La Administración Trump generó alarma para algunos y alivio para otros con su anuncio de febrero de 2025 de una "pausa" en los procesos anticorrupción. Sin embargo, si los últimos nueve meses son una indicación, la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA") sigue viva y activa, aunque supuestamente reenfocada. La "pausa" de 180 días en la aplicación realmente terminó prematuramente en junio de 2025, con la publicación por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. de una guía actualizada de la FCPA titulada "Directrices para Investigaciones y Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero". Las nuevas Directrices describen en papel un enfoque más específico para la aplicación de la FCPA que en el pasado — uno que se esfuerza por centrarse en casos que involucran "carteles" y reduce el volumen de aplicación de la FCPA — en línea con la Orden Ejecutiva de febrero de 2025 del Presidente Trump. Otros temas en las nuevas Directrices, sin embargo, reflejan prácticas tradicionales del DOJ, como centrarse en la responsabilidad individual por conducta indebida de la FCPA y perseguir a empresas extranjeras que violan el estatuto. Varias acciones de la FCPA anunciadas después de que las Directrices entraran en vigor plantean dudas sobre si la nueva guía cambiará mucho el panorama de aplicación de la FCPA, si es que lo hace.
Funcionarios del DOJ, como el Fiscal General Adjunto Interino Matthew Galeotti, han prometido seguir las nuevas Directrices de la FCPA. Las recientes acciones de aplicación, sin embargo, no han tocado muchos de los "puntos calientes" de la Administración. Poco después de la "pausa", en agosto de 2025, la Sección de Fraude del DOJ y la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts emitieron una carta de declinación a Liberty Mutual Insurance Company con sede en EE.UU., consistente con la Política de Aplicación Corporativa y Divulgación Voluntaria de la División Criminal, revisada en mayo de 2025, y exigieron a la compañía global de seguros devolver aproximadamente $4.7 millones en ganancias mal habidas. En una acción separada, la Sección de Fraude y la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas acusaron a dos individuos de violar la FCPA en lo que algunos han llamado un caso de soborno "común y corriente". Más recientemente, el 16 de octubre de 2025, la Sección de Fraude y la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida acusaron a una empresa proveedora de máquinas de votación y servicios electorales que supuestamente facilitó $1 millón en sobornos. Finalmente, hace dos semanas, el 23 de octubre de 2025, un acusado en el Distrito Oeste de Texas se declaró culpable de violaciones a la FCPA en un acuerdo que permanece bajo sello.
Las recientes acciones de aplicación pueden no reflejar aún la "sacudida" prevista por el Presidente Trump, quizás porque las acciones derivan de investigaciones que ya estaban en proceso en el DOJ o por cómo los funcionarios del DOJ están interpretando las nuevas Directrices. En medio de un período de incertidumbre, una cosa parece cierta — como el autor y otros predijeron — la FCPA sigue siendo una herramienta poderosa en el arsenal del DOJ. Queda por ver si los fiscales están trabajando en un enfoque recién adaptado bajo las nuevas Directrices.
El Enfoque "Nuevo" del DOJ Hacia la Aplicación de la FCPA
Las Directrices de la FCPA del 9 de junio de 2025 son la culminación del memorando del Fiscal General Bondi del 5 de febrero de 2025, que estableció directivas e iniciativas para perseguir la eliminación de carteles y organizaciones criminales transnacionales, y la Orden Ejecutiva del Presidente Trump del 10 de febrero de 2025, que impuso la pausa en la aplicación de la FCPA y ordenó al Fiscal General desarrollar una nueva guía para la aplicación de la FCPA. Las Directrices establecen que la División Criminal pretende asegurar que los procesos de la FCPA sean "llevados a cabo de acuerdo con la directiva del Presidente Trump" estableciendo una guía que "limite las cargas indebidas" sobre las empresas estadounidenses con operaciones globales y "dirija las acciones de aplicación" que protejan los intereses nacionales de EE.UU., con un enfoque en individuos en lugar de "estructuras corporativas".
