¿Hay una “peruanización” de la Argentina?

Me llama la atención la recurrencia con que aparece el caso peruano en la discusión pública argentina. Sea para para comparar, anhelar o deplorar, la “peruanización” se ha convertido en un atajo conceptual multidimensional. Hace poco el encargado de redes sociales del gobierno de Javier Milei elogiaba a Alberto Fujimori y la Constitución de 1993 (“una de las más liberales del mundo”) y agregaba: “Tenemos que apuntar a lo mismo”. Un artículo de Emmanuel Álvarez Agis aseguraba que si las reformas de Milei llegaban a buen puerto, la Argentina se parecería más al Perú que a Noruega, “pero entre un país con 200% de inflación y Perú, ¿vos qué elegirías, compañero?”.

Y esto se prolonga al ámbito político. Antes de que Milei fuese elegido, Andrés Malamud se viralizaba sugiriendo que el futuro presidente terminaría o bien como Fujimori (el autoritario exitoso) o bien como Pedro Castillo (el autoritario fracasado); y una conversación reciente entre María O’Donnell y otros periodistas titulaba “Argentina se peruanizó”; y hace unos días Martín Rodríguez Yebra volvía a Fujimori en este diario; y Roberto Gargarella reclamaba, ante los brotes del presidente, “adoptar el proclamado modelo peruano” y destituirlo. Y así sucesivamente.

Voy a intentar ordenar algunas ideas sobre la “peruanización”, con los lentes de un peruano.

Desde hace muchos años, cuando los amigos argentinos me piden comparar ambos países suelo resumirlo con un doble contraste. En el Perú, la institucionalidad económica se sedentarizó, mientras que la política se mantuvo nómade; en Argentina, en cambio, la política democrática se sedentarizó, pero la política económica siguió siendo nómade.

Lo cual significa que el Perú construyó un consenso respecto del manejo ortodoxo de la economía, pero nunca pudimos erigir uno sobre la democracia (ni cuando regresó en 1980, ni cuando volvió en 2000). En la Argentina se dio la configuración inversa: la transición de los ochenta enraizó un consenso democrático, pero la forma de administrar los recursos públicos no produjo un consenso de ningún signo.

El resultado del contraste entre ambos países es, como sabemos, que a los peruanos nos angustia quién será presidente mañana y, a los argentinos, cuál será el tipo de cambio mañana.

Aunque no se lo nombra, el origen de esta divergencia puede resultar ilustrativo para la Argentina. En el Perú se buscó hacer reformas neoliberales antes de Fujimori. Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), un grupo de tecnócratas lo intentó desde el Ministerio de Economía. Pero fracasó. Hubo resistencias tanto desde la política como desde la sociedad: existía aún una oposición partidaria de centro y de izquierda; los partidos de derecha aún tenían representantes del sector industrial; y, del lado de la sociedad, había aún cierta densidad organizativa (alrededor de 40% de los asalariados pertenecía a un sindicato). El personaje principal de la narración es, desde luego, “aún”.

Para inicios de los noventa esa configuración sociopolítica lanza su último suspiro. Se la cargaron una década de conflicto con Sendero Luminoso (69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad) y una inflación sin riendas (7500% en 1990). Cuando Fujimori llega al poder en 1990 encuentra un país pauperizado y, como la Tereza Batista de Jorge Amado, cansado de guerra. Los neoliberales peruanos seguían siendo una minoría, pero lo que había cambiado radicalmente era una sociedad que ahora ya no tenía ganas ni fuerzas para resistir. Quería seguridad. Aceptó un shock económico tremendo, aplaudió un golpe de Estado y se instauró la Constitución de 1993, que alteró definitivamente las relaciones entre Estado, mercado y sociedad.

Rescato esta historia porque puede tener implicancias para la Argentina. De un lado, hace a la narración menos libertario-céntrica. Es decir, en la Argentina la Junta militar también intentó liberalizar la economía y fracasó; las de Menem fueron reformas más exitosas, aunque no llegó a sedentarizarlas, entre otras cosas porque había una sociedad política y civil que sobrevive y se adapta; con Macri se frustra nuevamente ese intento y con Milei, más bien, la transformación avanza. O sea, el espejo peruano sugiere una historia menos impulsada por las fuerzas del cielo y más por una larga precarización socioeconómica que funciona como placenta política. En otras palabras, va llegando el momento en que la reforma ultraliberal se vuelve viable porque la sociedad pasa a estar dividida a la manera en que Lenin describía el momento revolucionario: unos muchos que ya no quieren y unos pocos que ya no pueden.

