Fiscalía de Bolivia pide prisión preventiva para expresidente Luis Arce por riesgo de fuga
La Fiscalía de Bolivia solicitó este jueves prisión preventiva durante tres meses para el expresidente Luis Arce, quien se encuentra detenido desde la víspera por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía.
El Ministerio Público pidió que el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) sea enviado a la cárcel de Qalahuma de la ciudad de Viacha, en el departamento de La Paz, alegando riesgo de fuga y obstrucción a la investigación, además de los indicios por los que el exmandatario fue arrestado.
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El escrito de imputación, al que ha tenido acceso el diario 'El Deber', recoge que Arce —que se ha acogido a su derecho a no declarar en su primera comparecencia ante las autoridades— "sugirió, promovió y autorizó la canalización irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares".
Además, la Fiscalía anunció que llamará a declarar a 24 personas clave en el marco de la causa, incluidas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, la excónsul de Bolivia en Puno (Perú) Felipa Huanca y otros ex altos cargos durante el periodo en que se habrían cometido los delitos. Según las autoridades de Bolivia, los hechos investigados se remontan a la etapa en la que Arce se desempeñó como ministro de Economía, esto es, de 2006 a 2017 y posteriormente entre enero y noviembre de 2019, durante el mandato de Evo Morales.
Los cargos atribuidos a Arce son enriquecimiento ilícito, adopción de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica, según señaló en la víspera el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien apuntó asimismo a la aprobación de "proyectos fantasma" financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).
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"Todo esto contribuyó a la crisis económica que hoy vivimos", aseguró en declaraciones recogidas por 'El Deber', denunciando un perjuicio de unos 360 millones de bolivianos (cerca de 44.5 millones de euros).
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