La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay confirmó el mayor decomiso de marihuana en tránsito en la historia de ese país: 88.991 kilogramos de cannabis prensado, que fueron interceptados durante la llamada “Operación Umbral” en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. El cargamento, con un valor estimado superior a los 13,3 millones de dólares en el mercado brasileño, circulaba en un convoy de 19 vehículos que recorrió más de 120 kilómetros sin ser detectado por las autoridades policiales locales. El movimiento de drogas en ese país, en volumen y logística, es seguido con atención en nuestro país, ya que los grupos que operan la red de marihuana en Paraguay abastecen al mercado ilegal argentino.
El operativo, que fue ejecutado durante la madrugada del miércoles pasado, estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Senad en coordinación con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público de Paraguay. Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado que terminó con cinco personas detenidas, un integrante de la organización criminal abatido y otro herido. Los 19 vehículos utilizados para el transporte del cargamento ilícito fueron secuestrados.
El ministro de la Senad, Jalil Rachid, denunció que el convoy narco transitó libremente por una ruta donde operan 11 comisarías policiales sin que ninguna interviniese. “Los autos estaban cargados a tope y circularon campantemente en caravana”, declaró Rachid, quien no descartó la participación de autoridades de control involucradas. El titular de la Senad afirmó que los agentes policiales de la zona “o reciben pagos o, como mínimo, estaban durmiendo en vez de estar trabajando”.
La controversia se profundizó cuando se hallaron en una zona de fuga los documentos del comisario Osvaldo Andino, director de Investigaciones de la Policía Nacional. Andino argumentó que los papeles se le cayeron mientras “brindaba ayuda” a los agentes que intervenían en el operativo. Pero esa versión fue desmentida por Rachid: “Ningún policía participó del procedimiento”, sentenció. El Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, defendió a Andino y anunció que todos los agentes de las comisarías apostadas en la ruta fueron cambiados y serán investigados por Asuntos Internos.
Este decomiso récord expone la dimensión de la industria ilegal del cannabis en Paraguay, considerado el mayor productor de marihuana de Sudamérica y el segundo a nivel mundial después de Marruecos. Según informes de la Secretaría Nacional Antidrogas, el país cultiva aproximadamente 21.000 hectáreas anuales de cannabis, aunque especialistas calculan que la cifra real podría triplicar esa estimación, alcanzando hasta 10.000 hectáreas efectivas con una producción anual que supera las 30.000 toneladas.
La geografía paraguaya ofrece condiciones ideales para el cultivo: clima subtropical, tierra fértil y vastas extensiones de territorio fronterizo de difícil control. Las principales plantaciones se concentran en los departamentos de Amambay, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa, en zonas limítrofes con Brasil, Argentina y Bolivia.
La mejora en las técnicas de cultivo, con la introducción de semillas mejoradas con transgénicos en la última década, permitió ampliar las cosechas de dos a tres o incluso cuatro ciclos anuales, y logró elevar la productividad en la zona de Kambá Rembé. Organizaciones criminales brasileñas como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC) adquirieron tierras y estancias en territorio paraguayo para establecer sus propias plantaciones, integrando verticalmente la cadena de producción y tráfico.
Según datos del World Drug Report de las Naciones Unidas, el 77% de la marihuana producida en Paraguay se destina al mercado brasileño, el 20% se distribuye entre Argentina y Bolivia, y apenas el 4% permanece en territorio paraguayo para consumo local. Brasil, con sus más de 200 millones de habitantes, representa el principal mercado consumidor de cannabis de la región.
El “prensado paraguayo” se ha convertido en el producto dominante en el mercado brasileño, donde tradicionalmente se prioriza el precio sobre la calidad. La marihuana paraguaya se vende en plantaciones a aproximadamente 6 dólares el kilo, alcanza 45 dólares en el mercado paraguayo, y supera los 1200 dólares en Brasil. Si el destino final es Chile —atravesando Bolivia y Argentina como países de tránsito— el precio puede dispararse hasta 2500 dólares por kilogramo.
La frontera entre Paraguay y Brasil, particularmente en el eje Pedro Juan Caballero-Punta Porá, constituye el epicentro del narcotráfico regional. Esta zona de conurbación binacional facilita el tránsito de drogas y ha desatado una violenta disputa territorial entre organizaciones criminales brasileñas por el control de las rutas. Desde allí despegan las avionetas que bombardean drogas en territorio argentino.
Mientras la producción ilegal de marihuana genera cerca de 800 millones de dólares anuales sin tributación, Paraguay aprobó en 2017 la ley 6007 que autoriza el uso medicinal del cannabis, aunque con severas restricciones. Desde 2020, apenas 12 empresas locales han obtenido licencias para producción medicinal, y solo una ha logrado registrar un producto con THC. La contradicción legal es notable: la posesión de hasta 10 gramos está despenalizada, pero cultivar una sola planta puede implicar entre 5 y 15 años de prisión.
Actualmente, el Senado paraguayo debate una reforma histórica que podría legalizar el cannabis de uso adulto en marzo de 2025, permitiendo la venta en dispensarios regulados y ofreciendo a las familias campesinas hasta 25.000 dólares por hectárea de cultivo legal, según confirmó Marcelo Demp, presidente de la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay. De concretarse, Paraguay se convertiría en el primer país sudamericano en ofrecer cannabis recreativo a turistas en un mercado regulado.
Rachid destacó que la Operación Umbral representa “un duro impacto para la logística criminal que utiliza el territorio paraguayo como ruta de tránsito”. El ministro, exfiscal especializado en narcotráfico en Canindeyú, subrayó que el resultado refleja “el trabajo de inteligencia estratégica desarrollado por la institución y la coordinación interinstitucional”.
Este decomiso supera el anterior récord de 57.850 kilos incautados el 23 de diciembre de 2024 en la colonia Marangatu, también en Canindeyú. Sin embargo, las cifras de incautación —por más espectaculares que parezcan— apenas rasguñan la superficie de una industria que mueve miles de toneladas anualmente hacia mercados regionales, con redes que involucran desde campesinos explotados en condiciones semifeudales hasta estructuras criminales transnacionales con capacidad logística para movilizar convoyes de casi 20 vehículos en rutas supuestamente controladas por autoridades paraguayas.

