Lo real es lo racional. Hegel   Para Hegel, la realidad tiene una estructura lógica y racional, lo que la razón concibe es real, el desarrollo de la razón a través del proceso dialéctico, razón que se traduce en el estado, particularmente en las instituciones sociales. El Estado es la expresión suprema de la racionalidad, en suma es la vinculación entre la razón y la realidad. De acuerdo con la afirmación de Hegel: “Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirlklich ist, das vernünftig” (Lo que es racional es real y lo que es real es racional)1. Es innegable que las reformas al marco jurídico del Estado recientes fueron llevadas a cabo imponiendo la supremacía del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, comparsa la sobrerrepresentación espuria que no se atreve a eliminar ni una coma de los proyectos enviados por dicha supremacía. Como ejemplo, el jueves pasado se volvió a cumplir la costumbre de aprobar a toda velocidad la Ley de Aguas, esta vez la Cámara de Diputados, con 324 votos, y remitiéndola a la Cámara de Senadores para su aprobación, 527 páginas sin mayor trámite en unas cuantas horas, obsequiando así lo instruido. Situación similar o peor con un poder judicial sumiso y obsecuente producto de una charada, de rifas, sorteos y acordeones, que obedeció y obedece al mandato autoritario del ejecutivo, siempre con la complacencia de la mayoría apócrifa legislativa. “Más allá de la esperanza, la experiencia y el conocimiento” concentrada en dos instituciones depositarias del Poder Judicial de la Federación: el “Órgano de Administración Judicial” y el “Tribunal de Disciplina Judicial” que a poco más de tres meses, se desempeñan con ahínco para rescatar y reencauzar la administración de justicia, apartados de locuaces e improcedentes intentonas de vulnerar el Estado de derecho se rebelan contra la ignorancia, la incompetencia, de aquellos cegados por políticas contrarias al espíritu de la justicia constitucional. Su tarea es la aplicación adecuada de las reformas judiciales que depende sin duda de que estas instituciones garanticen la prestación de los servicios inherentes a una buena administración de justicia. Se trata de romper intereses creados establecidos hace mucho dentro del sistema de justicia y que se benefician de la ausencia de un sistema independiente e imparcial. Sistema de justicia en el que la corrupción adquiere la forma de soborno, presiones políticas e influencias personales a diferentes niveles, estrechamente vinculada con problemas de infraestructura: salarios bajos, inestabilidad en el ejercicio del cargo, ausencia de una evaluación profesional basada en los méritos, y también las prácticas largamente establecidas de que la ley no se aplica a todos por igual. Sumado a ello, y relacionado con el problema del orden público, está la magnitud de la delincuencia organizada y el narcotráfico y cómo ha llegado a infiltrarse en las instituciones del Estado en diversos niveles. La capacidad del Estado para hacer frente a la su infiltración en los cargos públicos está gravemente socavada. Si combinamos esto con una tradición de impunidad en los cargos públicos, encontramos entonces grandes obstáculos para alcanzar una reforma legal efectiva. A lo anterior y de acuerdo a la dialéctica hegeliana, todo este galimatías político jurídico y social resulta irreal y absurdo, una división de Poderes devorada por un Poder Ejecutivo, la anulación de Órganos Autónomos Constitucionales y en una charada más la imposición en la Fiscalía General de la República, “último reducto de la autonomía”. La demanda ciudadana de una justicia pronta y cumplida no está satisfecha. No existe una correlación positiva entre confianza en la justicia y bienestar social, que viene a ratificar de que manera el desarrollo socioeconómico del pueblo está vinculado al orden y legalidad qué pueda imponer un estado de derecho justo y eficiente. 1. Traducción de Sebastián Ponce Henrich, perito traductor e intérprete oficial del idioma alemán.   Columnista: Federico Ponce RojasImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0Lo real es lo racional. Hegel   Para Hegel, la realidad tiene una estructura lógica y racional, lo que la razón concibe es real, el desarrollo de la razón a través del proceso dialéctico, razón que se traduce en el estado, particularmente en las instituciones sociales. El Estado es la expresión suprema de la racionalidad, en suma es la vinculación entre la razón y la realidad. De acuerdo con la afirmación de Hegel: “Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirlklich ist, das vernünftig” (Lo que es racional es real y lo que es real es racional)1. Es innegable que las reformas al marco jurídico del Estado recientes fueron llevadas a cabo imponiendo la supremacía del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, comparsa la sobrerrepresentación espuria que no se atreve a eliminar ni una coma de los proyectos enviados por dicha supremacía. Como ejemplo, el jueves pasado se volvió a cumplir la costumbre de aprobar a toda velocidad la Ley de Aguas, esta vez la Cámara de Diputados, con 324 votos, y remitiéndola a la Cámara de Senadores para su aprobación, 527 páginas sin mayor trámite en unas cuantas horas, obsequiando así lo instruido. Situación similar o peor con un poder judicial sumiso y obsecuente producto de una charada, de rifas, sorteos y acordeones, que obedeció y obedece al mandato autoritario del ejecutivo, siempre con la complacencia de la mayoría apócrifa legislativa. “Más allá de la esperanza, la experiencia y el conocimiento” concentrada en dos instituciones depositarias del Poder Judicial de la Federación: el “Órgano de Administración Judicial” y el “Tribunal de Disciplina Judicial” que a poco más de tres meses, se desempeñan con ahínco para rescatar y reencauzar la administración de justicia, apartados de locuaces e improcedentes intentonas de vulnerar el Estado de derecho se rebelan contra la ignorancia, la incompetencia, de aquellos cegados por políticas contrarias al espíritu de la justicia constitucional. Su tarea es la aplicación adecuada de las reformas judiciales que depende sin duda de que estas instituciones garanticen la prestación de los servicios inherentes a una buena administración de justicia. Se trata de romper intereses creados establecidos hace mucho dentro del sistema de justicia y que se benefician de la ausencia de un sistema independiente e imparcial. Sistema de justicia en el que la corrupción adquiere la forma de soborno, presiones políticas e influencias personales a diferentes niveles, estrechamente vinculada con problemas de infraestructura: salarios bajos, inestabilidad en el ejercicio del cargo, ausencia de una evaluación profesional basada en los méritos, y también las prácticas largamente establecidas de que la ley no se aplica a todos por igual. Sumado a ello, y relacionado con el problema del orden público, está la magnitud de la delincuencia organizada y el narcotráfico y cómo ha llegado a infiltrarse en las instituciones del Estado en diversos niveles. La capacidad del Estado para hacer frente a la su infiltración en los cargos públicos está gravemente socavada. Si combinamos esto con una tradición de impunidad en los cargos públicos, encontramos entonces grandes obstáculos para alcanzar una reforma legal efectiva. A lo anterior y de acuerdo a la dialéctica hegeliana, todo este galimatías político jurídico y social resulta irreal y absurdo, una división de Poderes devorada por un Poder Ejecutivo, la anulación de Órganos Autónomos Constitucionales y en una charada más la imposición en la Fiscalía General de la República, “último reducto de la autonomía”. La demanda ciudadana de una justicia pronta y cumplida no está satisfecha. No existe una correlación positiva entre confianza en la justicia y bienestar social, que viene a ratificar de que manera el desarrollo socioeconómico del pueblo está vinculado al orden y legalidad qué pueda imponer un estado de derecho justo y eficiente. 1. Traducción de Sebastián Ponce Henrich, perito traductor e intérprete oficial del idioma alemán.   Columnista: Federico Ponce RojasImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0