La Deferred Action (Acción Diferida, en español) se convirtió en una de las herramientas más necesitadas cuando una persona enfrenta una expulsión inminente de Estados Unidos. Aunque no otorga un estatus migratorio legal, sí puede suspender temporalmente una deportación y abrir la puerta a beneficios esenciales, como un permiso de trabajo.
La Acción Diferida es una determinación discrecional utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para aplazar la remoción de una persona. Según explica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), esta medida implica que el gobierno decide, de manera voluntaria y caso por caso, posponer la deportación de un individuo.
No obstante, esto no transforma la situación migratoria del solicitante ni lo coloca dentro de un estatus legal reconocido por la ley estadounidense.
Durante el período en que la Acción Diferida permanece vigente, la persona es vista por las autoridades como autorizada a permanecer en EE.UU. Además, deja de acumular presencia ilegal para efectos de futuras calificaciones de inadmisibilidad.
El Uscis también aclara que, en ese tiempo, el migrante es considerado “legalmente presente” para ciertos beneficios públicos específicos, como algunos asociados al Seguro Social.
Dentro de las formas de esta medida, la más reconocida es la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Se trata de un programa anunciado el 15 de junio de 2012 con el fin de dirigir los recursos del sistema hacia quienes representaban un riesgo para la seguridad nacional y no hacia jóvenes que habían llegado como niños y cumplían con criterios definidos. En 2022, el gobierno publicó la norma final que consolidó su vigencia e incorporó los lineamientos en los reglamentos migratorios.
El Uscis detalla que el beneficio obtenido mediante DACA es idéntico al que recibe cualquier persona con Acción Diferida: suspensión temporal de remoción, posibilidad de solicitar permiso de trabajo y ausencia de acumulación de presencia ilegal durante el período otorgado.
Tras una decisión judicial de 2021, el programa DACA frenó por completo el ingreso de nuevos solicitantes y dejó a cientos de miles de beneficiarios pendientes de decisiones judiciales. Solo se permiten renovaciones y el Uscis mantuvo suspendido el procesamiento de solicitudes iniciales.
De acuerdo con los datos oficiales citados por Forum, al 31 de marzo de 2025 había 525.210 beneficiarios activos, una caída respecto de los 533.280 registrados tres meses antes. La disminución, más pronunciada que en otros períodos, se vinculó con demoras administrativas dentro del Uscis, que redujeron en un 18% el número de casos migratorios procesados en el segundo trimestre de este año fiscal, un retraso capaz de hacer que muchos jóvenes pierdan su protección por expiración involuntaria.
Antes de que la acción diferida fuera frenada, podía aplicarse a diferentes situaciones. El Uscis estableció criterios estrictos para quienes intentaban obtener el beneficio bajo DACA. Para ser considerado, el solicitante debía cumplir con todas las pautas iniciales:
La acción diferida se usa directamente como un alivio que permite detener procesos de remoción. Según el Uscis, una persona puede solicitar DACA incluso si:
Las agencias migratorias, como el ICE o la CBP, deben considerar la discreción caso por caso cuando encuentran a alguien que cumple con los criterios. Si el interesado se encuentra detenido, puede solicitar el beneficio, aunque no será aprobado hasta su liberación.


