Dos jueces del Tribunal Supremo se apartaron de dos casos el lunes, según informó Newsweek.
Amy Coney Barrett y Samuel Alito decidieron abstenerse de participar en casos de apelaciones federales relacionados con condenas por armas de fuego y pagos de pensiones, aunque no está del todo claro el motivo.
El estatuto federal de recusación (28 U.S. Code § 455) exige que los jueces federales y los altos magistrados deben recusarse si su imparcialidad puede ser razonablemente cuestionada o si su cónyuge tiene un interés financiero u otro interés que podría verse sustancialmente afectado por el resultado de un procedimiento. Durante los últimos años, ha habido varias preguntas sobre casos en los que el público y los críticos judiciales consideran que los magistrados deberían haberse recusado.
Ambos fallos de apelación fueron confirmados por el alto tribunal. Esto significa que las decisiones de los tribunales inferiores fueron ratificadas en su totalidad.
El caso del que Barrett se recusó provino del Séptimo Circuito sobre un recluso llamado Eural Black. El caso del que Alito se recusó fue un caso del Tribunal del Cuarto Circuito sobre beneficios de jubilación entre empleados y las empresas DuPont y Corteva.
En el caso de Black, el tribunal inferior dictaminó que cumplía una condena más larga debido a una condena "acumulada" por armas de fuego. Bajo la Ley del Primer Paso, su condena debería reducirse. "Black argumentó que la diferencia entre su condena y lo que recibiría hoy debería calificar como una razón 'extraordinaria y convincente' para la libertad anticipada", señaló Newsweek.
El tribunal inferior decidió que su propio precedente aún impedía "utilizar esas reformas de sentencias como base para la liberación por compasión, incluso después de que una nueva política de la Comisión de Sentencias de EE. UU. sugiriera lo contrario."
En el caso del que Alito se recusó, el Cuarto Circuito se puso del lado de las corporaciones.
El demandante David Gasper presentó una demanda alegando que sus beneficios mensuales de jubilación se redujeron tras su divorcio. La corporación afirmó que distribuyó los costos de los beneficios para sobrevivientes en la pensión total, lo cual el tribunal declaró válido. El tribunal inferior también determinó que la reclamación de Gasper por sanciones "por divulgaciones tardías de documentos", pero no había evidencia de mala fe ni de daño.

