El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), en Nueva York y otros estados, corre peligro debido a una determinación de la Administración Trump. La medida representa malas noticias para miles de beneficiarios que podrían quedarse sin pagos de ayuda para alimentación.
El pasado martes 2 de diciembre, la secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, explicó durante una reunión de gabinete que se retendrá el dinero para administrar el programa en la mayoría de los estados gobernador por demócratas, a partir de la próxima semana.
La determinación llega luego de que esas entidades se negaron a proporcionar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) datos que incluyen los nombres de los beneficiarios y sus estados migratorios.
De acuerdo con la información que proporcionó Rollins, 29 estados con mayoría republicana han cumplido con la petición, pero 21 jurisdicciones, entre ellas Nueva York, se han negado a proporcionar los datos solicitados en febrero.
Al respecto, la funcionaria federal indicó: “Hemos comenzado y comenzaremos a detener el traslado de fondos federales a esos estados, hasta que cumplan y nos lo digan y nos permitan asociarnos con ellos para erradicar este fraude y proteger a estos contribuyentes estadounidenses”.
Luego de que se diera a conocer el mensaje de la secretaria de Agricultura, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Pregunta genuina: ¿Por qué la Administración Trump está tan empeñada en que la gente pase hambre?“.
Pero la batalla legal entre los gobiernos demócratas advertidos y la administración federal no acaba de comenzar. Hace unos meses, las entidades interpusieron una demanda para bloquear el requisito.
Los estados argumentan que verifican la elegibilidad de los beneficiarios del SNAP y que nunca comparten grandes cantidades de datos confidenciales del programa con el gobierno federal.
Los fiscales generales también señalaron que la exigencia formaba parte de una campaña de la Administración Trump para “recopilar datos personales sensibles de los estadounidenses y utilizarlos indebidamente con fines no autorizados”.
Según NBC News, un juez federal de San Francisco emitió una orden que impide a la administración federal retener los fondos del SNAP a los estados que se nieguen a proporcionar los datos solicitados. “El Departamento de Agricultura puede apelar la decisión y tiene hasta el 15 de diciembre para decidir si lo hace”.
AP señala que el impacto de la pérdida de fondos administrativos para el SNAP por parte de los estados no está claro. Sin embargo, se ha advertido que las políticas podrían tener costos tan elevados para las entidades que algunas podrían abandonar el programa por completo en lugar de absorber los gastos adicionales.
“Los estados no pueden utilizar el dinero destinado a las prestaciones para cubrir costos administrativos”, indica.
Un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo a NOTUS que los estados que se nieguen a entregar los datos tendrán otra oportunidad de hacerlo antes de perder la financiación.
“Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos y, si no cumplen, recibirán una advertencia formal de que el USDA retirará sus fondos administrativos”.
De acuerdo con The Associated Press, la semana pasada, el gobierno federal envió a los estados una carta para invitarlos a cumplir con la disposición, y se acordó dar a los estados hasta el 8 de diciembre para responder.
La agencia de noticias también refiere que ley federal permite al USDA retener parte del dinero que reciben los estados por administrar SNAP si existe un patrón de incumplimiento de ciertas regulaciones.

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