Una nueva propuesta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) busca ampliar la evaluación de la carga pública en los procesos de beneficios como la residencia permanente. Este motivo también podría calificar como inadmisible a un migrante en EE.UU.

La propuesta del Uscis sobre la carga pública

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), agencia a la que pertenece el Uscis, propone rescindir las regulaciones de 2022 sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública, bajo el argumento de que son incompatibles con la intención del Congreso, son “indebidamente restrictivas” y obstaculizan su capacidad para tomar determinaciones “precisas, exactas y confiables”.

La propuesta, publicada en el Registro Federal, también indica: “La rescisión restauraría una discreción más amplia para evaluar todos los hechos pertinentes y se alinearía con la política de larga data de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios gubernamentales no deben incentivar la inmigración”.

Hay un período de 30 días para presentar comentarios sobre la norma que termina a la medianoche, hora del este, del 19 de diciembre de 2025. Hasta que se finalice, la regulación de carga pública del 2022 seguirá vigente.

Carga pública: el motivo por el que Uscis podría calificar de inadmisible a un migrante

De acuerdo con un análisis de la Universidad de Georgetown, la carga pública es un término utilizado en la ley de inmigración de EE.UU. para referirse a una persona que probablemente se vuelva dependiente del gobierno en el futuro.

Por este motivo, a un inmigrante se le puede negar la admisión a Estados Unidos, o el no poder ajustar su estatus para convertirse en residente permanente legal (titular de una green card).

El California Immigrant Policy Center explica que según la política actual, establecida por la norma final de 2022, “los funcionarios del DHS pueden considerar el uso previo de asistencia financiera o atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno al evaluar si una persona puede convertirse en una carga pública”.

La organización explica que la norma de Administración Trump daría a los funcionarios de inmigración una mayor autoridad para negar la residencia permanente a los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país y que han utilizado ciertos programas públicos, como Medicaid, asistencia alimentaria o de vivienda.

Por su parte, la Kaiser Family Foundation (KFF) indica que estos cambios aumentarían significativamente la discreción de los funcionarios de inmigración al tomar decisiones sobre carga pública y podrían permitirles considerar factores que habían sido excluidos bajo la regla de 2022, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

“Podrían volver a convertirse en factores adversos, incluso si se obtuvieron legalmente”, advierte un reporte del Catholic Legal Immigration Network.

¿Cómo afectaría la nueva norma de carga pública a los solicitantes de beneficios migratorios?

Si se aprueba la normativa, las solicitudes de ajuste de estatus para obtener la green card podrían ser denegadas por las interpretaciones específicas de cada funcionario de inmigración sobre la probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento.

Además, el KFF advierte que “la norma propuesta probablemente aumentaría aún más la confusión y la ansiedad en un momento en que las familias inmigrantes ya experimentan un temor considerablemente mayor debido a las políticas migratorias del presidente Trump”.

Añaden que probablemente provocaría una mayor disminución en el uso de la atención médica y otros programas entre las familias inmigrantes.