Cambian las reglas del juego y se activa el “nuevo empleo”: la letra chica de la reforma laboral
El Gobierno ultima las negociaciones por la reforma laboral. Los gobernadores avalaron algunos puntos clave del proyecto y el Ejecutivo parece dispuesta a algunas negociaciones. El oficialismo estaría buscando preservar su poder de fuego parlamentario para la reforma impositiva.
El Gobierno enviará el proyecto de reforma laboral al Congreso una vez consumado el recambio parlamentario Y buscan llegar a un acuerdo con el mayor consenso posible.
Un obstáculo lo plantea la CGT. Tras la renovación del triunviro, plantó una postura fuerte en contra de una reforma que flexibilice las condiciones de trabajo. La central sindical anticipó que, de avanzar con la reforma, analizan un paro general, aunque admitieron que mantienen un consenso de afianzar una mirada actualizada del mundo del trabajo.
En el toma y daca de alcanzar una reforma con consenso, aparecieron las primeras concesiones. Una de ellas fue la eliminación del tope a la indemnización por despido, al que se discutía establecer en un límite de 10 años. La consideración que consiguió sacarlo de la mesa fue el costo político que implicaría fijar este tope. Fuentes conocedoras de la negociación señalan que, desde lo técnico, la decisión era poco efectiva para la creación de empleo, además de dañina para la imagen de la reforma.
Los principales puntos que mantuvieron acuerdo, por ahora entre el oficialismo y los gobernadores, es que se avance en la reglamentación de las licencias por enfermedad, que los certificados laborales se puedan hacer de forma digital y un marco para el empleo de plataformas.
Sobre las plataformas, el proyecto aspira a reglamentar los distintos tipos de empleos y actores del sector: tipifica al repartidor como independiente y aspira a la libertad de contratos. Para las empresas, propone que las obligaciones sean las de brindar información clara, facilitar el acceso a seguridad vial y que los repartidos tengan canales de atención. Tendrá derecho a acceder a un seguro, pero su financiamiento deberá ser acordado con la plataforma. Desde despachos oficiales aseguran que este cambio entrará a través de la reforma tributaria, aunque pertenece a las negociaciones laborales.
Nuevo empleo
La principal novedad que se mantiene es sobre el régimen de nuevo empleo que impulsa el Gobierno. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la medida y agregó que trabajan en una rebaja de los aportes y contribuciones a la seguridad social.
El esquema de nuevo empleo en discusión plantea una baja “sustancial” de las cargas patronales para las nuevas contrataciones, ya sean nuevos trabajadores o regularizaciones de quienes estuvieran en la informalidad, que tenga una duración de dos años desde la contratación. El porcentaje de reducción todavía está sobre la mesa.
La diferencia de este programa con otros anteriores para “nuevo empleo” es que la baja temporal será acompañada de una rebaja progresiva a futuro en el régimen general. El objetivo es, con el tiempo, acercar a las cargas que regirán para los nuevos trabajadores las que están vigentes para los trabajadores ya formalizados. En el fondo de esta estrategia radica la intención de “no penalizar al que hizo las cosas bien”, explican quienes conocen las negociaciones en curso.
Caputo había deslizado que desde Economía analizaban una rebaja de las cargas patronales con el objetivo de nutrir los fondos de cese, que están vigentes pero aún no tuvieron ninguna empresa que suscriba.
La reforma también incluye limitaciones a la ley de Contrato de Trabajo, excluyendo a los trabajadores de la administración pública en todos los niveles, trabajadoras de casas particulares y agrarios, las contrataciones de obras, servicios y agencias reguladas por el Código Civil y Comercial y los trabajadores de plataformas.
Se mantiene el principio de la norma más favorable para el trabajador, reservada al caso en el que no quede duda ni instancias por revisar. Plantea la irrenunciabilidad de protecciones o la reducción de derechos, pero que los acuerdos deberán ser homologados por la autoridad judicial o administrativa. Sobre las vacaciones plantea que podrán fraccionarse y el banco de horas.
Por último, plantea un nuevo intento para que se implementen los fondos de cese y abre la posibilidad de que se sustituyan las indemnizaciones, ya sea por fondos o un seguro equivalente. Este instrumento tiene la doble función de alimentar el mercado de capitales local.
