El Gobierno trabaja en un proyecto de ley de libertad educativa. La iniciativa busca derogar la norma vigente desde 2006 y pone el foco en la autonomía de las escuelas y el rol de las familias. El documento, elaborado por el Ministerio de Capital Humano en conjunto con el de Desregulación y Transformación del Estado, contempla formas alternativas de enseñanza. Entre las propuestas se encuentra la habilitación del homeschooling, una modalidad que permite la educación fuera de los establecimientos tradicionales.

Qué es el homeschooling, el modelo escolar que evalúa aplicar el gobierno

El borrador del proyecto de ley define esta práctica como la recepción de educación básica mediante formas alternativas de enseñanza desarrolladas total o parcialmente fuera de los establecimientos educativos. De esta manera, la iniciativa habilita la educación en el hogar. A diferencia de la Ley Ómnibus, la propuesta actual no establece una edad mínima para su implementación, ya que esa norma anterior buscaba permitirla a partir de los nueve años.

El documento también contempla la educación híbrida y a distancia. Los mecanismos para la acreditación de saberes todavía restan por definirse. El texto propone dos vías posibles: exámenes periódicos o la adscripción a instituciones de educación básica.

Esta medida se alinea con el artículo primero del proyecto, que describe a las familias como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”. El sistema educativo nacional, a su vez, se redefine como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado”.

Los puntos clave del proyecto de “libertad educativa”

La propuesta presentada en el Consejo de Mayo, de aprobarse en el Congreso, derogaría la actual Ley de Educación Nacional N.º 26.206, que rige desde 2006. Fuentes del Ministerio de Capital Humano ratificaron a LA NACION el contenido del borrador que difundió el portal La Política Online.

El texto insiste con la declaración de la educación como servicio esencial para garantizar “la continuidad mínima del servicio y el derecho de los alumnos” durante medidas de fuerza.

La iniciativa otorga una amplia libertad pedagógica a las instituciones. Los establecimientos podrán diseñar sus propios planes de estudio “conforme a su ideario y proyecto educativo”. El reconocimiento oficial depende del cumplimiento de los contenidos comunes y la carga horaria mínima anual.

El artículo 28 aclara que “la autoridad jurisdiccional competente deberá evaluar la equivalencia de los contenidos mínimos sin interferir en los contenidos propios del ideario institucional ni en su orientación pedagógica”.

El proyecto también habilita la publicación de los resultados de las evaluaciones nacionales, como las pruebas Aprender, con resguardo de la identidad de docentes y estudiantes. El artículo 63 señala: “La autoridad nacional de aplicación publica anualmente, en un portal digital abierto, accesible y de fácil navegación, información desagregada por institución educativa”.

Qué cambios se darían en el financiamiento

El documento dedica un título completo al financiamiento. Establece un “Sistema Federal de Monitoreo de la Inversión Educativa” para consolidar indicadores de eficiencia y equidad. Cada institución con financiamiento público deberá presentar una rendición anual detallada de los fondos.

El proyecto plantea la equidad de financiación entre instituciones estatales y privadas con criterios centrados en el estudiante y retoma la idea de los vouchers. Entre los instrumentos menciona “becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucila Marin.