Un fallo emitido en California abrió la puerta para que varios grupos de migrantes sin estatus legal reclamen una audiencia de fianza en lugar de quedar sujetos a detenciones automáticas. La decisión ocurre en medio de operaciones federales cada vez más intensas y de un creciente debate sobre el alcance de las facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La decisión judicial contra el ICE y el DHS: cómo afecta las solicitudes de fianza

La jueza federal Sunshine Sykes, del Distrito Central de California, aprobó la certificación de una clase amplia de migrantes que cuestionaron la política del gobierno federal que los sometía a detención obligatoria, sin posibilidad de solicitar una fianza, luego de haber ingresado a Estados Unidos sin ser inspeccionados y de manera ilegal.

El litigio fue encabezado por Lazaro Maldonado Bautista, Ananias Pasqual, Ana Franco Galdamez y Luiz Alberto de Aquino, quienes argumentaron que los arrestos deben estar regulados por el artículo 1226 del Código de Inmigración, una disposición que contempla evaluaciones de custodia y audiencias de fianza, y no por el artículo 1225, que impone detenciones estrictas.

La resolución judicial representa un paso decisivo porque permite avanzar con lo que se conoce como la Bond Eligible Class, una categoría que agrupa a no ciudadanos sin estatus migratorio que ingresaron sin control, no fueron detenidos al momento del cruce y tampoco están sujetos a estatutos que imponen detención obligatoria.

Según consta en el expediente, los peticionarios solicitaron, entre otros puntos, que se declare inválida la política del gobierno que transformaba su arresto en una privación automática de libertad. La jueza coincidió en que existían elementos suficientes para avanzar con la certificación de la clase a nivel nacional, un paso clave para que quienes atraviesan situaciones similares puedan reclamar un trato equitativo.

Qué implica este revés para el ICE y el DHS

Al certificar la clase, el tribunal dejó claro que el proceso continuará y que, si finalmente la política del DHS es declarada inválida, miles de migrantes podrían reclamar audiencias para evaluar si corresponde liberarlos bajo fianza mientras avanzan sus trámites migratorios.

El fallo no establece aún una orden definitiva sobre el fondo, pero marca el camino para que los peticionarios reciban un trato justo y para que el gobierno revise su interpretación de las normas migratorias.

En palabras del tribunal, la medida busca corregir un sistema que, de aplicarse como pretendía la administración Trump, generaba “consecuencias interpretativas” que dañaban de manera uniforme a los migrantes sometidos a detención obligatoria sin una evaluación caso por caso.

Los argumentos centrales del tribunal a favor de los migrantes

El tribunal explicó que la discusión jurídica giraba en torno a si el DHS había interpretado de manera correcta la normativa migratoria. Al profundizar en el análisis, la jueza Sykes sostuvo que la postura de los solicitantes era sólida: correspondía aplicar el artículo 1226, que regula detenciones que permiten audiencias de fianza, y no el 1225, que establece medidas obligatorias para quienes son detenidos tras llegar a Estados Unidos.

A partir de esa lectura, el tribunal concluyó que la política que el gobierno aplicó en los casos de los demandantes estaba mal fundamentada. La orden señaló que el enfoque oficial chocaba con “el lenguaje llano de la ley, los principios básicos de interpretación estatutaria y el esquema interno del propio sistema migratorio”, según el fallo.

En paralelo, los abogados que representaron al gobierno intentaron impedir la certificación, al alegar que una disposición del Código de Inmigración —la sección 1252— limitaba la jurisdicción del tribunal y prohibía la conformación de clases en ciertos litigios.

Sin embargo, la jueza desestimó ese planteo al afirmar que ese argumento se apoyaba en una premisa errónea: la idea de que los demandantes impugnaban una política nueva vinculada a detenciones bajo la sección 1225. En cambio, el tribunal aceptó que los peticionarios reclamaban ser tratados según el artículo 1226, lo que no activaba la restricción planteada por el gobierno.