Las nuevas Directrices describen cuatro "Factores de Orden Ejecutiva" no exhaustivos para que los fiscales consideren antes de iniciar nuevas investigaciones o acciones de la FCPA. Primero, se aconseja a los fiscales priorizar la aplicación contra conductas indebidas vinculadas a carteles u organizaciones criminales transnacionales ("OCT") para avanzar en el objetivo de la Administración Trump de eliminar estas empresas. A continuación, las Directrices dirigen a los fiscales a considerar si la supuesta conducta indebida socava la capacidad de las entidades estadounidenses para competir en mercados extranjeros. Tercero, las futuras acciones de aplicación de la FCPA deberían centrarse en "amenazas urgentes" a la seguridad nacional de EE.UU. resultantes de sobornos que involucren "infraestructura o activos clave". Finalmente, se dirige a los fiscales a no centrarse en "ciudadanos y negocios estadounidenses" por lo que otras naciones considerarían "práctica comercial rutinaria", sino en pagos sustanciales de sobornos y conductas indebidas graves que las autoridades extranjeras estarían dispuestas a investigar y procesar.
Cuanto Más Cambian las Cosas, Más Siguen Igual
Las nuevas Directrices pretenden recalibrar las prioridades de aplicación de la FCPA para reflejar los objetivos de la Administración Trump de avanzar en la "competitividad económica global" de las empresas estadounidenses. Sin embargo, gran parte de la guía describe prácticas de procesamiento de la FCPA ya comúnmente practicadas. Como han señalado los comentaristas, las nociones de proteger la competencia y un mercado justo a través de la aplicación de la FCPA no son nuevas porque históricamente la aplicación contra la corrupción ha avanzado la competitividad de los negocios estadounidenses en la economía global. Las otras prioridades de las Directrices tampoco son nada nuevo. La mayoría de los fiscales anteriores de la FCPA están familiarizados con el enfoque en responsabilizar a los individuos por conducta indebida de la FCPA, lo que se refleja en el número de acciones de aplicación que el DOJ ha presentado contra individuos frente al número presentado contra entidades desde 2018. Las estadísticas muestran además que muchas de las principales acciones de aplicación de la FCPA se han presentado contra empresas extranjeras, incluso si las Administraciones pasadas no han declarado explícitamente que estaban dirigiéndose a tales empresas. Las preocupaciones de seguridad nacional también fueron un enfoque del Presidente Biden, quien emitió un memorando dirigiendo a los funcionarios a crear una estrategia que permita al gobierno, entre otras cosas, dirigirse a "individuos corruptos, organizaciones criminales transnacionales y sus facilitadores".
En una desviación procesal de la práctica pasada, las nuevas Directrices requieren que el Fiscal General Adjunto para la División Criminal o un funcionario del Departamento "más senior" autorice el inicio de cualquier nueva investigación o acción de aplicación — aparentemente para asegurar el cumplimiento con la guía actualizada.
Hasta ahora, sin embargo, las acciones reveladas por el DOJ no parecen muy diferentes de los casos del pasado. La similitud puede deberse al hecho de que las acciones hasta ahora derivan de investigaciones en curso antes de que las Directrices entraran en vigor o porque los funcionarios del DOJ no están interpretando las nuevas Directrices como un cambio radical respecto a la práctica pasada. Las acciones de aplicación hasta ahora pueden proporcionar una visión de cómo será la práctica de la FCPA en los próximos meses, pero solo el tiempo dirá si las nuevas Directrices afectarán sustancialmente la aplicación a largo plazo.
Las Jugadas del DOJ Hasta Ahora No Coinciden con el Manual
La primera acción post-Directrices, anunciada el 11 de agosto de 2025, acusa a dos ciudadanos mexicanos que viven legalmente en Texas de violaciones a la FCPA por supuestamente sobornar a funcionarios de una empresa petrolera estatal mexicana, Petróleos Mexicanos ("PEMEX"), a cambio de contratos con empresas asociadas con uno de los acusados. El anuncio público de los cargos no hace referencia a las nuevas Directrices, pero el comunicado de prensa incluyó referencias a los objetivos de la Administración. El comunicado cita al Fiscal General Adjunto Interino Galeotti diciendo que la acusación "debería enviar un mensaje claro" de que la División Criminal no tiene tolerancia para conductas que socaven "el mercado justo". El Subdirector Jose A. Perez de la División de Investigación Criminal del FBI añadió al comunicado que "[e]l soborno daña la competencia justa, erosiona la confianza pública y no será tolerado". La acción de PEMEX encaja dentro de las Directrices (y la práctica pasada de la FCPA) en la medida en que la conducta indebida se atribuye a individuos, que no son ciudadanos estadounidenses. El comunicado de prensa inicial del DOJ mencionó los supuestos vínculos con carteles de uno de los acusados, pero una versión posterior eliminó la referencia y la acusación no vincula el soborno con actividad de carteles. Además, $150,000 en sobornos está lejos de los "pagos sustanciales de sobornos" referenciados en las Directrices, lo que lleva a los comentaristas a señalar que el caso es un caso de corrupción extranjera "común y corriente" que el DOJ ha estado presentando durante los últimos 30 años.
