Jueces federales en EE.UU. avanzaron en las últimas horas con medidas que podrían frenar, al menos de forma temporal, los intentos de la administración Trump de poner fin al parole de reunificación familiar y de revocar protecciones migratorias clave, como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Las decisiones apuntan a posibles fallas en el proceso de notificación y a la falta de una evaluación adecuada de las condiciones de seguridad en los países de origen.

Normativas que favorecen a la comunidad migrante en EE.UU.

Según detalló Politico, la jueza federal Indira Talwani, con sede en Boston, emitió una orden de restricción temporal que bloquea la revocación del family reunification parole para más de 10.000 migrantes que estaban a punto de perder su estatus legal esta semana.

La magistrada concluyó que el gobierno no notificó de manera directa y adecuada a las personas afectadas, como exige la normativa, y sostuvo que la publicación de la medida en el Registro Federal no fue suficiente

Según el fallo, algunos migrantes recibieron avisos electrónicos semanas después del anuncio oficial y otros aseguraron no haber sido notificados nunca.

“Nada en el expediente sugiere que la mayoría, y mucho menos todos los beneficiarios del parole, tengan cuentas en línea o hayan recibido la notificación a tiempo”, escribió Talwani en su resolución de cinco páginas. La decisión concede una prórroga de dos semanas mientras avanza el litigio.

El bloqueo alcanza al programa de reunificación familiar, que beneficia a personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes habían advertido que entre 10.000 y 12.000 personas perderían su estatus legal de manera inmediata si no intervenía la Justicia.

Qué dijeron desde la administración Trump

Desde la administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional había argumentado que la secretaria Kristi Noem tiene la autoridad para cancelar programas de parole y que la notificación se realizó conforme a la ley. Sin embargo, la jueza exigió pruebas concretas de cómo se informó a la población afectada.

En paralelo, otros tribunales federales analizan el fin del TPS para distintas comunidades. En el caso de Haití, la jueza federal Ana C. Reyes presionó al gobierno para que demuestre si evaluó de manera individualizada las condiciones de seguridad antes de decidir la revocación del beneficio.

Reyes anticipó que podría resolver el pedido de suspensión antes del 2 de febrero, un día antes del vencimiento del estatus para los haitianos.

Las decisiones judiciales se dan en medio de una ofensiva migratoria más amplia de la administración Trump, que incluye la eliminación de protecciones temporales para cientos de miles de personas que huyeron de países afectados por crisis económicas, violencia, guerras o desastres naturales.

Aunque los fallos no cierran el debate de fondo (que irán por un camino paralelo), sí representan un alivio inmediato para miles de familias migrantes que, por ahora, evitan perder su estatus legal y ser separadas de sus seres queridos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.