El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) propone un cambio de reglas que podría dejar sin beneficios públicos a los inmigrantes. La agencia busca derogar una norma anterior para que los agentes tengan un marco más amplío para determinar la carga pública de un extranjero.

Qué significa la propuesta del DHS y Uscis para los migrantes en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Uscis, publicó el pasado 19 de noviembre un Aviso de Propuesta de Normativa (NPRM, por sus siglas en inglés) en el Registro Federal sobre el Motivo de Inadmisibilidad por Carga Pública.

El término es utilizado en la ley de inmigración de EE.UU. para referirse a una persona que probablemente se vuelva dependiente del gobierno en el futuro. A un inmigrante que se considere probable que se convierta en una carga pública se le puede negar la admisión a EE.UU. o el ajuste de estatus para convertirse en residente permanente.

La norma propuesta busca ampliar significativamente la evaluación de “carga pública”, de aprobarse, estos serían los cambios:

• Eliminaría el estándar de dependiente principal de asistencia financiera o internamiento a largo plazo, y lo reemplazaría con un enfoque más flexible basado en la totalidad de circunstancias, lo que permitiría considerar cualquier dependencia de recursos públicos.
• Suprimiría las limitaciones de la norma de 2022 sobre qué beneficios pueden evaluarse, para abrir la posibilidad de que una gama más amplia de prestaciones públicas influya negativamente en las determinaciones de inadmisibilidad.
• Ampliaría la discreción de los funcionarios del DHS para valorar cualquier información relevante con el objetivo de realizar evaluaciones más completas sobre la capacidad de una persona para sostenerse mediante recursos propios, familiares o privados.

La propuesta y los beneficios públicos a los inmigrantes

El propósito principal de la NPRM es derogar las regulaciones de 2022 relativas al motivo de inadmisibilidad de carga pública para ciertos extranjeros que solicitan visas, admisión o ajuste de estatus.

El Medicare Rights señala que en 2019, la primera Administración de Trump implementó una norma que amplió la definición de carga pública y consideró una gama más amplia de servicios al determinar el requisito.

“Esto incluía si una persona o un miembro de su familia necesita o es probable que necesite ayuda para pagar medicamentos recetados de Medicare, asistencia alimentaria y de vivienda, o servicios de Medicaid, y sanciones por ser mayor de 61 años o tener una discapacidad”, señalan.

La administración Biden anuló la regla de la era Trump y limitó la consideración de los beneficios públicos a la asistencia en efectivo y la institucionalización a largo plazo.

La propuesta que está en etapa de comentarios, significa que el uso que hacen los migrantes de servicios públicos, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) o Medicare, podría tenerse en cuenta a la hora de determinar si se les debe conceder un beneficio migratorio.

Organizaciones advierten sobre las consecuencias de la regla para los inmigrantes

En Medicare Rights, explican que se oponen a la propuesta del Uscis, debido a que si bien algunos funcionarios pueden aplicar la prueba de forma justa, “aumentar la discreción puede poner a los inmigrantes en riesgo de enfrentar una aplicación injusta e inequitativa”.

“Es probable que un sistema ampliado y aplicado de manera errática tenga un efecto paralizante alarmante sobre los inmigrantes y sus familias, provocando que muchas personas eviten buscar atención médica o beneficios para sus hijos ciudadanos por temor a que eso dañe su futuro estatus migratorio”, indican.

Por su parte, Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, comentó: “El plan regresivo de la Administración Trump para reinstaurar una prueba de riqueza de carga pública obsoleta es otro ataque diseñado para sembrar miedo y confusión en las comunidades inmigrantes”.

Agregó que en un momento en que demasiadas familias estadounidenses pasan hambre, este último intento del gobierno federal por privilegiar aún más a los ricos no solo haría retroceder a EE.UU., sino que también pondría en riesgo la salud y bienestar colectivos.