Cada 9 de diciembre, la ONU impulsa esta efeméride para visibilizar el impacto económico y social de la corrupción y promover la participación de todos los sectores en su erradicación. Desde 2003, el Día Internacional contra la Corrupción busca instalar en la agenda pública la necesidad de combatir una problemática que afecta a los Estados, debilita instituciones y profundiza desigualdades. La ONU, promotora de esta fecha, advierte que la corrupción se sostiene gracias al abuso de poder de funcionarios y agentes públicos que obtienen beneficios personales a costa del conjunto de la sociedad. Las cifras que difunde el organismo muestran la magnitud del problema: cada año se pagan alrededor de un billón de dólares en sobornos, mientras que otros 2,6 billones se pierden por prácticas corruptas. Esa suma equivale al 5% del PBI mundial, un drenaje de recursos que golpea con mayor fuerza a los países en desarrollo, donde el dinero sustraído supera por diez lo que se destina a mejorar la calidad de vida de la población. Frente a este escenario, distintos actores institucionales insisten en la necesidad de un compromiso social amplio. La consigna de este año —“Tu derecho, tu desafío: decile no a la corrupción”— apunta a reforzar el rol de la ciudadanía en la detección, denuncia y prevención de irregularidades. La ONU destaca que la responsabilidad es compartida: políticos, trabajadores judiciales, medios de comunicación, empresas, docentes, jóvenes y organizaciones civiles deben involucrarse para proteger derechos y fortalecer la transparencia. Uno de los instrumentos para medir el fenómeno a nivel global es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado a partir de encuestas y evaluaciones de expertos. La escala va de 0 a 100, donde los valores más bajos indican mayor corrupción. En 2018, Dinamarca y Nueva Zelanda encabezaron el ranking como los países más transparentes, con puntajes de 88 y 87. En el extremo opuesto, Afganistán, Corea del Norte y Somalia obtuvieron apenas 8 puntos, ubicándose entre los más afectados por prácticas corruptas. La jornada del 9 de diciembre recuerda, así, que la lucha contra la corrupción es un desafío permanente y colectivo, y que su impacto excede lo económico: compromete derechos, oportunidades y el funcionamiento mismo de las democracias. LN Cada 9 de diciembre, la ONU impulsa esta efeméride para visibilizar el impacto económico y social de la corrupción y promover la participación de todos los sectores en su erradicación. Desde 2003, el Día Internacional contra la Corrupción busca instalar en la agenda pública la necesidad de combatir una problemática que afecta a los Estados, debilita instituciones y profundiza desigualdades. La ONU, promotora de esta fecha, advierte que la corrupción se sostiene gracias al abuso de poder de funcionarios y agentes públicos que obtienen beneficios personales a costa del conjunto de la sociedad. Las cifras que difunde el organismo muestran la magnitud del problema: cada año se pagan alrededor de un billón de dólares en sobornos, mientras que otros 2,6 billones se pierden por prácticas corruptas. Esa suma equivale al 5% del PBI mundial, un drenaje de recursos que golpea con mayor fuerza a los países en desarrollo, donde el dinero sustraído supera por diez lo que se destina a mejorar la calidad de vida de la población. Frente a este escenario, distintos actores institucionales insisten en la necesidad de un compromiso social amplio. La consigna de este año —“Tu derecho, tu desafío: decile no a la corrupción”— apunta a reforzar el rol de la ciudadanía en la detección, denuncia y prevención de irregularidades. La ONU destaca que la responsabilidad es compartida: políticos, trabajadores judiciales, medios de comunicación, empresas, docentes, jóvenes y organizaciones civiles deben involucrarse para proteger derechos y fortalecer la transparencia. Uno de los instrumentos para medir el fenómeno a nivel global es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado a partir de encuestas y evaluaciones de expertos. La escala va de 0 a 100, donde los valores más bajos indican mayor corrupción. En 2018, Dinamarca y Nueva Zelanda encabezaron el ranking como los países más transparentes, con puntajes de 88 y 87. En el extremo opuesto, Afganistán, Corea del Norte y Somalia obtuvieron apenas 8 puntos, ubicándose entre los más afectados por prácticas corruptas. La jornada del 9 de diciembre recuerda, así, que la lucha contra la corrupción es un desafío permanente y colectivo, y que su impacto excede lo económico: compromete derechos, oportunidades y el funcionamiento mismo de las democracias. LN