El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propone rescindir de la mayor parte de las regulaciones relacionadas con la inadmisibilidad por carga pública. De aplicarse estos cambios, las personas que utilicen beneficios públicos podrían tener obstáculos para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, como aquellos que apliquen bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Las modificaciones que busca implementar el DHS que afectan a los migrantes

La propuesta de la agencia fue publicada el pasado 19 de noviembre en el registro federal. En el escrito, establece que las regulaciones de 2022 son “indebidamente restrictivas” y obstaculizan la capacidad de los oficiales para determinar si un extranjero se convertirá en una carga pública.

Entre las propuestas del DHS que pueden afectar a los migrantes que solicitan la admisión o solicitud de estatus es la “Ampliación de los beneficios considerados”.

Esta medida permitiría a los oficiales considerar la recepción de cualquier beneficio público como el Medicaid, Programa de Seguro Infantil (CHIP), Programa de Asistencia Suplementaria (SNAP) y beneficios de viviendas como sujeto a verificación por carga pública.

“Al eliminar los artículos 8 del CFR 212.21 y 8 del CFR 212.22, el DHS eliminará el marco indebidamente restrictivo establecido por la Norma Final de 2022, que obliga a los funcionarios a ignorar la recepción de ciertos beneficios públicos como Medicaid, CHIP, SNAP y subsidios de vivienda. Eliminar este enfoque limitado permite a la agencia formular políticas e interpretaciones adecuadas", estipula el documento.

En el escrito, la agencia reconoce que estas modificaciones podrían generar “confusión pública”, disminuir la participación de programas de beneficios públicos e incrementar la pobreza en ciertos grupos familiares.

Cómo la medida afectaría a los migrantes con trámites pendientes en EE.UU.

En diálogo con Univision, Ángel Leal (un abogado constitucionalista y de inmigración) señaló que estos criterios más amplios podrían afectar los trámites migratorios de aquellas personas que reciban cualquier tipo de beneficio gubernamental.

“Hasta ahora se ha interpretado la carga pública como alguien que tendría que depender del gobierno para mantenerse. Pero con este nuevo criterio más amplio, ahora están hablando de cualquier persona que pudiera ser apta de recibir cualquier tipo de beneficio”, dijo el letrado.

Leal señaló que la medida también podría impactar en las personas que apliquen para la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, quiénes quedaban exentas de demostrar que no eran “carga pública” por los propósitos humanitarios de la ley.

En ese sentido, el abogado de inmigración Mayron Gallardo sostuvo que esta modificación sería una “contradicción” por parte de la administración Trump.

“El Congreso aprobó estas ayudas para los residentes cubanos y haitianos, de manera que pudieran recibirlas sin que ello se convirtiera en una carga pública”, declaró.

En qué consiste la inadmisibilidad por carga pública

El término “carga pública” significa que una persona, tras su admisión en Estados Unidos, dependa del Gobierno estadounidense para su subsistencia, según consignó la Sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Para determinar la inelegibilidad son relevantes muchos factores, como la edad, la salud, la situación familiar, los bienes, los recursos, la situación financiera, la educación y las habilidades.