Murieron de hambre 18 vacas: ordenaron el “inmediato traslado” de 184 animales retenidos por la Justicia

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes emitió una resolución donde ordenó el “inmediato traslado” de los bovinos que permanecían “rehenes” del sistema judicial en la Sociedad Rural de La Cruz. La decisión se dio después de que los animales permanecieran en las instalaciones de la entidad sin alimentos, tras una serie de allanamientos que llevó adelante la fiscalía local. Los ruralistas habían alertado de la mortandad de los vacunos por falta de comida.

A principios de enero, lo que comenzó como un exitoso operativo contra el abigeato local terminó convirtiéndose en una “tragedia” logística y judicial que le costó la vida a 18 animales. La intervención del máximo tribunal provincial llegó tras la confirmación de un escenario crítico. Según los considerandos del fallo, los informes veterinarios alertaban sobre un “estado nutricional deficitario” que generaba un “riesgo cierto de deterioro o eventual mortandad” debido a la falta de alimento suficiente en el predio ferial.

Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), confirmó a LA NACION que el saldo final representó pérdidas económicas: “Se murieron 15 animales en la Rural de La Cruz y durante el traslado murieron 3 más. En total, hubo una pérdida de 18 animales”, detalló el dirigente.

Los 184 animales sobrevivientes que se movilizaron recorrieron los 100 kilómetros que separan La Cruz de la ciudad de Santo Tomé, para ser alojados en un campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un predio que curiosamente fue recuperado del narcotráfico.

“En ese campo el INTA está llevando adelante diferentes investigaciones. Allí se encuentra el rodeo de ganado criollo que estaba en Tucumán y, seguramente, algunos de los proyectos sobre resistencia a la garrapata les van a ser útiles a estos animales”, explicó Roldán. No obstante, advirtió que la recuperación de los animales sobrevivientes no será inmediata. “Todo esto va a empezar a partir de la primavera, porque ahora hay que recuperarlos; estaban muy deteriorados”, puntualizó.

La resolución N° 73, firmada por Alejandro Alberto Chain, Luis Eduardo Rey Vázquez y el presidente del tribunal, Guillermo Semhan, introdujo mecanismos novedosos para garantizar la supervivencia del lote mientras se dirime la titularidad dominial de los semovientes.

La Justicia autorizó la venta directa de 12 terneros y una vaquillona de todo el lote secuestrado. Se desprende del documento que el objetivo es que ese dinero financie la provisión de alimento y el control sanitario. Por otra parte, el Tribunal dispuso que, si el producto de las ventas no alcanzara para solventar el traslado y el manejo, “este Poder Judicial asumirá el remanente necesario para su financiación”.

Además, se exhortó al Ministerio Público Fiscal, cuestionado por los productores de esa región por la falta de celeridad en su accionar, a determinar con urgencia la titularidad de los animales.

Tras esta decisión, en la entidad rural destacaron que esta resolución representa un alivio no solo humanitario, sino financiero. La entidad rural había hecho referencia a un gasto superior a los $6 millones entre fletes y alimentación que habían asumido sin recibir asistencia del Ministerio de Justicia ni del Ministerio Público para seguir sosteniendo a los animales en el predio.

Además del gasto directo, la permanencia de los animales judicializados bloqueó la actividad principal de la entidad. “Las rurales viven de los remates mensuales. El Senasa no autoriza el ingreso de animales a un remate cuando hay otros animales dentro”, había advertido Roldán semanas atrás ante la espera de una decisión judicial.

El caso estalló tras un procedimiento de control vial donde se interceptó un camión jaula que transportaba 20 animales con documentación irregular. Este evento fue la punta del iceberg que desencadenó seis allanamientos simultáneos y un operativo cerrojo en la zona de La Cruz.

El despliegue policial permitió recuperar inicialmente alrededor de 250 cabezas de ganado —entre vacas, novillos y terneros— que habían sido robadas de al menos 45 productores en localidades como Alvear, Santo Tomé, San Roque y Saladas. En los predios allanados no solo se encontró hacienda en pie, sino también evidencia de que allí funcionaba una aceitada estructura dedicada a la faena clandestina y la comercialización ilegal de carne en la franja fronteriza del río Uruguay.

En tanto, presuntamente la causa penal avanza con tres hombres detenidos con prisión preventiva, quienes están supuestamente señalados como los cabecillas de la banda dedicada al abigeato agravado. Además, la Justicia mantiene una orden de captura sobre un cuarto sospechoso que permanece prófugo, mientras que dos mujeres fueron notificadas e imputadas en carácter de investigadas por su presunta colaboración en la logística de la organización.

Aunque el Ministerio Público convocó recientemente a un concurso para crear una fiscalía rural en Paso de los Libres para combatir estos delitos, la investigación continúa bajo la órbita del fiscal Facundo Sotelo, quien deberá determinar la responsabilidad final de los detenidos en el robo y la adulteración de marcas y señales que dificultaron la identificación de casi 200 animales.

La preocupación de las entidades rurales se centra en la vulnerabilidad de la franja costera sobre el río Uruguay, donde la cercanía con Brasil facilita el accionar de las bandas organizadas. La porosidad de la frontera permite que la hacienda robada sea cruzada rápidamente hacia el país vecino o faenada en la zona para su comercialización ilegal.