El Diccionario de la Lengua Española define a la procuración como el cuidado o diligencia con que se trata y maneja un negocio; y agrega que es el oficio o cargo del procurador. La procuración de la justicia es un pilar fundamental para la vida de una sociedad, que debe garantizar el acceso efectivo a la legalidad y el respeto de los derechos humanos. Este proceso implica la investigación, persecución y sanción de los delitos, así como la protección de las víctimas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público. De acuerdo a nuestra Constitución, esta función se encomienda al Ministerio Público, que se organiza en una Fiscalía General de la República. La institución de la Fiscalía fue adoptada por nuestros documentos constitucionales desde la Constitución de Apatzingán y preservada por las Constituciones de 1824, 1836 y 1843. La Constitución de 1857 consagró a la institución del Ministerio Público como dependiente del Poder Judicial de la Federación; y fue hasta 1903 en que se le trasladó como parte integrante del Poder Ejecutivo. La Procuraduría General de la República fue parte del gabinete de los Presidentes durante casi un siglo, lo cual siempre fue criticado, debido a que su independencia en el ejercicio de la acción penal era muy cuestionable. Mediante una reforma constitucional en 2014 se creó a la actual Fiscalía General de la República como organismo constitucional autónomo; y fue en enero de 2019 en que el Pleno de la Cámara de Senadores eligió al doctor Alejandro Gertz Manero como su primer titular. El Inegi indica que, al cierre de 2025, sólo existen 25 fiscalías estatales con funciones de organismo constitucional autónomo; lo que deja entrever que el proceso iniciado desde 2014 no ha terminado de concretarse en el país, situación que compromete la eficiente investigación y persecución de los delitos. De igual forma, después de la inopinada renuncia del titular de la Fiscalía General antes de concluir su mandato, debemos subrayar que tampoco ningún otro fiscal de las entidades federativas ha terminado el periodo para el cual había sido designado. Esto significa que no hay voluntad política para que los Poderes Ejecutivos renuncien a la costumbre de mantener bajo su control la función de procuración de justicia y el ejercicio de la acción penal. La elección en el Senado de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República generó muchos consensos y tiene varias lecturas que pueden ser positivas. La primera, la posibilidad de una mejor coordinación con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, para la más eficaz investigación de los delitos. Y la segunda, dada su estrecha relación con la Presidencia de la República, pueda lograr obtener más apoyo presupuestal para profesionalizar las actividades ministeriales con elementos técnicos modernos y poder brindar así mejor servicio. El reto heredado es enorme. El Inegi reporta que tan sólo durante 2024 se abrieron 78,611 carpetas de investigación en la FGR; y la impunidad histórica de los delitos es superior a 90 por ciento. Cuando se discutió la pertinencia de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se prometió ­—desde las más altas esferas del gobierno— que habría una reforma profunda a las fiscalías para mejorar la procuración e impartición de justicia, bajo los principios de objetividad, lealtad y buena fe. Desde la academia, se estará pendiente de que esto se haga realidad. Como Corolario la frase del juez George Sutherland: “El primer y más fundamental deber de un fiscal es no el de asegurar condenas, sino el de ver que se haga justicia”.   Columnista: Raúl Contreras BustamanteImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0El Diccionario de la Lengua Española define a la procuración como el cuidado o diligencia con que se trata y maneja un negocio; y agrega que es el oficio o cargo del procurador. La procuración de la justicia es un pilar fundamental para la vida de una sociedad, que debe garantizar el acceso efectivo a la legalidad y el respeto de los derechos humanos. Este proceso implica la investigación, persecución y sanción de los delitos, así como la protección de las víctimas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público. De acuerdo a nuestra Constitución, esta función se encomienda al Ministerio Público, que se organiza en una Fiscalía General de la República. La institución de la Fiscalía fue adoptada por nuestros documentos constitucionales desde la Constitución de Apatzingán y preservada por las Constituciones de 1824, 1836 y 1843. La Constitución de 1857 consagró a la institución del Ministerio Público como dependiente del Poder Judicial de la Federación; y fue hasta 1903 en que se le trasladó como parte integrante del Poder Ejecutivo. La Procuraduría General de la República fue parte del gabinete de los Presidentes durante casi un siglo, lo cual siempre fue criticado, debido a que su independencia en el ejercicio de la acción penal era muy cuestionable. Mediante una reforma constitucional en 2014 se creó a la actual Fiscalía General de la República como organismo constitucional autónomo; y fue en enero de 2019 en que el Pleno de la Cámara de Senadores eligió al doctor Alejandro Gertz Manero como su primer titular. El Inegi indica que, al cierre de 2025, sólo existen 25 fiscalías estatales con funciones de organismo constitucional autónomo; lo que deja entrever que el proceso iniciado desde 2014 no ha terminado de concretarse en el país, situación que compromete la eficiente investigación y persecución de los delitos. De igual forma, después de la inopinada renuncia del titular de la Fiscalía General antes de concluir su mandato, debemos subrayar que tampoco ningún otro fiscal de las entidades federativas ha terminado el periodo para el cual había sido designado. Esto significa que no hay voluntad política para que los Poderes Ejecutivos renuncien a la costumbre de mantener bajo su control la función de procuración de justicia y el ejercicio de la acción penal. La elección en el Senado de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República generó muchos consensos y tiene varias lecturas que pueden ser positivas. La primera, la posibilidad de una mejor coordinación con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, para la más eficaz investigación de los delitos. Y la segunda, dada su estrecha relación con la Presidencia de la República, pueda lograr obtener más apoyo presupuestal para profesionalizar las actividades ministeriales con elementos técnicos modernos y poder brindar así mejor servicio. El reto heredado es enorme. El Inegi reporta que tan sólo durante 2024 se abrieron 78,611 carpetas de investigación en la FGR; y la impunidad histórica de los delitos es superior a 90 por ciento. Cuando se discutió la pertinencia de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se prometió ­—desde las más altas esferas del gobierno— que habría una reforma profunda a las fiscalías para mejorar la procuración e impartición de justicia, bajo los principios de objetividad, lealtad y buena fe. Desde la academia, se estará pendiente de que esto se haga realidad. Como Corolario la frase del juez George Sutherland: “El primer y más fundamental deber de un fiscal es no el de asegurar condenas, sino el de ver que se haga justicia”.   Columnista: Raúl Contreras BustamanteImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0