Se negó a declarar Garbellini, figura clave de la presunta estructura de corrupción en la Agencia de Discapacidad

La ronda de indagatorias en el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continuó este jueves con Daniel Garbellini, exfuncionario clave del organismo, quien evitó declarar o contestar preguntas del juez o del fiscal durante su paso por los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Franco Picardi acusa a Garbellini de haber recibido y acatado órdenes de personas que no formaban parte del organismo durante el tiempo que fue director de la agencia. “Permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis tomaran decisiones de gestión”, dijo el fiscal en su dictamen.

Según su abogado, Agustín Biancardi, Garbellini no realizó ningún descargo porque no cuenta con acceso a la totalidad del expediente. “Hay tres legajos que están reservados”, dijo a los medios al término de la indagatoria.

Informó también que presentó un recurso de apelación ante Cámara Federal para que se le habilite “acceso completo a la causa”.

Garbellini es el cuarto de los 15 acusados llamados a indagatoria por el juez Sebastián Casanello. Hasta el momento, todos optaron por no declarar ni contestar preguntas.

Ayer fue el turno de Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que describen un mecanismo de coimas dentro de la agencia de discapacidad e hicieron explotar el caso hace tres meses.

En esos audios se habla de un funcionario, “el más importante de todos”, que “metió” Eduardo “Lule” Menem en la Andis para el “choreo”. Ese funcionario sería Garbellini.

Desde junio de 2024 hasta agosto de este año, Garbellini fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis. El Gobierno lo desplazó del organismo de manera “preventiva” junto a Spagnuolo, máxima autoridad de la agencia, luego de que se hicieran públicas esas grabaciones.

A Garbellini se lo acusa de trabajar, en los hechos, para el médico urólogo Pablo Atchabahian, antiguo jefe suyo, quien, sin cargo ni designación oficial, le impartía órdenes para liberar o destrabar pagos o aceptar cotizaciones de empresas, de acuerdo con las pruebas citadas por Picardi.

Atchabahian ocupó múltiples cargos en la función pública. Fue secretario de Salud del municipio de Pilar y, a nivel nacional, ocupó la misma dirección de la Andis en la que se desempeñó Garbellini hasta que fue despedido.

Durante las últimas décadas, Garbellini se desempeñó en rubros similares, en terceras líneas de gobiernos municipales, provinciales y nacionales, siempre en lugares clave por donde pasaron contrataciones para sectores vulnerables y convenios para la compra de medicamentos a laboratorios.

En el allanamiento librado en su domicilio, en Avellaneda, se le secuestró un teléfono celular marca Samsung, del cual pudieron ser recuperadas algunas de las conversaciones por él eliminadas, que darían cuenta de su rol de “ejecutor”.

Entre las evidencias, hay constancias de que Garbellini le facilitó a una empleada de la empresa Roche, Luciana Ferrari -que será indagada-, el usuario y la clave de un sistema interno para que pudiera operarlo “desde afuera”.

A su vez, Garbellini recibía órdenes “desde afuera”. Atchabahian, su antiguo jefe, por ejemplo, le ordenó frenar un pago a una droguería en particular (Dihemo S.A.) por “estar jugando mal”.

Además, el fiscal asegura que existen gastos que no se condicen con su situación patrimonial, como las ampliaciones realizadas en su vivienda, en el barrio privado “El Pato Country Club”.

El exfuncionario tiene prohibida la salida del país y debe presentarse ante el juzgado cada 15 días.

Las indagatorias continuarán la semana que viene y se extenderán hasta el 5 de diciembre, si no hay ninguna reprogramación. Finalizada la ronda, el juez Casanello deberá definir la situación procesal de cada uno de ellos.