Los Emiratos Árabes Unidos se cuentan cada vez más entre los gobiernos que apoyan activamente la minería de Bitcoin, aprovechando sus vastos recursos energéticos para impulsar operaciones respaldadas por el estado.
Discusiones recientes en las redes sociales reavivaron la atención sobre el tema después de que Changpeng Zhao señalara que los EAU han estado involucrados en la minería de Bitcoin "desde hace un tiempo", rechazando la idea de que el país es un nuevo participante en el espacio.
Puntos clave:
- Los EAU están patrocinando la minería de Bitcoin impulsada principalmente por gas natural.
- Las operaciones respaldadas por el estado habrían acumulado más de 6.300 BTC.
- El gobierno trata la minería de Bitcoin como infraestructura estratégica, no como una actividad marginal.
- El apoyo a la minería viene acompañado de estrictas regulaciones de uso de suelo y energía.
Los informes indican que los EAU han optado por un enfoque práctico en lugar de dejar la minería completamente en manos de actores privados o intentar frenarla mediante restricciones severas. La firma de análisis blockchain Arkham Intelligence reveló en agosto de 2025 que el país había acumulado entre 6.300 y 6.450 BTC a través de actividades mineras vinculadas al estado, tenencias valoradas en aproximadamente $700 millones en ese momento. Estas operaciones se realizaron supuestamente a través de Citadel Mining y se alimentaron en gran medida de las abundantes reservas de gas natural de la nación.
Si bien la postura federal enmarca la minería de Bitcoin como infraestructura nacional crítica, a la par de centros de datos, redes de telecomunicaciones y proyectos energéticos, la política no está exenta de límites. En septiembre de 2025, las autoridades de Abu Dhabi prohibieron la minería de criptomonedas en tierras agrícolas para proteger la eficiencia energética y las prioridades de uso del suelo. Los infractores enfrentan multas de hasta 100.000 AED, lo que indica que el apoyo estatal opera dentro de límites claramente definidos.
Los EAU se unen a una lista creciente de mineros de Bitcoin respaldados por el estado
El enfoque de los EAU refleja una tendencia global más amplia en la que los gobiernos integran la minería de Bitcoin en las estrategias nacionales de energía y economía. El Salvador, a pesar de rescindir el estatus de moneda de curso legal de Bitcoin en 2025, todavía posee 7.517 BTC y minó 474 BTC durante tres años utilizando energía geotérmica de volcanes. Bután reveló en 2023 que había minado silenciosamente Bitcoin desde 2018, aprovechando la energía hidroeléctrica para generar entre 55 y 75 BTC por semana, con ingresos que apoyan servicios públicos y salarios de funcionarios públicos.
Otros países están siguiendo caminos similares. Etiopía se ha asociado con empresas mineras internacionales para usar el excedente de energía hidroeléctrica, mientras que Irán legalizó la minería controlada por el estado en 2019 para generar ingresos en medio de sanciones, aunque periódicamente detiene las operaciones durante escasez de energía. Japón ha lanzado iniciativas mineras respaldadas por el gobierno destinadas a equilibrar la carga de la red, y los gobiernos regionales de Rusia y las empresas de servicios públicos vinculadas al estado en Siberia han llevado a cabo operaciones mineras basadas en energía hidroeléctrica, a pesar de prohibiciones regionales vinculadas a preocupaciones energéticas.
Francia también está explorando la idea, con propuestas para usar el exceso de energía nuclear para la minería de Bitcoin. Con más del 70% de su electricidad generada a partir de energía nuclear, las estimaciones sugieren que solo 1 gigavatio de capacidad excedente podría generar entre $100 y $150 millones anuales, aunque estos planes permanecen en una etapa preliminar.
En conjunto, la participación de los EAU subraya un cambio claro en cómo los gobiernos ven la minería de Bitcoin. En lugar de tratarla únicamente como una actividad del sector privado o un desafío regulatorio, un número creciente de estados están posicionando la minería como una extensión estratégica de la política energética, el desarrollo de infraestructura y la planificación económica a largo plazo.
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