El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias y definió los asuntos que se tratarán

El Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre para tratar un paquete de seis proyectos detallados en el Decreto 865/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Entre los temas a debatir figura el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026. También se incorpora el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que establece parámetros para revisar obligaciones tributarias, y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El temario suma, además, el proyecto de ley de modernización laboral, que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante este período. La agenda incluye asimismo una propuesta de reforma del Código Penal y una iniciativa para adecuar la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.

El decreto, que llevaba la firma del Presidente desde el viernes pasado -como informó LA NACION-, se difundió oficialmente este martes a través del Boletín Oficial. En paralelo, el Gobierno convocó para hoy a las 13.30 a los integrantes del Consejo de Mayo, quienes en las últimas horas recibieron los borradores del informe final con las conclusiones de los encuentros mantenidos durante el año, incluida la versión más reciente de la reforma laboral.

Dentro de la estrategia legislativa, la principal meta del Ejecutivo es aprobar el presupuesto 2026, señalado como una señal inicial de estabilidad para los mercados. El oficialismo apunta a obtener la media sanción el miércoles 17 y, aunque no descarta eventuales modificaciones, remarca que cualquier cambio deberá preservar el equilibrio fiscal y que, en caso contrario, se utilizará el veto como en otras ocasiones.

En el listado de iniciativas también figura el proyecto de inocencia fiscal, que busca introducir cambios en el régimen tributario general y en la normativa simplificada del impuesto a las ganancias. La propuesta contempla elevar el umbral a partir del cual se configura el fraude fiscal y acortar los plazos de prescripción de las obligaciones.

Respecto de la reforma del Código Penal, el Ejecutivo plantea tres objetivos principales: endurecer las penas, ampliar el catálogo de conductas punibles y revisar el régimen de prescripción, las condiciones de excarcelación y las circunstancias agravantes.

La ley de Glaciares es una demanda que las provincias de Cuyo y del Norte piden desde hace tiempo para alentar las inversiones mineras en sus territorios. La reforma propone delegar en cada provincia la definición de cuál es su zona periglaciar.