La disputa judicial en torno al alcance de las redadas federales en Chicago sumó un nuevo capítulo después de que la Cámara de Apelaciones del 7º Circuito frenara la orden de una jueza que limitaba el uso de armas de control de masas por parte de agentes migratorios. Este revés judicial abrió la puerta a que el gobierno de Donald Trump recupere margen de acción en un momento en el que su despliegue en la región parecía replegarse.

El fallo judicial que favorece el accionar del ICE en las redadas en Chicago

La resolución del 7º Circuito, según precisó Capitol News Illinois, calificó de “excesiva” la orden emitida por la jueza Sara Ellis, anuló temporalmente las restricciones que impedían a los agentes federales emplear gas lacrimógeno, balas de pimienta, proyectiles de goma y otros dispositivos represivos sin una justificación clara.

La magistrada, que el 6 de noviembre había dictado una medida preliminar tras semanas de declaraciones, videos y testimonios sobre el uso de fuerza en protestas, consideró que los agentes se excedieron en varias intervenciones e impuso límites que exigían advertencias, identificación visible y restricciones estrictas sobre cualquier tipo de arma de dispersión.

Los jueces de apelación entendieron que esa disposición invadía facultades del Poder Ejecutivo y que incluso se asemejaba a un reglamento federal por la minuciosidad con la que enumeraba las armas prohibidas o condicionadas.

En su resolución, el tribunal señaló que el texto interfería en la conducción de las fuerzas federales y que su alcance práctico terminaba por abarcar “a todos los cuerpos policiales del Ejecutivo”, algo que consideraron inadmisible dentro del equilibrio entre poderes.

Sin embargo, la Cámara también advirtió que no debía “sobre releerse” el fallo, ya que la evidencia presentada ante Ellis podía justificar en un futuro una medida “más adecuada y específica”.

El retroceso de la Operación Midway Blitz en Chicago

La disputa legal se desarrolló en paralelo a la desarticulación paulatina de Operation Midway Blitz, el operativo migratorio que el Departamento de Seguridad Nacional montó en el área de Chicago durante el otoño boreal.

La movilización incluyó al comandante Gregory Bovino, reconocido dentro de la estructura de la Patrulla Fronteriza, quien primero encabezó incursiones urbanas y luego se convirtió en figura central de la causa judicial debido a su rol en múltiples episodios de uso de fuerza.

En los últimos días, Bovino se trasladó junto a parte de su equipo a Charlotte, Carolina del Norte, mientras que personal del Departamento de Seguridad Nacional abandonó la Base Naval de Great Lakes, utilizada como centro de mando.

Según Capitol News Illinois, el repliegue coincidió con un cambio de estrategia federal y con la presión que generó la orden ahora suspendida.

Sin embargo, la propia agencia reconoció que planeaba volver en primavera boreal con aún más recursos y personal. Esto llevó a Ellis a programar un juicio para comienzos de marzo de 2026 destinado a evaluar si la medida preliminar debía transformarse en permanente.

Batalla judicial en Chicago: los próximos pasos de la disputa

Aunque el 7º Circuito mantuvo en pausa la orden preliminar, el litigio está lejos de cerrarse. La decisión del tribunal reconoció que la evidencia reunida hasta ahora podría justificar una normativa más acotada si se demuestra que los agentes actuaron de manera desproporcionada en distintos episodios.

Por eso, Ellis impulsó un cronograma acelerado que concluirá en un juicio a comienzos de marzo, un escenario que podría definir si el Poder Judicial impone límites permanentes a las tácticas de control utilizadas por el ICE y otras agencias federales.

El fallo también dejó al descubierto la tensión entre el gobierno federal y los tribunales locales respecto del uso de la fuerza en operativos migratorios, en un contexto en el que la estrategia de despliegue masivo —conocida en Chicago como Operation Midway Blitz— se convirtió en un símbolo de las políticas de mano dura de la administración Trump.