del pasar de los minutos, de lo que vivimos todos los que estábamos en el lugar, que me van a perseguir para siempre”.

Asimismo, afirmó que nunca había atravesado una situación similar en su carrera dentro de un deporte que reconoce como de riesgo. “Nunca me había tocado vivir algo así. Voy a tratar de reencontrar la alegría de hacer esto y vamos a seguir enseñando, mostrándole a la gente lo lindo que es el trabajo del agua”, expresó.

Pese a la repercusión nacional que tomó el caso, confirmó que continuará con la actividad. “Tengo a mi hija y tengo este negocio que me llevó 15 años construir. Tomé la decisión de abrir las puertas y volver a empezar”, indicó.

Finalmente, adelantó que la empresa realizará una revisión interna de sus procedimientos tras lo ocurrido. Mientras tanto, la investigación penal continúa y será la Justicia la que determine con precisión qué ocurrió durante la inmersión en el Golfo Nuevo y si existieron responsabilidades en una tragedia que volvió a poner el foco sobre la seguridad en el buceo recreativo en la región.