El Congreso de Durango aprobó por unanimidad la Ley Nicole, una reforma que prohíbe cualquier cirugía estética a menores de 18 años. La decisión se tomó tras la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció después de someterse a dos procedimientos en una clínica privada. La norma busca frenar la práctica ilegal de la medicina estética y proteger a niñas, niños y adolescentes.
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La legislación modifica el Código Penal estatal y endurece sanciones contra falsos médicos y establecimientos irregulares. También define excepciones estrictas para permitir únicamente cirugías reconstructivas cuando exista necesidad médica comprobada.
La reforma honra la memoria de Paloma Nicole, cuyo caso exhibió vacíos regulatorios y la facilidad con la que menores accedían a procedimientos invasivos. Su muerte generó indignación y aceleró un dictamen que llevaba años pendiente en el Congreso.
Legisladoras de todos los partidos políticos coincidieron en que la ley representa un compromiso para evitar tragedias similares y señalaron que el consenso unánime demuestra la urgencia de proteger a la infancia frente a prácticas médicas riesgosas.
La Ley Nicole impide cualquier cirugía estética para menores. Únicamente permite procedimientos reconstructivos cuando exista un diagnóstico médico que lo justifique, como malformaciones congénitas, secuelas de accidentes o afectaciones severas a la salud física o emocional.
En estos casos se requiere evaluación psicológica, dictamen de especialistas y autorización formal de padres o tutores. El objetivo es evitar abusos y garantizar que el procedimiento responda a un criterio clínico real.
La reforma aumenta penas de prisión y multas para quienes usurpen profesiones o practiquen cirugías sin certificación. Las sanciones van de 2 a 8 años de cárcel, con incrementos si se realizan procedimientos estéticos o reconstructivos sin acreditación válida.
Asimismo, se castiga a clínicas que operen sin permisos, equipos o personal adecuado. La vigilancia sanitaria también se refuerza para detectar publicidad engañosa dirigida a menores.
Las familias tendrán más claridad sobre los riesgos y la regulación de estos procedimientos. Los centros médicos deberán verificar edad, documentación y certificación profesional antes de cualquier intervención.
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Durango se convierte en uno de los primeros estados del país en establecer una prohibición explícita. La ley entra en vigor tras su publicación oficial y se espera que sirva de modelo para otras entidades.
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