La SIDE activaría un protocolo para regular las aprehensiones por parte de agentes de inteligencia

El Gobierno empezó a trabajar en un protocolo interno para regular las aprehensiones por parte de agentes de inteligencia, uno de los puntos más controvertidos del DNU 941/2025 que reformó el sistema de espionaje y abrió una tormenta política y jurídica. Fuentes cercanas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) admiten que la letra del decreto dejó zonas grises que ahora buscarían acotar para evitar excesos operativos, denuncias judiciales y un desgaste mayor en un terreno especialmente sensible.

Espionaje, poder y control democrático: la SIDE en el centro del debate por el DNU de Milei

Según explican, la reglamentación reforzaría la letra del decreto con el fin de delimitar la posibilidad de que personal del organismo realice aprehensiones en tres escenarios puntuales. El primero es el caso de flagrancia, es decir, cuando se sorprende al autor de un delito cuando lo está cometiendo. El segundo, operativos conjuntos con la Justicia, cuando exista una orden judicial y se trate de una persona que represente un riesgo concreto. El tercero es el más delicado: operaciones de inteligencia en las que podría aprehenderse a un civil que no esté formalmente sospechado, “con el único objetivo de proteger al personal o preservar la operación”, según se describe.

Ese último supuesto es, justamente, el que encendió las mayores alarmas dentro y fuera del sistema de inteligencia en los últimos días. No sólo por la ampliación de facultades en sí, sino por el margen de discrecionalidad que abre en un organismo históricamente opaco. Consciente de ese riesgo, voces extraoficiales aseguran que el protocolo, en caso de aplicarse, pretendería cerrar el cerco interno y limitar el criterio individual de los agentes.

En ese sentido, según expresa el DNU, toda actividad de inteligencia deberá estar “expresamente aprobada” por la SIDE, autorización que deberá detallar de manera previa qué tipo de acción se realizará y qué agentes estarán afectados. Sólo ese personal podrá intervenir en una eventual aprehensión, siempre bajo el control de la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), el organismo creado para reemplazar a la ahora extinta División de Asuntos Internos (DAI).

La IGI es presentada como una válvula de control interno frente a las críticas por la concentración de poder en la SIDE. Sin embargo, en la opinión pública persisten las dudas sobre su autonomía real frente a la conducción política del organismo —personificada en el asesor presidencial Santiago Caputo a través del contador Cristian Auguadra— y sobre su capacidad efectiva para auditar operaciones sensibles en tiempo real.

Amparos y cauterales

Otro de los puntos que hizo ruido en las últimas horas fue el temor a que la nueva normativa habilite tareas de inteligencia sobre periodistas, bajo el paraguas de la “fuga de información clasificada”. En el oficialismo niegan de plano esa interpretación y sostienen que el decreto fue redactado justamente para evitar cualquier sospecha de ese tipo. Como respaldo, citan el artículo 4, inciso 3, que prohíbe producir inteligencia nacional o contrainteligencia sobre personas por su raza, fe religiosa, opiniones políticas, pertenencia a organizaciones o por el desarrollo de actividad lícita, incluida la periodística.

Sin embargo, nada logra descomprimir el conflicto que ya se desplazó a los carriles institucionales. La controversia empezó a judicializarse este lunes: el diputado socialista Esteban Paulón, junto a Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto, además de una medida cautelar para suspender de inmediato sus efectos y toda normativa dictada en su cumplimiento.

En la presentación sostuvieron que “no hubo ni hay necesidad ni urgencia” que justifique el decreto, que violaría el artículo 99 inciso 3 de la Constitución y avanza sobre materias penales vedadas al Poder Ejecutivo, al otorgar al personal de inteligencia atribuciones propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia quedó bajo presión para asumir un rol activo. El órgano parlamentario deberá requerir informes al Ejecutivo, analizar los protocolos de aplicación y pronunciarse sobre el alcance real de una reforma que, aun antes de reglamentarse por completo, ya generó polémica.

El protocolo que prepara la SIDE podría leerse así como una herramienta defensiva, más orientada a contener daños que a cerrar la discusión de fondo. Lejos de disipar las críticas, confirma que uno de los aspectos más sensibles del DNU abrió un debate que excede lo operativo y vuelve a poner en el centro una pregunta estructural: hasta dónde puede expandirse el poder de la inteligencia del Estado sin erosionar los límites democráticos.

PL/MC