El acuerdo Mercosur-Unión Europea: no es (solo) comercio, es geopolítica

Asunción, la capital de Paraguay, es escenario de un acontecimiento histórico: la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Se firmaron dos instrumentos: por un lado, un acuerdo de asociación que abarca compromisos políticos, de diálogo y de cooperación sectorial que se imbrican en el sistema multilateral y el derecho internacional, y que incluyen la liberalización del comercio y las inversiones. Por otro lado, un acuerdo comercial interino, cuyo diseño permite que el componente comercial pueda entrar en vigor con prontitud, sin el retraso que supondrá un difícil proceso de ratificación, en el lado europeo, que también exige la conformidad de los 27 parlamentos nacionales y, en algún caso, de cámaras legislativas regionales.

El énfasis en la dimensión comercial del acuerdo puede ser engañoso. En realidad, este entendimiento siempre ha respondido a una racionalidad geopolítica, aunque ahora sea más visible. En 2019, cuando se alcanzó el “acuerdo de principio”, que después fue necesario renegociar, o en diciembre de 2024, cuando se destrabaron los últimos obstáculos y se llegó al entendimiento final, el verdadero impulsor del acuerdo no estaba en la mesa: era la administración Trump y sus guerras comerciales, y la amenaza de que su abrasiva política arancelaria pudiera erosionar el sistema multilateral de comercio.

Esos temores, en retrospectiva, no eran infundados. El lanzamiento en abril de 2025 de los mal llamados “aranceles recíprocos” suponía acabar con el principio de no discriminación, clave de bóveda de ese sistema.

Desde el origen estuvo la geopolítica. En un contexto que ya anunciaba la globalización, la idea misma del acuerdo -hacia 1995- surgió de la preocupación mutua por el proyecto hemisférico del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, cuando este fracasó, de los tratados de libre comercio bilaterales impulsados por Estados Unidos.

En la estrategia latinoamericana de la UE esa motivación es muy visible: la Unión firmó acuerdos de asociación -con México, Chile, Colombia y Perú, o los países centroamericanos- conforme esos países los negociaban con Estados Unidos. En el caso de México, los negociadores europeos actuaron bajo el eslogan de la “paridad Nafta”, para evitar el riesgo de que las empresas europeas perdieran cuota de mercado o tuvieran una posición más desfavorable que sus competidoras estadounidenses. De hecho, el impulso negociador inicial entre la UE y el Mercosur, tras el primer intercambio de ofertas arancelarias en 1998, se agotó cuando el fantasma del ALCA se alejó, luego del fracaso en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en 2005.

Cuando se relanzaron las negociaciones en 2010, el incentivo fue la creciente presencia de China y la necesidad de diversificar relaciones —y dependencias— del exterior. Luego, en 2019, la motivación era enfrentar los riesgos comerciales que anunciaba un Gobierno de Trump, que, en retrospectiva, eran bastante menos intensos que los actuales.

Que esas motivaciones geopolíticas hayan estado siempre presentes no debería sorprender: tanto el Mercosur como la UE son, en esencia, áreas comerciales y productivas; pero su finalidad última, esté o no explicitada, es otra: para el Mercosur, es la paz y la estabilidad en América del Sur. Para la UE, preservar la paz en Europa es también su finalidad última.

Ante un escenario de nacionalismo económico, de fragmentación y reorganización de los flujos tecnológicos, comerciales y de inversión, el Acuerdo UE-Mercosur es mucho más, y algo de distinta naturaleza que un mero “TLC”. Se trata de un acuerdo de última generación, que establece un marco regulatorio avanzado, basado en elevados estándares ambientales, laborales y sociales; que “ancla” a los países miembros en el derecho internacional -por ejemplo, es un “candado” para prevenir “fugas” del Acuerdo de París sobre el cambio climático-, y que crea espacios para nuevas políticas industriales y de desarrollo productivo que requiere esta nueva fase de la economía política global.

Pero, sobre todo, es el exponente de una estrategia de cobertura o hedgingante un mundo -el del multilateralismo- que está siendo demolido. Un mundo más adverso, de nacionalismo económico en alza y de uso coercitivo o weaponisation de las interdependencias económicas. Frente a ello, este acuerdo se alza como un dique o defensa avanzada para quienes aún eligen vivir al amparo de un orden basado en reglas, con voluntad y capacidad de promover el desarrollo inclusivo, la sostenibilidad ambiental o la soberanía digital. Y todo esto, ayer y hoy, es geopolítica.

Juan Pablo Laporte es profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Austral. José Antonio Sanahuja es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela Diplomática de España.