En cuanto a asuntos de aplicación corporativa, tras la pausa el DOJ anunció dos acciones contra empresas, que también plantean preguntas sobre cómo las acciones encajan dentro de las Directrices de la FCPA. La primera, anunciada en agosto, es la investigación del DOJ y la emisión de una carta de declinación contra Liberty Mutual Insurance Company por supuestas violaciones a la FCPA y detalla el acuerdo de la empresa con sede en EE.UU. para devolver aproximadamente $4.7 millones en ganancias ilegales. El asunto de Liberty Mutual se relaciona con la filial de la empresa en India que supuestamente pagó sobornos para obtener referencias de clientes de bancos estatales. La declinación es consistente con la Política de Aplicación Corporativa y Divulgación Voluntaria de la División Criminal del DOJ recientemente revisada ("CEP") (mayo de 2025), que dirige a la División Criminal a declinar procesar a una empresa cuando se cumplen ciertos factores y requiere que la empresa "pague todo el decomiso/confiscación así como los pagos de restitución/compensación a víctimas resultantes de la conducta indebida en cuestión". La carta emitida por la Sección de Fraude en el asunto de Liberty Mutual detalla la divulgación voluntaria de conducta indebida de la empresa en marzo de 2024, su cooperación y remediación, así como la ausencia de circunstancias agravantes, que son los cuatro factores que requieren la emisión de una declinación bajo el CEP revisado. La declinación puede parecer que deja a Liberty Mutual en gran parte libre de culpa, pero los fiscales decidieron emitir una declinación y requerir $4.7 millones en decomiso en lugar de abandonar la investigación por completo. El asunto de Liberty Mutual viene como una sorpresa bajo las nuevas Directrices en la medida en que la empresa tiene sede en EE.UU. y, basado en información públicamente disponible, la conducta indebida no está relacionada con actividad de carteles o amenazas a la seguridad nacional. Quizás la divulgación de conducta indebida de la compañía de seguros en marzo de 2024, y la investigación que siguió, requirió alguna acción del DOJ.
En el segundo asunto de aplicación corporativa presentado post-pausa, el DOJ tomó acción contundente contra SGO Corporation Limited, una empresa con sede en el Reino Unido conocida como "Smartmatic". El 16 de octubre de 2025, un gran jurado en Miami devolvió una acusación sustitutiva añadiendo cargos contra Smartmatic a un caso presentado en agosto de 2024 contra cuatro individuos. El caso involucra alegaciones de soborno a funcionarios del gobierno filipino con $1 millón en bienes para asegurar contratos relacionados con las elecciones nacionales filipinas de 2016. Bajo Directrices que dirigen a los fiscales a centrarse en responsabilizar a los individuos por conducta indebida en lugar de entidades corporativas, la acusación de Smartmatic es sorprendente. Quizás el interés de esta Administración en Smartmatic está impulsado por la hostilidad publicitada del Presidente Trump hacia la empresa por supuestamente manipular votos. Si este es el caso, acciones que no tocan todos (o ninguno) de los supuestos puntos calientes de la nueva Administración, pero quizás están motivadas políticamente, pueden recibir la aprobación necesaria del DOJ.
Los Números Detrás de la Narrativa
Aparte de los tipos de acciones de aplicación iniciadas después de que las nuevas Directrices entraran en vigor, la cantidad de acciones de aplicación corporativa de la FCPA iniciadas o anunciadas también es similar a la de años recientes. Aunque las investigaciones estuvieron en espera desde febrero hasta junio, los números de aplicación corporativa desde que se levantó la "pausa" son consistentes con los mismos períodos de años pasados. El número de acciones reveladas también es sorprendente dada la crítica del Presidente Trump al uso pasado de la FCPA por parte de los fiscales como "sobreexpansivo" y "extendido más allá de los límites adecuados".
Durante el tercer trimestre de años anteriores, el DOJ anunció una resolución corporativa en 2024, dos en 2023, una en 2022, ninguna en 2021 y dos en 2020. En 2021, el DOJ de Biden reveló solo dos acciones de aplicación corporativa. Los últimos tres años han rondado un total de siete acciones por año, con siete acciones de aplicación corporativa anunciadas tanto en 2022 como en 2023, y ocho en 2024. El cuarto trimestre de los años pasados históricamente ha mostrado un aumento en acciones corporativas en comparación con
