La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una nueva demanda contra aplicaciones de delivery por presuntamente retener pagos y violar las normas del salario mínimo. La acusación llega poco después de un informe que indica que otras empresas del servicio generaron pérdidas salariales de 550 millones de dólares para sus repartidores. Por su parte, algunas compañías demandaron en diciembre de 2025 al gobierno de la ciudad para evitar que se aplique un nuevo paquete de leyes sobre las propinas.
El pasado jueves 15 de enero, la oficina de Mamdani compartió un comunicado de prensa mediante el que informó sobre una nueva acción legal ante la Corte Suprema del estado contra la aplicación de entrega Motoclick. Según la administración, la empresa “violó flagrantemente las Leyes de Repartidores de la ciudad”.
La compañía que opera un servicio de entrega a domicilio con atención a restaurantes presuntamente ignoró el salario mínimo y “robó directamente de los cheques de pago de los trabajadores”. El documento señala que utilizó tácticas que incluyen cobrarles una tarifa de US$10 por pedidos cancelados y deducir el costo total de los pedidos reembolsados de su salario.
De acuerdo con el Departamento de Protección y Consumidor al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), Motoclick y su director ejecutivo, Juan Pablo Salinas Salek, deben millones a los trabajadores en salarios robados y daños y perjuicios. La agencia busca cerrar la empresa por completo.
Pocos días antes, el 13 de enero, la oficina del alcalde presentó un informe en el que indicó que UberEats y DoorDash implementaron trucos de diseño en sus interfaces para dificultar que los consumidores dieran dinero a los repartidores.
El texto publicado aseguró que las propinas para los repartidores de UberEats y DoorDash disminuyeron en más de US$550 millones, mientras que se mantuvieron estables en las plataformas rivales que no realizaron cambios en sus interfaces.
La demanda del DCWP fue más allá y sostuvo que cuando los trabajadores consiguieron un salario digno, las empresas de aplicaciones tomaron represalias para bloquear intencionalmente el acceso a las propinas. Con esto, buscaban mantenerlos “vulnerables y dependientes”, denunció Ligia Gualla, directora ejecutiva del Proyecto de Justicia Laboral y cofundadora de la campaña Los Deliveristas Unidos.
En concreto, el informe destaca tres datos importantes:
La polémica no es nueva, sino que se remonta al mes pasado, cuando a mediados de diciembre las plataformas DoorDash y Uber presentaron una demanda federal contra Nueva York. El objetivo era impedir que se apliquen nuevas leyes que las obligarían a mostrar la opción de dar dinero antes de pagar el pedido y ofrecer sugerencias de al menos el 10% del total del valor.
En su sitio web oficial, DoorDash compartió un comunicado en el que se mostró en desacuerdo con “las políticas que presionan injustamente a los consumidores y eliminan nuestras opciones para equilibrar la experiencia de pedido”. A continuación, agregó: "Debería ser decisión de los consumidores, no del Ayuntamiento, si desean dejar dinero en Nueva York“.
Los denunciantes sostuvieron entonces que si se aplica el paquete de leyes se verán afectados debido a que los clientes usarán menos las plataformas de entrega si se les pide que den más propinas de lo que lo harían de otra manera.
Las legislaciones en discusión corresponden a Local Law 107 y Local Law 108. Según el texto presentado en agosto, estas normas requieren que:
Por el momento, el paquete de leyes entrará en vigor el 26 de enero junto con otras regulaciones laborales para repartidores (como transparencia salarial y pago puntual).


