Beneficia a la Argentina: el Parlamento europeo votó postergar la entrada en vigor de una controvertida exigencia antideforestación

El Parlamento europeo votó hoy simplificar los requisitos de su reglamento antideforestación para mercaderías que se comercializan o llegan importadas a ese bloque, como la carne vacuna, productos de la soja, madera, aceite de palma, cacao, caucho, café, y resolvió postergar por un año su aplicación para todas las empresas. Se hará una nueva versión de este reglamento que despertó numerosos rechazos. En la Argentina, por ejemplo, generó críticas de entidades ruralistas.

Según la votación de los eurodiputados (402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones), las empresas que comercializan estos productos contarán un año extra para cumplir las normativas de la UE contra la deforestación. El bloque puso la lupa sobre todas tierras deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020.

“Los grandes operadores y comerciantes deberán cumplir las obligaciones de este reglamento a partir del 30 de diciembre de 2026, y las microempresas y pequeñas empresas a partir del 30 de junio de 2027″, informó el Parlamento de la UE.

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Agregó: “Este plazo adicional pretende garantizar una transición fluida y permitir la aplicación de medidas para reforzar el sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar las declaraciones electrónicas de diligencia debida”.

En el caso de la Argentina, vale recordar que la UE había considerado al país como de riesgo estándar de deforestación, lo que implica mayores exigencias. Las autoridades y el sector empresario pidieron la recategorización a un nivel bajo, lo que implicaría, por ejemplo, además de menores trámites, que solo se hagan inspecciones sobre el 1% de los cargamentos.

En cuanto a la simplificación, según se informó hoy, los eurodiputados consideran que la responsabilidad de presentar una declaración de diligencia debida debería recaer en las empresas que introducen primero el producto en cuestión en el mercado de la UE, y no en los operadores y comerciantes que lo comercializan posteriormente.

Tras la votación el Parlamento europeo, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), dijo a LA NACION: “Desde la exportación de la industria de la soja y de la carne bovina venimos trabajando fuerte en cumplir este reglamento con sistemas hechos en base a nuestro sistema productivo como es VISEC”.

Añadió: “Ese esfuerzo ahora se ve perjudicado por la volatilidad e incertidumbre de los políticos europeos que siguen dudando hacia dónde ir; esperamos poder influenciar en los cambios del reglamento para eliminar todo requisito de segregación que genera costos innecesarios”.

En tanto, según la votación, entre otros puntos, los micro y pequeños operadores primarios solo deberán presentar una declaración simplificada única.

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Por otra parte, se indicó que el Parlamento solicitó una revisión de simplificación antes del 30 de abril de 2026. “El Parlamento está ahora listo para iniciar negociaciones con los Estados miembros sobre la forma final de la ley, que debe ser aprobada tanto por el Parlamento como por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la UE antes de finales de 2025, para que el plazo de un año entre en vigor”, indicó. La UE reconoció que su consumo es “responsable de alrededor del 10 % de la deforestación mundial”.

Hace unos días, productores de manera individual y las rurales de Baradero, San Pedro, Colón, Lincoln, Santa Fe, La Criolla, Rojas, Capitán Sarmiento, la Asociación Regional de Productores de Areco, la Comunidad Islera Asociación Civil Entre Ríos (CIAC), la Rural de Pampa de Indio (Chaco), la Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe, y las rurales de General Pinto y Rosario apuntaron contra la mencionada plataforma Visec.

Entre otros puntos, dijeron: “No es un organismo público argentino. Pero usa datos oficiales, certifica y condiciona a los productores como si lo fuera. Pide acceso a información productiva protegida por secreto fiscal. Pide datos extra que ni siquiera exige la resolución europea. La Unión Europea nunca pidió certificar, sólo geolocalización”.

Se preguntaron “quién pidió esto” y reclamaron una postura “contundente” de las entidades gremiales en contra. Desde Visec no respondieron a los planteos.