Los recientes operativos de las fuerzas federales de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte tuvieron un efecto inmediato en las escuelas del estado: miles de estudiantes, en su mayoría de familias hispanas, faltaron a clases por miedo a posibles acciones migratorias en los alrededores. Pero esto podría traerles problemas con la regla de las diez faltas.
La normativa estatal sobre asistencia obligatoria de los estudiantes representa una preocupación para las familias migrantes, que deciden que sus hijos no asistan a la escuela para evitar posibles encuentros con los agentes del ICE.
En específico, la ley establece diferentes maneras de proceder de acuerdo a la cantidad de ausencias no justificadas de un alumno
Un punto central es que solo las ausencias no justificadas generan problemas, según informó Univision.
Para eso, las escuelas de Carolina del Norte pueden considerar múltiples razones, siempre que exista comunicación formal de los padres. Entre ellas se encuentran motivos de:
La situación se sintió con especial fuerza en ciudades como Charlotte, Raleigh, Durham y Cary, donde la abrupta caída en la asistencia escolar encendió alarmas entre los directivos.
En el distrito Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS), más de 30.000 alumnos faltaron el lunes 17 de noviembre, un número inusualmente alto que los funcionarios vincularon directamente con el temor generado por los operativos.
En el condado Wake (que incluye Raleigh y Cary) la cifra también fue contundente: más de 19.000 estudiantes se ausentaron el martes 18 de noviembre.
Aunque en Durham no se informó un dato oficial, los directivos locales reconocieron que la preocupación también afectó el normal funcionamiento de las escuelas.
En medio del aumento de las ausencias y la preocupación por la llamada “regla de las 10 faltas”, los distritos escolares difundieron una serie de pautas básicas para evitar consecuencias legales:
En Charlotte, el distrito CMS subrayó que no solicita ni registra estatus migratorio de los alumnos. Además, aclaró que toda información estudiantil es protegida.
Frente a la posibilidad de que agentes federales se presenten en una escuela, remarcaron que existe un protocolo legal estricto que incluye verificación de credenciales, notificación al director y al equipo jurídico, y la prohibición de otorgar acceso sin documentación válida.
En el condado Wake, las instituciones educativas reiteraron que no recopilan ni comparten información migratoria y que los datos de los alumnos están resguardados. En Durham, el mensaje fue similar: todos los niños tienen derecho a educación pública, sin importar su estatus.