Como es sabido, al menos 40% del empleo argentino pasó a ser informal y mucha de la investigación reciente contempla y prefigura esta vía de la sociedad hacia la política. Pienso en Javier Auyero encontrando en los sectores deprimidos el anhelo recurrente de “volver a comer milanesas”; en Pablo Semán y sus observaciones sobre el “sujeto mejorista”; en Carlos Pagni, que abría su libro sobre el Conurbano asegurando que no estaba poblado de excluidos, sino de expulsados. Y pienso en la entrañable Cometierra de Dolores Reyes, quien, en un territorio precarizado, suple al Estado gracias a unos superpoderes que son su virtud y su condena. La traducción política de ese largo proceso social es uno que los peruanos reconocemos con familiaridad: si el Estado no ayuda, que al menos no joda.

El riesgo reside en el momento en que ese sentido común encarna en políticas públicas. Aunque la motosierra asegura cercenar el Estado, en manos libertarias suele tasajear la institucionalidad de manera más general. Ha sido común en América latina que los liberales fueran mucho más entusiastas y exitosos en privatizar activos estatales que en construir mercados genuinamente competitivos. Si esto además es tarea de una derecha para la cual el problema del país es la democracia (sea 1916 o sea Alfonsín), efectivamente, se puede dibujar una deriva a la peruana.

Ahora bien, si ambas trayectorias parecieran converger en su sentido, los países están en puntos muy distintos de esa trayectoria. En la Argentina, la tasa de sindicalización se mantiene alrededor de 40% y en el Perú ya no llega a 2%; el PBI per cápita argentino bordea los 13.000 dólares y el peruano no llega a 7000; la política peruana se astilló en decenas de vehículos enfrentados sin ton ni son, mientras que la argentina mantiene unos pocos bloques distinguibles.

No son contextos obligados a segregar el mismo resultado y, todavía menos, a desearlo. Sin embargo, a veces pareciera que se instala implícitamente el chantaje fáustico de tener que elegir entre el “terraplanismo económico” y el “libertarianismo antipolítico”. Y a veces aparece explícitamente. Hace poco un programa de streaming -desde la izquierda-sintetizaba el dilema argentino como “peronizar o peruanizar”. Si tanto el kirchnerismo como el oficialismo convencen a la sociedad de que solo hay esas dos opciones la situación tenderá a la profecía autocumplida. Ante ese diagnóstico resulta natural que cualquier intento de “tercera vía” se vacíe.

En el año 2000 las exportaciones argentinas eran cuatro veces más que las peruanas y hoy el Perú exporta más que Argentina. No hay forma de disimular el contraste. Pero si eso dice mucho del descalabro argentino, también oculta mucho de su par peruano. Un país marcado a fuego, diríamos, por el Gran J y por el Pequeño J. El gran J es Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva desde 2006. El BCR es la encarnación de la sedentarización y Velarde ve pasar a decenas de presidentes nómades mientras mantiene al dólar en el mismísimo precio que hace veinte años.

El pequeño J -el criminal que acaparó las primeras planas hace algunos meses- es la otra cara del país: uno que se hizo de ingresos medios, pero no de clases medias. Uno en el que 87% de la gente asegura que alguna economía ilegal es un motor económico de su región. Uno en el cual dentro de dos meses tendremos que ir a elegir presidente entre 37 candidatos (nómades) y, probablemente, esa elección no sirva para nada. Uno con 49 ministros del interior (donde reside la policía) desde el año 2000 y, donde, por lo tanto, es natural que actividades criminales avancen sin contratiempos. El resultado es un país estancado en su deterioro y desesperanza, donde las tribus nómades de la política asedian cada día más de cerca a la sedentarizada economía.

La convivencia de Gran J y el Pequeño J no es una necesidad histórica. En el Perú suelo decir que en los años 2000 el país se convirtió en ese personaje de García Márquez que aseguraba no ser un tipo rico sino un pobre con plata. Un país con dinero y sin ley -eso es el Perú de hoy- se convierte en una disputa caótica por la renta, que acaba con 10 presidente en una década, protestas con decenas de masacrados por las fuerzas del orden y un sicariato en libre expansión. La riqueza sin instituciones también es una forma de subdesarrollo.

Que la Argentina necesita una reingeniería económica no lo discute nadie en el mundo. Pero no hace falta deshacerse de agua, niño y bañera. Siempre pienso que invocar más a menudo la figura de Lacalle Pou y menos la de Fujimori sería útil. Hay espacio para sedentarizar tanto las políticas económicas como las democráticas. El peor de los mundos sería nomadizar la política sin sedentarizar la economía. El desafío es, entonces, tener al Gran J sin producir un contingente interminable de Pequeños Js. Pero eso parece imposible con derechas sin interés por la democracia y lo público, antirepublicanas. Por eso resulta pertinente insistir en que esa no es la única configuración posible. Como cantaba Spinetta -y yo tiendo a creerle a Spinetta- “todo camino puede andar”.

Profesor de ciencia política en la Universidad del Pacífico (Lima, Perú)