INE: ¿Órgano administrativo o autónomo?

Que un órgano sea administrativo describe, ante todo, la naturaleza de la función que ejerce (gestión, organización, ejecución de políticas públicas, servicios al público), mientras que la autonomía describe el grado de sujeción o dependencia respecto de otros poderes u órganos del Estado.

En otras palabras, un órgano puede desempeñar funciones administrativas y, al mismo tiempo, estar dotado de diferentes ámbitos de autonomía que lo sustraen de la subordinación jerárquica ordinaria, especialmente frente al Poder Ejecutivo.

La autonomía se refiere al grado de autoorganización y autogobierno y puede ser orgánica (capacidad para definir su estructura interna y gestionar su personal), funcional (decisión independiente de instrucciones de otros órganos), presupuestaria y normativa (dictar normas internas dentro de su ámbito legal).

La función administrativa y la autonomía no solo son compatibles, sino que son deseables en ámbitos donde la neutralidad es esencial (en el ámbito electoral, de competencia, en materia de transparencia, datos personales, o en el caso de banca central).

Los órganos electorales pueden y suelen ser simultáneamente un órgano administrativo y autónomo. Su función es administrativa (organizar procesos electorales, administrar padrones, fiscalizar financiamiento, etc.), pero su diseño institucional suele blindarlo de injerencias del Ejecutivo o de mayorías coyunturales.

Cuando la autonomía es constitucional como en el caso de nuestro país, suele ser más robusta (nombramientos con mayorías calificadas, periodos fijos, presupuesto protegido y remoción restringida). Nuestra Constitución establece que el INE es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de organizar elecciones bajo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En la región latinoamericana, México, Perú, Colombia y Chile, entre otros, comparten autoridades electorales con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Cumplen funciones administrativas, pero no se subordinan al Ejecutivo. Entre los miembros del G-20, la mayoría cuenta con autoridades electorales con autonomía constitucional o legal frente al Poder Ejecutivo o bien sistemas que funcionan a partir de una administración ministerial, judicial o descentralizada.

En materias como la electoral, la autonomía orgánica, funcional y presupuestaria es un diseño usual y recomendado para asegurar imparcialidad, continuidad y confianza pública, sin excluir los controles de legalidad y rendición de cuentas propios del Estado de derecho.

La autonomía orgánica protege las decisiones de organización y gestión (estructura, personal, presupuesto, procedimientos internos) y bloquea la subordinación jerárquica en materia de organización y gestión (vgr., que el Ejecutivo imponga nombramientos o estructura). Suele expresarse en cláusulas de personalidad jurídica y patrimonio propios, facultades de autoorganización, servicio civil o régimen propio de personal y autonomía presupuestaria. Si se vulnera pueden anularse actos por incompetencia del órgano externo que intervino, o por violar el régimen de autoorganización/presupuesto.

La autonomía funcional protege las decisiones técnicas o de mérito dentro del ámbito competencial (vgr., acuerdos, resoluciones, lineamientos, fiscalización y sanción) y bloquea instrucciones o interferencias sobre decisiones concretas (vgr., ordenar admitir o rechazar un candidato). Suele expresarse en cláusulas de no recibir instrucciones y garantías para decidir con criterio técnico, además de periodos fijos e inamovilidad relativa de titulares para blindar la decisión. Si se vulnera pueden anularse decisiones por desviación de poder o por haberse dictado bajo instrucciones indebidas, además de responsabilizar a quienes interfirieron.

En la práctica, los diseños más sólidos combinan ambos tipos: la orgánica evita la captura administrativa y presupuestaria y la funcional evita la captura del sentido de las decisiones. Cuando una falla, la otra rara vez basta para preservar la neutralidad institucional.

El diseño constitucional mexicano otorga al INE autonomía orgánica (autoorganización, patrimonio y gestión propios, estructura y nombramientos con estabilidad) y funcional (libertad para decidir técnicamente, principios rectores y competencias propias sin instrucciones externas).

Defendamos el texto constitucional que busca asegurar neutralidad, profesionalismo y confianza pública en la función electoral federal, más allá de falacias semánticas con fines de agenda política de perspectiva limitada.