La sesión legislativa anual de Florida comenzó el 13 de enero. En este período, la administración de Ron DeSantis planea impulsar un paquete de medidas que endurecen las restricciones para la comunidad migrante. Algunas de ellas incluyen sanciones económicas a empleadores que ignoren el estatus de sus trabajadores y la denegación de admisión de migrantes sin estatus legal en universidades públicas.

Una por una, las normativas que impactan a los migrantes y que podrían entrar en vigor

De acuerdo con News from the States, hay al menos seis proyectos de ley que prevén nuevas restricciones a la comunidad migrante en el Estado del Sol:

SB 1380/HB 1307

Estos proyectos de ley están patrocinados por el senador Jonathan Martin y el representante Berny Jacques. Constituyen el mayor paquete de inmigración presentado hasta el momento. Las disposiciones incluyen:

• Sanciones civiles para los empleadores que no utilicen correctamente E-Verify, una base de datos federal que verifica si los nuevos empleados están autorizados para trabajar en el país.
• En caso de que el empleador no verifique su estado a propósito, se suspendería su licencia comercial por un año y recibiría multas de hasta US$10.000.
• Prohibición de traductores o intérpretes en los procedimientos de concesión de licencias.
• Negación de préstamos bancarios a inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos.

Asimismo, programas como el Florida Homeownership Assistance Program y el Florida Hometown Hero Program serán exclusivos para las personas que tengan estatus legal en Estados Unidos.

Ley SB 1542

Esta normativa fue presentada por el senador Jason Pizzo el pasado 9 de enero. El proyecto plantea multas a los empleadores que no utilicen E-Verify en absoluto.

Asimismo, establece que las fuerzas del orden también utilicen la base de datos para investigar el estatus migratorio de una persona detenida.

Ley SB 1052

El proyecto patrocinado por la senadora Erin Grall ordena a los colegios y universidades públicas admitir únicamente a estudiantes que sean “ciudadanos de los Estados Unidos” o “estén de manera legal en el país”.

Con esta normativa, los migrantes que se encuentran de manera irregular en el país no podrán participar en programas de educación general para adultos financiados por el Estado que incluyen clases de GED e inglés como segundo idioma.

HB 197/SB 1278

Estas normativas fueron presentadas por el representante Berny Jacques y el senador Jonathan Martin y estipulan que todas las empresas deben utilizar E-Verify.

Esto amplía una ley de 2023 que exigía el uso de la base de datos para empleadores públicos y empresas con al menos 25 empleados. Ahora, su uso sería obligatorio para todo tipo de compañía.

HB 991

Patrocinado por los representantes Jenna Persons-Mulicka y Dana Trabulsy, el proyecto de ley requiere que los nuevos votantes en Florida muestren prueba de su ciudadanía estadounidense.

• El Departamento de Estado de Florida deberá revisar los registros de votantes existentes para determinar el estado de ciudadanía y enviar los nombres a los supervisores electorales.
• Asimismo, se amplía el intercambio de información sobre el estado de ciudadanía entre el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) y las autoridades a cargo de jurados.

HB 985

Este proyecto de ley es similar a la normativa propuesta por Persons-Mulicka. La medida requiere que los supervisores electorales verifiquen el estado de ciudadanía mediante el uso del sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements).

En caso de detectar afirmaciones falsas en una solicitud de registro de votantes, deben remitir una solicitud a la Oficina de Delitos y Seguridad Electoral de Florida.

Qué dijo Ron DeSantis en su discurso anual sobre los migrantes

Durante el primer día de la sesión legislativa regular, DeSantis presentó un discurso de 30 minutos sobre los logros que ha concretado el estado durante su administración.

En una parte de sus dichos, el gobernador describió a Florida como el estado de la “ley y orden” luego de la prohibición de las ciudades santuario y la detención de casi 20.000 extranjeros en los últimos nueve meses.

“Defender el Estado de derecho incluye proteger la soberanía de nuestra nación y hacer cumplir las leyes contra la inmigración ilegal", señaló.