Escrito por Jonathan Turley,

El Tribunal Supremo de Wisconsin anuló un programa de becas financiado por el estado que otorgaba ayuda económica basándose en la raza de los estudiantes universitarios. El tribunal controlado por los demócratas siguió el precedente establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al determinar que el gobernador Tony Evers y el estado estaban violando la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de los Estados Unidos.

Sin embargo, dos de los magistrados más progresistas redactaron un voto concurrente denunciando la prohibición del uso de la raza en dichas becas.

Si los demócratas logran ampliar el Tribunal Supremo como exigen muchos líderes del partido, este voto concurrente es un ejemplo de los probables cambios que un tribunal ampliado traería al revertir las resoluciones antidiscriminatorias y otras decisiones.

El Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin representó a los contribuyentes en este exitoso desafío al Programa de Becas de Retención para Estudiantes Universitarios Minoritarios de Wisconsin.

Ese programa administraba subvenciones financiadas por los contribuyentes de hasta 2.500 dólares por año académico para estudiantes elegibles de origen afroamericano, indígena americano, hispano o de ciertas comunidades del sudeste asiático.

El estado pagó aproximadamente medio millón de dólares en becas, que ahora se consideran racialmente discriminatorias.

Citando la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. de 2023 Students for Fair Admissions v. Harvard, el Tribunal reafirmó que "La Constitución exige que toda persona 'debe ser tratada en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza'".

Si bien muchos han celebrado la nueva línea clara contra la discriminación racial en la educación superior, dos de los magistrados más progresistas, la presidenta del Tribunal Jill Karofsky y Susan Crawford, lamentaron la pérdida de los programas racialmente discriminatorios.

En su voto concurrente, la presidenta del Tribunal Karofsky expuso los amplios y abiertos argumentos utilizados para justificar dichos programas:

Estos magistrados continuarían los programas basados en la raza indefinidamente bajo el argumento de que existe una "preferencia por los estadounidenses blancos" en programas centrados puramente en el rendimiento académico o en criterios específicos no raciales.

Los dos magistrados citan el voto particular de la magistrada Ketanji Brown Jackson, según el cual exigir normas racialmente neutras no es más que una "indiferencia de quien dice que coman pasteles" propia de una sociedad de privilegio blanco.

Añadió: "Reconozco y admito plenamente que estoy vinculada por el precedente establecido en SFFA y otros casos decididos por el Tribunal Supremo de EE. UU.… Sin embargo, también elijo escribir por separado. Lo hago porque me resulta imposible ignorar las verdades que identifica la magistrada Jackson."

Cabe destacar que esas "verdades" del voto particular de Jackson han sido cuestionadas por contener afirmaciones falsas flagrantes.

He debatido anteriormente mis discrepancias con Jackson y su jurisprudencia, incluido su voto particular en el caso SFFA. Sin embargo, este voto concurrente muestra vividamente a los juristas a quienes los demócratas podrían recurrir para ampliar el Tribunal Supremo y revertir decisiones como la del caso SFFA.

Con varios líderes demócratas comprometiéndose públicamente ahora a ampliar el Tribunal para revertir tales decisiones, las elecciones de 2028 se están convirtiendo en un referéndum sobre el futuro de una institución que ha sido clave para mantener esta República durante 250 años.

Los políticos y analistas demócratas han dejado claro que necesitan el control inmediato del Tribunal Supremo para llevar a cabo una agenda que sería declarada inconstitucional. Eso incluye revertir resoluciones constitucionales fundamentales. El voto concurrente de Karofsky ofrece un atisbo de nuestro futuro si permitimos que el Tribunal sea objeto de una toma de control política hostil.