El Ejército de EE.UU. apresa un petrolero frente a las costas de Venezuela

Un paso más en la escalada de tensión de EE.UU. contra Venezuela. El Ejército de EE.UU. interceptó y confiscó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, según anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump, este miércoles en la Casa Blanca: “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero grande, muy grande, el más grande que se haya visto nunca, y están sucediendo otras cosas que verán más tarde”.

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Según informa Bloomberg, EE.UU. llevó a cabo una “acción judicial contra un buque sin bandera” que había atracado en Venezuela. La petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA y los ministerios de Petróleo e Información de Venezuela no respondieron a las peticiones de comentarios.

La acción de Estados Unidos, que es un paso más en la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro, supone bloquear la exportación de petróleo por parte de Venezuela. La mayor parte del petróleo venezolano se destina a China, informa Bloomberg.

En un discurso tras una marcha de agricultores en Caracas, Nicolás Maduro aseguró que su país está preparado “para partirles los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta”. “Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor”.

La incautación del petrolero se comunicó el mismo día en que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y partidaria de la intervención extranjera para deponer al presidente del país, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Asesinatos extrajudiciales y presión del Congreso

“Lo que vi en esa sala ha sido una de las cosas más inquietantes que vi en mi carrera pública”. El representante de Connecticut Jim Himes, el líder demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se expresaba así después de ver el video del ataque del 2 de septiembre que les mostró el Pentágono a puerta cerrada en el que se ve cómo rematan a dos supervivientes: “Hay dos personas en clara situación de peligro, con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos”.

El mismo día en que el almirante Frank 'Mitch' Bradley comparecía ante el Congreso para dar explicaciones sobre ese ataque, el Ejército de EE.UU. comunicó un nuevo hundimiento, en el Pacífico Oriental: “El 4 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales operado por una organización designada como terrorista. Los servicios de información confirmaron que transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. Cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque resultaron muertos”.

Así, la cifra asciende a 87 asesinatos extrajudiciales en total. Sin proceso, sin pruebas, de civiles indefensos.

Los ataques contra supuestas 'narcolanchas' que arrancaron el 2 de septiembre en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, y tres meses después empiezan a hacer mella en la Administración Trump. Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encuentra sometido a presión del Senado y la Cámara de Representantes por haber ordenado rematar a dos supervivientes en el primer hundimiento, que terminó con 11 asesinatos extrajudiciales.

Tanto republicanos como demócratas en el Congreso abrieron investigaciones ante lo que podría constituir un crimen de guerra por la ejecución de personas a la deriva, y este jueves comparecía en el Capitolio el comandante que, según la Administración Trump, ordenó el segundo ataque, el almirante Frank 'Mitch' Bradley.

Un ataque posterior a finales de septiembre llevó a la familia de un colombiano a presentar una denuncia formal ante el principal organismo de vigilancia de los derechos humanos en el continente americano. La petición de la familia de Alejandro Carranza afirma que el ejército bombardeó su barco pesquero el 15 de septiembre, violando las convenciones de derechos humanos.

La Cámara de Representantes estuvo casi dos meses sin actividad porque los republicanos no querían presión política durante el cierre del Gobierno. Pero una vez superado, se acumulan las resoluciones registradas para evitar un ataque a Venezuela que viene telegrafiando Donald Trump desde septiembre.

La última, registrada, el martes de la semana pasada, dice lo siguiente: “El Congreso ordena al presidente que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro de Venezuela o contra este país, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar”.

La resolución fue impulsada por el representante demócrata por Massachusetts James McGovern, y apoyada por el republicano por Kentucky Thomas Massie.

Y el miércoles pasado, los demócratas del Senado, junto con el senador Rand Paul (republicano por Kentucky), presentaron otra resolución sobre los poderes de guerra para impedir que la Casa Blanca utilice las fuerzas armadas en hostilidades con Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, presentada por Paul y los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia), Adam Schiff (demócrata por California) y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), ordena a Trump que deje de utilizar el ejército “a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.