La fiscalía de la Audiencia Nacional de España inició un expediente penal contra Julio Iglesias. El tribunal analiza los testimonios de dos mujeres que trabajaron en sus residencias de Bahamas y República Dominicana. Los hechos relatados ocurrieron en 2021 y describen un patrón de abusos sexuales y agresiones físicas constantes. Esta causa judicial surge a partir de una investigación periodística que reconstruye el funcionamiento interno de las mansiones caribeñas del artista.

Qué pasó con Julio Iglesias y cómo sigue la denuncia contra el cantante

La justicia española admitió la denuncia formal presentada el 5 de enero por dos extrabajadoras del servicio doméstico y fisioterapia. El proceso judicial señala a Julio Iglesias como autor principal de delitos contra la libertad sexual y coacciones. La acusación incluye a dos supervisoras de las fincas bajo la figura de colaboradoras necesarias.

Las abogadas de las víctimas definen la estructura operativa de las casas como un grupo criminal dedicado al maltrato sistemático. La nacionalidad del intérprete permite que el trámite avance en los tribunales de Madrid. La organización internacional Women’s Link Worldwide acompaña a las denunciantes en el proceso legal. Este organismo solicitó medidas urgentes de protección debido a la vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres.

La fiscalía evalúa el riesgo de represalias e intimidación por parte del entorno del cantante. Las víctimas aportaron fotografías, grabaciones y documentos que sustentan sus declaraciones. Estos elementos integran una investigación de tres años realizada por los medios elDiario.es y Univision Noticias.

Los testimonios sobre los abusos en las mansiones del Caribe

Una de las mujeres, identificada con el nombre ficticio de Rebeca, trabajó como empleada doméstica en régimen interno. Ella describió penetraciones anales y vaginales con los dedos sin su consentimiento al finalizar las jornadas laborales.

El relato menciona que el cantante la convocaba a su habitación de forma recurrente en Punta Cana y Bahamas. Rebeca detalló que una jefa de personal presenciaba y participaba en estos encuentros. La mujer afirmó: “Me sentía como un objeto, como una esclava”.

La segunda denunciante, bajo el pseudónimo de Laura, cumplió funciones como fisioterapeuta personal. Ella denunció besos forzados en la boca y manoseos en los pechos durante su estadía en las propiedades. Laura señaló agresiones físicas directas y humillaciones frente a terceros.

Las mujeres definieron la residencia de Punta Cana como “la casita del terror” por el clima de violencia que imperaba. Los testimonios coinciden en la práctica de bofetadas y mordeduras como métodos de castigo físico por parte de las encargadas.

El sistema de control y los requisitos de contratación

El esquema de trabajo en las viviendas del músico imponía reglas de conducta extremas a las empleadas. El personal femenino entregaba sus dispositivos móviles y carecía de autorización para establecer vínculos sentimentales externos. Iglesias supervisaba personalmente la ingesta de comida y el peso de las trabajadoras.

El control abarcaba preguntas sobre el ciclo menstrual y la orientación sexual de las mujeres. Durante la pandemia, el artista prohibió la salida de las empleadas al exterior de las fincas por temor al contagio.

El proceso de selección para las mansiones caribeñas omitía contratos formales y entrevistas profesionales. Las interesadas respondían a anuncios en redes sociales como Facebook donde el requisito principal era la apariencia física. Las aspirantes enviaban imágenes de cara y cuerpo entero para calificar al puesto.

La instrucción exigía una edad de entre 25 y 35 años. Una vez en la casa, las mujeres realizaban exámenes médicos obligatorios que incluían pruebas ginecológicas y detección de enfermedades de transmisión sexual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.